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Bélgica rechaza ejecutar la orden de detención contra presunta etarra Jáuregui

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Bélgica rechaza ejecutar la orden de detención contra la presunta etarra Jáuregui

Bélgica rechaza ejecutar la orden de detención contra la presunta etarra Jáuregui

El Tribunal de Casación, última instancia de recurso en Bélgica, respaldó hoy la decisión de un juzgado de Apelaciones de Gante de no ejecutar una nueva orden europea de detención contra la presunta etarra Natividad Jáuregui, alias "Pepona", indicaron a Efe fuentes de esta corte.

La máxima instancia judicial de recurso ha concluido que ese juzgado de Gante (oeste de Bélgica) no cometió "ningún error de Derecho", como había alegado la Fiscalía general, que recurrió la decisión.

La decisión de hoy del Tribunal de Casación, equivalente al Supremo, valida por tanto la decisión del tribunal de Gante y en la práctica supone que Jáuregui no será juzgada en España.

La justicia española emitió en agosto de 2015 la nueva orden europea de arresto contra la presunta etarra, por su supuesta implicación como miembro del Comando Vizcaya en la muerte de seis agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 1981.

Jáuregui ya había sido detenida en Bélgica en octubre de 2013, cuando pesaban sobre ella otras dos órdenes europeas de detención por asesinato y terrorismo en relación con los citados atentados.

Sin embargo, el Tribunal de Casación permitió entonces su liberación al dar la razón a un juzgado de Apelaciones de Gante, que había rechazado su extradición con el argumento de que la presunta etarra podría ser víctima de una violación de los derechos humanos en España.

El abogado de Jáuregui había alegado ante el juez, además, que se había superado el "plazo razonable" que exige la normativa para la extradición, al haber transcurrido 32 años desde que se cometieron esos delitos.

En esta ocasión, dos instancias judiciales de Bélgica, la Cámara del Consejo de Gante y la Sala de Acusaciones de Gante, se habían negado ya a ejecutar la nueva orden de arresto contra Jáuregui, de 58 años, pero la Fiscalía general decidió elevar el caso al Tribunal de Casación, que ha confirmado las decisiones anteriores.

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