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Javier León de la Riva, exalcalde de Valladolid, vuelve al banquillo con dos de sus concejales por prevaricación y falsedad

El juzgado de Instrucción que investigó el caso de las comfort letter decreta la apertura de juicio oral después de que la Audiencia Provincial rechazase los recursos de los tres procesados

El exregidor se enfrenta a penas de 9 años de prisión, 8 de inhabilitación, 7.200 euros de multa y responsabilidad personal subsidiaria

El que fuera su edil de Hacienda ha renunciado a su acta como concejal de la oposición en el Consistorio para “salvaguardar” su honor

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León de la Riva presenta recurso contra la sentencia que le inhabilita

León de la Riva, durante la celebración del juicio por un delito de desobediencia, en junio de 2015. EFE

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva (PP) se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados. Un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid decreta la apertura de juicio oral por el caso de las comfort letter.

La Audiencia Provincial le juzgará por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental por haber firmado tres cartas de conformidad que no pasaron por intervención municipal ni por el Pleno como era preceptivo. Los documentos comprometieron al Ayuntamiento a devolver 100 de los 400 millones de crédito para el soterramiento del tren. El equipo de gobierno que entró en 2015 (PSOE-Valladolid Toma la Palabra –confluencia de IU, Equo e independientes–) conoció la situación cuando el consorcio bancario reclamó el dinero y acudió a los tribunales.

Junto a León de la Riva estarán también quienes fueron sus concejales de Hacienda y Movilidad, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, aunque ellos están acusados sólo de prevaricación. Blanco, que continuaba como concejal en la oposición, renunció a su acta hace tres días, cuando la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial desestimó los recursos de apelación que interpusieron los tres encausados. En un comunicado remitido por el Partido Popular de Valladolid, Blanco aseguraba haber tomado la decisión de renunciar de manera “inmediata” a su acta para “salvaguardar” su derecho al honor y para ejercer “con absoluta libertad” su derecho de defensa.

León de la Riva es quien se enfrenta a peticiones de pena más altas. La Fiscalía de Valladolid solicita una condena de 9 años de prisión, 33 de inhabilitación, 7.200 euros de multa y responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal. Mientras que el Ayuntamiento de Valladolid pide 3 años de prisión y 9 de inhabilitación. El Partido Popular de Valladolid estudia en este momento la situación de León de la Riva, que no ha pedido la baja en el partido a pesar de que esta es la segunda vez que se le juzga. En 2015 un juzgado le inhabilitó durante 13 meses por desobediencia judicial, al no cumplir con distintos autos y sentencias que le obligaban a restaurar la legalidad de un edificio donde se aumentó la edificabilidad construyendo áticos en antiguas carboneras y no se respetó el porcentaje de uso residencial que marcaba la ley. El exalcalde era propietario de un piso en ese inmueble. A pesar de que el juicio se celebró poco antes de las elecciones municipales de 2015, León de la Riva fue candidato a la Alcaldía. De haber ganado, no habría llegado a coger el bastón de mando porque la sentencia condenatoria llegó poco después de los comicios. Esta condena no computa a efectos de reincidencia puesto que los hechos que se van a juzgar ahora se cometieron antes que los ya juzgados.

Para los dos concejales, Blanco y Sánchez, el Ministerio Público solicita 24 años de inhabilitación para cada uno por tres delitos de prevaricación, mientras que el Consistorio pide 7 años de inhabilitación.

El escrito de Fiscalía recordaba que los tres acusados “conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que, para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación”, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, que incluía la firma de la primera comfort letter “sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General, y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías” de Blanco y Sánchez. Para la Fiscalía, tanto el alcalde como sus dos concejales “obviaron de forma deliberada todo trámite” y no efectuaron comunicación alguna sobre las garantías que vinculaban al Ayuntamiento.

El juicio, pendiente de señalamiento por parte de la Audiencia Provincial, podría celebrarse entre los meses de marzo y abril de 2018.

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