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El Congreso recibe hoy el informe de los letrados sobre las posibles sanciones a ERC y PDeCAT que sólo reclama Cs

Han faltado en dos sesiones plenarias, mientras que la retirada de sueldo a Herri Batasuna en 1991 se aplicó tras meses sin aparecer

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El Congreso recibe hoy el informe de los letrados sobre las posibles sanciones a ERC y PDeCAT que sólo reclama Cs

El PP y el PSOE se inclinan por que la Mesa del Congreso no retire el sueldo ni las subvenciones a los diputados de ERC y el PDeCAT por sus reiteradas ausencias del Pleno de la Cámara a raíz del agravamiento de la crisis política en Cataluña, como así lo reclama Ciudadanos. Este asunto volverá este martes a la Mesa, ya con el informe de los letrados encargado hace tres semanas.

La formación naranja pidió formalmente suspender de sueldo a los independentistas por sus deliberadas ausencias en determinadas sesiones del Plenos del Congreso desde el 20 de septiembre, primer 'plante' a la Cámara tras las detenciones de cargos de la Consejería de Economía que se efectuaron ese día en Barcelona.

Según denunciaba Ciudadanos, los diputados de ERC y PDeCAT han "desatendido" el resto de actividades parlamentarias, esto es, las reuniones de la Junta de Portavoces y las comisiones. Incluso llegaron a retirar algunos puntos del orden del día de los Plenos que se habían celebrado hasta la fecha.

"UN DESPRECIO INSTITUCIONAL"

Ante lo que juzgan un "desprecio institucional", Ciudadanos planteaba medidas como la pérdida del derecho a asignación económica correspondiente a aquellos diputados de ERC y PDeCAT que persistan en este incumplimiento, "en la extensión y duración" que estime el órgano recto del Congreso. Asimismo, proponía retirar la subvención que ERC recibe como grupo parlamentario y que, de las ayudas que recibe el Grupo Mixto, se quite la parte correspondiente a los ocho diputados del PDeCAT.

Frente a esta solicitud, la Mesa de la Cámara, en su reunión del pasado 24 de octubre, decidió encargar a los letrados de la Cámara un informe jurídico en el que examinen precedentes y posibilidades reglamentarias con el fin de decidir si se aplica o no alguna medida contra las dos formaciones independentistas.

Ciudadanos esperaba que este informe estuviera terminado la semana pasada, pero no ocurrió así finalmente la presidenta del Congreso, Ana Pastor, prometió que estaría listo para la reunión de este martes.

EL PP LES PIDE QUE "RECTIFIQUEN"

No obstante, y según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, de entrada ni el PP ni el PSOE ven motivo suficiente para aplicar un castigo tan severo como el que reclaman los de Albert Rivera, pese a coincidir en lamentar que los parlamentarios de ERC y PDeCAT no cumplan con sus obligaciones. Desde el principio los 'populares' se han limitado a instarles a que "rectifiquen" su posición.

Además, el caso de los independentistas catalanes no llega a acercarse a los niveles de Herri Batasuna, a cuyos diputados sí se aplicó la suspensión de sueldo en 1991 y 1992 pero después de varios meses sin aparecer por la Cámara ni participar en ninguna actividad parlamentaria.

A la espera de la decisión que adopte finalmente la Mesa del Congreso, la última semana los diputados de ambos partidos ya volvieron al Pleno y desde entonces participan con normalidad prácticamente en todas las comisiones parlamentarias.

AHORA ESTÁN Y APROVECHAN PARA DENUNCIAR

La idea tanto de los nueve parlamentarios de ERC como de los ocho del PDeCAT es continuar en el Congreso para contestar a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pese a que antes de la declaración unilateral de independencia todos ellos aseguraron que estarían a las órdenes de su Govern, cuyos miembros están cesados desde hace dos semanas.

En Ciudadanos insisten en que la Cámara debe tomar medidas ante las manifestaciones públicas de los diputados de ambos partidos de declararse en una especie de "rebeldía institucional", algo que, apuntan, en una empresa privada no se consentiría.

No obstante, los diputados no tienen el mismo régimen laboral que el de una empresa, sino que se trata de una asignación constitucional que el Congreso se encarga de hacerles llegar, es decir, que es el 'instrumento'.

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