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La Ley 25 que propone Podemos incluye una renta garantizada para todos los hogares por debajo del umbral de pobreza

Quiere prohibir los desalojos sin alternativa habitacional y los copagos farmacéuticos

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La Ley 25 que propone Podemos incluye una renta garantizada para todos los hogares por debajo del umbral de pobreza

La 'Ley 25 de emergencia social' que el líder del Podemos, Pablo Iglesias, ha puesto como condición para negociar el apoyo a un Gobierno, pretende crear una renta garantizada en forma de "programa de renta diferencial para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza".

Así lo señaló Podemos en su nota de prensa el pasado día 24, cuando informó de la decisión de Iglesias de escribir a los diputados para informarles de la Proposición de Ley que Podemos quiere presentar tan pronto como se constituyan las Cortes.

No obstante, esa propuesta concreta sobre una renta garantizada no figura en texto de la carta que Iglesias envió a los diputados -- tal como ha sido difundida por Podemos--, donde sólo se mencionan tres puntos: prohibir los copagos farmacéuticos en "todo el territorio estatal", prohibir "los desalojos forzosos sin alternativa habitacional" y garantizar por ley que no se cortará la electricidad ni el gas en casos de pobreza sobrevenida y un suministro mínimo vital, modificando los requisitos de acceso al bono social.

La nota de prensa alude también a "garantías sobre la situación de la dependencia", otro punto que tampoco menciona la carta de Iglesias a los diputados.

En la carta, Iglesias destaca que con la proposición de Ley de la Primera Respuesta a la Emergencia Social se pretende dar pleno cumplimiento al artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y esboza las prioridades pero no incluye un borrador de articulado ni precisa cómo se llevarán a cabo las decisiones.

El primer punto que aborda la carta es la vivienda, subrayando que España vive una situación "de emergencia habitacional" pero no tiene mecanismos de defensa "eficaces". Basándose en datos de Amnistía Internacional, subraya que entre 2008 y 2014 se iniciaron 578.546 ejecuciones hipotecarias, de las cuales 25.811 terminaron en un desalojo en 2013 y 28.877 en 2014.

Por eso, habla de "abordar legislativamente la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional" e introducir un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de la deuda hipotecaria de los hogares.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HIPOTECARIA

La reestructuración se haría con una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales, como el hecho de que todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o que presentan ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Iglesias sí detalla que el proceso de reestructuración y cancelación de deudas constará de dos fases. La primera, una fase de conciliación ante una comisión de endeudamiento, "similar a los servicios de conciliación laboral", para presentar propuesta a los acreedores, y la segunda, una fase de vista judicial, en la que el juez acordará un plan de pagos a partir de la limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado, con opción de quita --ajustando la deuda al valor del bien-- o dación en pago.

Podemos propone que se incluyan en este procedimiento tanto los créditos privados como públicos --con la Seguridad Social y con Hacienda-- y que sea válido también para autónomos y pequeñas empresas.

Quiere además regular la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los préstamos. Por último, se dará garantía habitacional inmediata (en un plazo de 30 días) para las víctimas de violencia machista.

CAMBIAR LOS REQUISITOS DEL BONO SOCIAL

En segundo lugar, afirma que "se satisfarán unos mínimos vitales de electricidad y gas a aquellos hogares que lo necesiten", modificando los requisitos de acceso al bono social, que dependerá de la suma de las rentas de los miembros que residen en dichos hogares. Los servicios sociales determinarán el nivel de vulnerabilidad de cada hogar para determinar las bonificaciones a las que tendrán derecho.

El tercer punto incluido en la carta es la "prohibición de copagos farmacéuticos aplicable a todo el territorio estatal". La nota de prensa añade en este punto las "garantías frente a la situación de la dependencia".

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