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El juez rechaza dejar en libertad a Ignacio González por riesgo de fuga

El expresidente de la Comunidad de Madrid declaró con el objetivo de obtener una rebaja de sus condiciones penitenciarias

El juez asegura que no han variado las circunstancias que obligaron a enviarle a prisión sin fianza el pasado mes de abril

Alude a sus intenciones de irse a Latinoamérica y a su alta disponibilidad de dinero oculto, lo que incrementa su riesgo de fuga

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El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llega a su despacho escoltado por agentes de la Guardia Civil tras su detención

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, durante su detención. EFE/Ballesteros

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el caso Lezo, ha rechazado este lunes dejar en libertad a Ignacio González, el principal acusado. El expresidente de la Comunidad de Madrid declaró voluntariamente el pasado 19 julio y pidió una rebaja de sus condiciones penitenciarias que no ha sido atendida.

En un auto, el magistrado asegura que no han variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo contrario, ya que "asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa".

El juez recuerda que está siendo investigado por  malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueo de capitales. Esos delitos llevan aparejados penas que "ya justificarían el mantenimiento de su situación".

También añade el riesgo de fuga por integrar "una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica". Alude además a la " existencia de dinero de procedencia ilícita", lo que "patentiza el riesgo de fuga".

González, detenido el pasado 19 de abril, seguirá en prisión porque también podría destruir pruebas o intentar influir en investigados y testigos. "L as diligencias que se están practicando en el juzgado(...) requieren que las actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas", escribe el juez.

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