El Congreso aprueba definitivamente la reforma de la Ley de Costas

El Congreso ha aprobado hoy la polémica Ley de Costas, que el PP defiende como una “protección” para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de “amnistía” y de un paso más para “privatizar” la costa española.

La reforma de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular ha contado con la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio climático.

Protege y privatiza el litoral, según la oposición y los grupos ecologistas

La reforma ha sido muy contestada por los partidos de izquierda y ecologistas porque consideran que desprotege y privatiza el litoral. La principal crítica se centra en que se amplíen hasta 75 años las concesiones otorgadas a miles de viviendas asentadas sobre dominio publico marítimo terrestre y que los chiringuitos obtengan concesiones de cuatro años, en vez de anuales.

También se ha criticado la reducción de 100 a 20 metros de la franja de protección del litoral y la amnistía a 12 núcleos urbanos de Alicante, Girona, Huelva, Málaga, Valencia, Castellón y Pontevedra. Tanto el Gobierno como el Partido Popular han insistido en que la ley no permitirá nuevas construcciones en la franja del litoral protegido y en que el objetivo principal de la reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que generó la anterior ley.

Protesta de Greenpeace

Varios activistas de la organización Greenpeace se han encaramado este jueves al tejado del Congreso de los Diputados para protestar por la Ley de Costas. La Policía ha detenido a ocho de las personas que han realizado la acción.

Los agentes les hicieron bajar de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras. Tras mostrar la pancarta “El PP vende nuestras costas”, uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez interrogará esta tarde a los ocho activistas detenidos. La Policía les atribuye un delito contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional.