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El Gobierno coloca a Junqueras en una difícil situación con el acuerdo de control de gastos para impedir el referéndum

Moncloa está convencida de que los funcionarios cumplirán con esta obligación ante las consecuencias a las que se enfrentan

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El Gobierno admite que el acuerdo que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat remita semanalmente una garantía de que no destina fondos al referéndum coloca al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una situación complicada, dado que ocupa la Vicepresidencia económica de la Generalitat que controla el presupuesto y ha sido designado "organizador" del referéndum, han señalado fuentes de Moncloa.

En concreto, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que ha presidido Mariano Rajoy ha aprobado este viernes un acuerdo de condicionalidad a propuesta del Ministerio de Hacienda con el objetivo de "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre".

Para cumplir ese acuerdo, una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum.

Los responsables obligados a enviar esta información al Gobierno son los interventores de las consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financeros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de presupuestos y el director general de política financiera, seguros y tesoro.

Fuentes de Moncloa están convencidas de que los funcionarios públicos cumplirán con esta obligación "por las cuenta que les trae", dado que se hacen responsables de lo que firman y podrían enfrentarse a sanciones. En el Gobierno defienden que, ante la posibilidad de que un funcionario en Cataluña reciba una orden ilegal, solicite a su superior que sea por escrito.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado cuenta de este acuerdo de la Comisión Delegada en la reunión posterior del Consejo de Ministros y este sábado se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez publicado, la primera certificación de que no se han destinado fondos al referéndum tendría que llegar una semana después.

EL ACUERDO 2015 HABLABA DE UN INFORME MENSUAL

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ya aprobó en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, a propuesta de los Ministros de Hacienda, un acuerdo con "medidas adicionales" para garantizar en Cataluña "la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general".

Ese acuerdo decía que para que Cataluña pudiera acceder al reparto de recursos con cargo al FLA debería remitir un certificado mensual: "Antes del día quince de cada mes, referido a datos acumulados del ejercicio relativos al mes anterior, el interventor general de la comunidad autónoma de Cataluña remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios electrónicos, con firma electrónica y, en su caso, siguiendo los modelos que el citado Ministerio facilite al respecto, un certificado relativo al importe de los créditos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en presupuesto, gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros gastos y total pagos efectuados"-

Ahora se eleva ese nivel de control y esa justificación explícita de sus gastos e ingresos será semanal, acreditando así que no destina fondos a la organización del referéndum. En caso de que no cumplan con la obligación de remitir esa información semanal, se pondrá en marcha el retraimiento de recursos del FLA. Cataluña ha recibido 67.000 millones de euros por esa vía y en 2017 tiene previsto un montante de 3.600 millones, según ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo.

A LA FISCALÍA O AL TC

Ese incumplimiento puede llevar sanciones para los funcionarios que atiendan a esta remisión semanal de información. Pero en caso de que se tengan datos de que hay desvío de fondos para el referéndum, el Gobierno podría poner esos hechos en conocimiento de la Fiscalía o recurrir a la vía abierta por el Tribunal Constitucional en su sentencia de febrero, que considera ilegal cualquier acto preparatorio del referéndum, según fuentes del Ejecutivo.

Méndez de Vigo ha explicado que se trata de una medida "preventiva" que busca velar por el "buen fin de los dineros públicos", ya que, según ha recalcado, ni un euro de los catalanes puede ir destinado a financiar un referéndum ilegal. Fuentes del Ejecutivo admiten que este acuerdo crea "un problema gordo" para Junqueras, que es el vicepresidente económico de la Generalitat y además asumió hace unos días las competencias para el 1-O.

En concreto, el pasado martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, formalizó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el traspaso de competencias de procesos electorales, hasta ahora en manos de la consejera de Gobernación, Meritxell Borras, a la que está investigando el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat por el proceso abierto para licitar la compra de urnas para el referéndum que acabó quedando desierto.

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