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El hermano de Fátima Báñez niega connivencia con otras empresas del “caso Mercasevilla”

El hermano de Fátima Báñez niega connivencia con otras empresas del "caso Mercasevilla"

EFE

Sevilla —

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El consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez García, hermano de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha negado hoy que existiera connivencia de su empresa con otras que acudieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja de Mercasevilla.

En un comunicado, Eduardo Báñez, ha reaccionado esta tarde al auto de la jueza del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, que ha citado como imputadas a las cúpulas directivas de las seis empresas que concurrieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja, entre ellas Construcciones Juan de Robles, por entender que se concertaron para crear un “precio artificial” que favoreciera a la entidad ganadora, Sanma.

Eduardo Báñez García lamenta el error por el que en el auto aparece el nombre de su padre, Eduardo Báñez González, fallecido hace doce años y fundador de la empresa, como el consejero delegado citado a declarar como imputado.

El hermano de la ministra expresa su confianza en que en este procedimiento judicial se concluirá que “no existe relación alguna y, por tanto, mucho menos connivencia entre Construcciones Juan de Robles y la actuación del resto de las empresas que acudieron al concurso, salvo la de meras competidoras”.

Recuerda un atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de 13 de junio de 2012 en el que, según informaciones periodísticas, concluía “la nula relación societaria de Construcciones Juan de Robles con ninguna de las empresas que participaron en el concurso sobre los terrenos de Mercasevilla”.

Eduardo Báñez muestra su respeto a las actuaciones judiciales y su disposición “a comparecer ante la Justicia para aportar cualquier información que se nos requiera” e insiste en que su empresa siempre ha actuado “al amparo escrupuloso de la Ley”.

Según el auto, la venta de los terrenos se cerró en 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la juez Alaya deduce que hubo un concierto entre Mercasevilla y Sanma para la adjudicación a éste última del concurso, así como “idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso”.

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