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Gallardón se niega a reformar la ley de indulto

La sentencia del Supremo que revoca la medida de gracia concedida al kamikaze emplaza al ministro a explicar sus motivaciones, algo a lo que se opone Gallardón, que ahora también tendrá que decidir si indulta a Jaume Matas

El Congreso volverá a debatir al inicio del periodo de sesiones dos proposiciones de ley de la Izquierda Plural y del PSOE

Los grupos de la oposición creen que ha llegado la hora de que estas medidas “arbitrarias” tengan que estar “motivadas” y se sometan al control parlamentario

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, vuelve a estar en el punto de mira en este nuevo periodo de sesiones que el Congreso inicia formalmente a mediados del próximo mes de febrero. Y no únicamente por el enorme revuelo que ha organizado con su controvertida reforma del aborto, que también. El polémico indulto que el ministro otorgó en diciembre de 2012 a Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze que en 2003 mató a un joven de 25 años en una autovía valenciana, sigue coleando tras la decisión del Supremo de anular la medida.

Esta sentencia, y el hecho de que el exministro Jaume Matas esté pendiente de que el Gobierno decida sobre su indulto para ingresar en prisión, ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar una vetusta ley que data de 1870 y que fue modificada por Felipe González en 1988 precisamente para evitar tener que justificar las medidas de gracia. Pese a las peticiones de la oposición, Gallardón se niega a reformar la ley de indulto.

Las posibilidades de Matas de que su antiguo compañero de filas y ahora todopoderoso ministro le saque del apuro son casi nulas pero, de momento, así alarga los tiempos, por si acaso. Y con la temperatura política tan caliente, Gallardón tampoco quiere tocar más el caso del kamikaze y ha anunciado que no revisará su indulto porque, según ha reconocido, “introducir una nueva exigencia de motivación es algo que modificaría de facto la vigente ley de indulto", y eso es algo que no parece dispuesto a propiciar.

En el Congreso, al ser preguntado por la oposición sobre las causas que le llevaron a decretar tan polémica excarcelación, Gallardón aseguró que el kamikaze –al que se relacionó con uno de sus hijos y el despacho de abogados donde trabaja– sufría procesos de “epilepsia”, por lo que el atropello fue involuntario. Las asociaciones de afectados por esa enfermedad se le echaron encima.

El abogado de Ríos Salgado ha recurrido la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, que será el que diga la última palabra. Pero, hasta que esto ocurra, Ríos Salgado ingresará de nuevo en prisión. Lo hará el próximo 7 de febrero para seguir cumpliendo los 13 años a los que fue condenado y de los que sólo ha agotado 10 meses.

Ante esta situación tan atípica, ya que jamás un indulto había sido anteriormente anulado íntegramente por ningún tribunal –el del exbanquero Alfredo Sáenz, que le otorgó Zapatero, lo fue sólo parcialmente–, los grupos de la oposición parlamentaria creen que ha llegado el momento de que se cambie la ley.

Hasta ahora, todos los intentos que han hecho en ese sentido han sido inútiles. El PP y CiU se han negado sistemáticamente a ello. Pero en febrero, o a más tardar en marzo, el pleno del Congreso tendrá que debatir dos nuevas proposiciones de ley, una del PSOE y otra de la Izquierda Plural, en la que ambos grupos coinciden en pedir que estas medidas de gracia tengan que ser “motivadas”, se sometan al control del Parlamento y queden excluidas de ellas los delitos relacionados con la corrupción.

El diputado valenciano del PSOE, Ximo Puig, en declaraciones a eldiario.es, defiende estos cambios que no hizo antes su partido “para adaptar la ley al siglo XXI” y alega que el indulto al kamikaze valenciano ha causado una “grave alarma social”. Puig afirma, además, que las peticiones de indultos del PP para varios de sus cargos públicos condenados por corrupción –como el del expresidente balear, que ha pedido el propio Matas, o el del exalcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, para el que se están recogiendo firmas– obligan a modificar una legislación “obsoleta” para que “incumplir la ley no le salga gratis a algunos”.

En su proposición de ley los socialistas exigen también que los indultos requieran la conformidad del magistrado o tribunal sentenciador, mientras la Izquierda Plural quiere que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia copia de los expedientes de indultos concedidos y que éstos se hagan públicos para que los ciudadanos puedan conocer la utilización de esta medida, que siempre ha sido absolutamente discrecional.

Por su parte, UPyD también se ha encontrado en varias ocasiones con el ‘no’ del PP a sus pretensiones de reforma de la ley. La ultima, a finales del mes de diciembre, cuando el Ejecutivo dejó claro en respuesta a varias preguntas escritas presentadas por su portavoz, Rosa Díez, que “el Gobierno no se plantea la reforma de la ley de indulto…”.

La postura del PNV no se aleja mucho de las pretensiones de los demás grupos de la Cámara baja, aunque los nacionalistas vascos no hayan presentado ninguna iniciativa con tal fin. El portavoz de Justicia, Emilio Olabarría, ha adelantado a eldiario.es que están de acuerdo con la mayoría de los cambios propuestos y que los apoyarán cuando sean debatidos por el pleno. "Debemos consensuar elementos y criterios de objetivación".

Sin embargo, el propio ministro de Justicia ha echado un jarro de agua fría al debate. Ha vuelto a insistir en que él, desde luego, no está por la labor.

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