Canarias pide un régimen transitorio de financiación a las Comunidades peor tratadas

El Gobierno de Canarias ha instado hoy al Ejecutivo central a aprobar un régimen transitorio que permita compensar a aquellas comunidades que resultan más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica, en tanto se decide si se afronta o no su reforma.

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha reiterado hoy que el archipiélago recibe cada año del Estado unos 800 millones de euros menos de lo que le correspondería si el sistema de financiación le asignara lo mismo que reciben, como promedio, el resto de CCAA, en una dinámica que se “repite y se agrava” cada año.

Marrero ha recordado que no solo Canarias denuncia las deficiencias de este sistema de financiación autonómica, sino que este también ha suscitado quejas por su desequilibrios por parte de otras regiones, algunas de ellas gobernadas por el PP.

El Gobierno canario sostiene, por ello, que el Ejecutivo central tiene en este momento “una oportunidad histórica de mostrar cuál es su compromiso con Canarias, pero con hechos, no con palabras”.

El portavoz del Ejecutivo canario ha hecho estas declaraciones al término de un Consejo de Gobierno en el que el gabinete de Paulino Rivero ha analizado la situación política de la comunidad autónoma a la vuelta de las vacaciones y el marco económico en el que tendrá que preparar los presupuestos regionales de 2015.

Por su parte, el vicepresidente de la comunidad autónoma, el socialista José Miguel Pérez, ha alertado de que los próximos presupuestos regionales deberán afrontar una doble merma de recursos: el recorte que esperan en la asignación del Estado y el derivado de la reducción de los límites de déficit y endeudamiento desde el 1 % autorizado en 2014 hasta el 0,7 % previsto para 2015.

Pérez ha subrayado que, a pesar de ello, el Gobierno de Canarias asume el compromiso de no recortar los presupuestos de los servicios públicos básicos.

En la misma línea, el portavoz del Ejecutivo ha criticado que, mientras rebaja el techo de déficit a las CCAA, la Administración Central del Estado se reserva un margen mayor de endeudamiento, a pesar de que “no soporta los servicios públicos que sí prestan las comunidad autónomas”.