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Juez de vigilancia penitenciaria traslada a Covite que no puede desvincularse de la Sala Penal en el permiso a Lasarte

La defensora del Pueblo instará "de inmediato" a Interior a desarrollar la Ley de víctimas

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El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha trasladado a Covite que "no puede desvincularse" de la decisión de la Sala de Lo Penal sobre la concesión de permiso penitenciario al preso de ETA arrepentido Valentín Lasarte, según ha informado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

Covite ha mantenido una reunión informativa este viernes con José Luis de Castro, en la que el juez se ha comprometido a mantener un "contacto fluido" con las asociación de víctimas para garantizar que "los damnificados por ETA estén informados en todo momento del curso de las actuaciones relacionadas con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria".

Según ha indicado el colectivo de víctimas vasco tras el encuentro, en el que ha participado la presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, De Castro le ha explicado que la decisión adoptada en relación a la concesión de un segundo permiso a Valentín Lasarte "se ha tomado como consecuencia del auto dictado por la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional" en relación a este asunto, de la cual "no puede desvincularse".

IGUALAR A LAS VÍCTIMAS

Tras esta reunión, la representación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha mantenido un encuentro en Madrid con la defensora del Pueblo, Soledad Becerril. En esta cita, Covite ha destacado que el Gobierno "está en la obligación de publicar el reglamento que desarrolla la Ley de Víctimas 29/2011, pues en este momento, y desde 2011, el texto legislativo se encuentra vacío de contenido".

Covite ha insistido en que "se iguale" a las víctimas en materia indemnizatoria y, por tanto, "no se distinga entre quienes tienen sentencia y los que no". El colectivo de víctimas ha defendido "una cuantía única para todos los damnificados".

Becerril ha anunciado que instará "de inmediato" al Ministerio de Interior y al de Justicia a que publique el reglamento de la Ley de víctimas.

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