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Detenidas 68 personas e imputadas 98 por fraude a la Seguridad Social y Empleo

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Detenidas 68 personas e imputadas 98 por fraude a la Seguridad Social y Empleo

Detenidas 68 personas e imputadas 98 por fraude a la Seguridad Social y Empleo

La Policía Nacional ha detenido a 68 personas e imputado a otras 98 por defraudar al erario público más de dos millones de euros en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.

Los agentes han investigado veintiocho empresas ficticias, han esclarecido 713 delitos de falsificación y estafa y han destapado un fraude de 2.345.867 euros simulando relaciones laborales en los sectores de hostelería, construcción, limpieza, jardinería y mensajería, informa la Dirección General de la Policía.

Entre los implicados se encuentran los administradores mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude.

La operación se ha desarrollado en el marco del plan contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular desde que hace varios meses ser detectara un importante número de empresas sospechosas en Madrid y Guadalajara.

Tras el estudio de documentación del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo se constató la simulación de la relación laboral entre veintiocho mercantiles y sus trabajadores que pretendían beneficiarse de tal situación jurídica.

Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades se coordinaron diferentes operativos que han culminado con el arresto de sesenta y ocho personas y la imputación de otras noventa y ocho por diferentes tipos de delitos, entre los que destacan falsedades documentales, estafas y otros cometidos contra los derechos de los trabajadores.

Los implicados utilizaban empresas ficticias de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que daban de alta en la Seguridad Social a cambio de dinero.

Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividad laboral en ámbitos de hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería.

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social y mediante la utilización de los falsos contratos lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

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