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El Gobierno aprueba el pago de 30 millones para el Fondo de Inversiones de Teruel

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, un acuerdo por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una subvención para la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), por importe de 30 millones de euros.

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El Gobierno aprueba el pago de 30 millones para el Fondo de Inversiones de Teruel

El nuevo convenio para 2017, que hoy autoriza el Consejo de Ministros, será el sexto y suma, desde 2012, una inversión del Estado de 180 millones. El Fondo de Inversiones de Teruel representa para la provincia una inversión acumulada de 360 millones de euros, ya que los convenios establecen la aportación de una cantidad igual por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Comunidad Autónoma, por su nivel de renta, no puede ser beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a hacer efectivo el principio de solidaridad entre regiones, pero presenta desigualdades sobre las que el Gobierno entiende que se debe actuar. Con este objetivo, cada año se aprueba el FITE, para mejorar las inversiones en la provincia y elevar su nivel de renta.

DESDE 2011

El actual FITE se puso en marcha el 7 de marzo de 2011, cuando ambas Administraciones firmaron un protocolo de intenciones para el desarrollo de actuaciones e inversiones en la provincia de Teruel, durante el periodo 2012-2016, mediante convenios anuales.

Ambas Administraciones consideran que los objetivos del FITE continúan estando vigentes y renuevan su compromiso de seguir financiando actuaciones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel, mediante la suscripción de un nuevo convenio en 2017.

Con la nueva inversión para 2017, se financiarán preferiblemente proyectos enmarcados en las siguientes líneas: apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas, infraestructuras de transportes y comunicaciones; también patrimonio cultural, ambiental y social; proyectos estratégicos y singulares; e infraestructuras municipales.

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