Catalá aboga por dar la instrucción a los fiscales en la próxima legislatura

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que en la próxima legislatura debe abordarse una reforma completa del proceso penal con un consenso máximo que atribuya a los fiscales la instrucción de las causas, hoy competencia de los jueces.

Rafael Catalá ha realizado estas manifestaciones durante su discurso de clausura de una jornada sobre la reforma procesal penal celebrada en el Centro de Estudios Jurídicos.

Ha reconocido que lo que plantea son “palabras mayores” pues “supone un cambio de modelo que requiere un consenso y un tiempo para su implantación”.

El titular de Justicia ha comentado que las reformas legales aprobadas durante esta legislatura como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal van a ayudar mientras a mejorar la justicia lo que estima que se apreciará en los próximos meses.

Catalá ha destacado la “intensa labor legislativa durante estos cuatro años por parte del Gobierno con 240 leyes aprobadas de una enorme diversidad”.

Ha aclarado que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha sido una reforma completa como se habría deseado pero ha mostrado su convencimiento de que aborda aspectos novedosos y relevantes como el fortalecimiento de las garantías procesales, un marco para las investigaciones tecnológicas y una agilización de la justicia penal.

Ha añadido que asimismo incluye elementos de modernización muy importantes como la generalización de la segunda instancia en el proceso penal y el estatuto de derechos del investigado.

Rafael Catalá ha comentado que “las críticas a cualquier reforma legislativa son bienvenidas pero no las visiones parciales” y ha calificado de “injusto” que los reproches a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se hayan centrado solo en la limitación de los plazos de instrucción cuando contiene “otras medidas” como las referidas.

No obstante ha reconocido que la implantación de dichos plazos puede generar tensiones y requiere dotación de medios personales y materiales.

En este sentido ha mostrado la voluntad de su departamento para reforzar estos medios para que la nueva ley surta sus efectos y desarrolle sus capacidades.

También ha garantizado su “compromiso de tener la máxima sensibilidad con todos los operadores de la justicia penal, jueces, fiscales, letrados y representantes de los trabajadores, para dotarles de las herramientas adecuadas”.

No obstante ha advertido de que como ha ocurrido con otras leyes, como la que implantó los juicios rápidos, la actual requerirá un tiempo para ajustes y mejoras y ha dicho que “aunque no será la solución de todos los problemas del proceso penal” sí que será válida en este “tiempo intermedio” hasta que se aborde una reforma completa.