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PSOE insiste en el Senado para que diputados, senadores y concejales dejen de serlo si van a juicio oral por corrupción

PSOE y Entesa presentan un veto al proyecto de ley del alto cargo, para que el Gobierno lo retire porque es su juicio insuficiente

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PSOE insiste en el Senado para que diputados, senadores y concejales dejen de serlo si van a juicio oral por corrupción

El PSOE vuelve a insistir en el Senado para cambiar la ley electoral y que los diputados, senadores y concejales pierdan el cargo cuando sean llamados a juicio oral como imputados o procesados por delitos de corrupción. Y quiere además que se establezca su inelegibilidad.

Así figura en una enmienda de los socialistas a la ley de control económico-financiero de los partidos que se tramita ahora en el Senado y que se aprobará el mes que viene. El proyecto va a ser debatido en la Comisión Constitucional y después, en el Pleno.

PP y PSOE iniciaron la primavera del año pasado una negociación sobre medidas de regeneración democrática que incluía esta cuestión. Ambos partidos estaban de acuerdo en que había que fijar el momento en el que los cargos públicos deben abandonar la política si están implicados en casos de corrupción, sacar así este tema del debate diario.

Los dos compartían la idea de que la imputación no era suficiente, que había que esperar a la apertura de juicio oral para apartar a un cargo. Sin embargo, el PP prefirió dejar este asunto para la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno espera remitir al Congreso próximamente para que se apruebe antes del verano.

El PSOE insiste y presenta ahora esta enmienda en el Senado para que los diputados, senadores y concejales pierdan esta condición en el momento en que se les abra juicio oral como imputados o procesados por delitos de corrupción.

MÁS DEDICACIÓN EXCLUSIVA

La enmienda supone una reforma de la ley electoral e incluye otros cambios en esta norma. El Grupo Socialista también quiere que se regule la dedicación exclusiva de los parlamentarios. Por ejemplo, que esté prohibido cobrar sueldo ni indemnización por el cargo en el partido o en un sindicato o patronal, por participar en conferencias o medios de comunicación.

En paralelo, el PSOE quiere que las comisiones parlamentarias que supervisan las compatibilidades y las declaraciones de bienes y rentas de sus señorías, puedan investigar y comprobar que es cierto lo que se declara y enviar a la Fiscalía o a quien corresponda "cualquier información" que consideren oportuna.

En esta reforma de la ley electoral, el PSOE añade una precisión sobre cómo se elegirán los senadores autonómicos, cuyo número depende de la población: uno por cada autonomía y uno más por millón de habitantes. Los socialistas quieren que el censo en el que se base este precepto sea el de las últimas elecciones celebradas, del ámbito que sean; la ley actual establece que será el de las últimas generales.

IMPEDIR LAS SENTENCIAS DE CONFORMIDAD

En otras enmiendas, el PSOE plantea cambios en la ley de Enjuiciamiento Criminal para que se excluya la posibilidad de evitar el juicio oral mediante sentencias de conformidad y que se regule un procedimiento preferente y sumario para los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos.

También plantea eliminar de la ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de que diputados y senadores puedan evitar tener que ir al juzgado para declarar como testigos, ya que se les permite hacerlo desde su despacho, un "trato injustificado" según los socialistas.

En otra enmienda, el PSOE propone atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos relacionados con la corrupción cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos, "para que sean rápidamente enjuiciados y puedan determinarse cuanto antes las responsabilidades".

Los socialistas quieren por otro lado que el Gobierno tenga que redactar en tres meses una nueva ley de contratos públicos que endurezca la lucha contra la corrupción, como fortalecer la prohibición de fraccionar los contratos de forma "artificial", es decir, para evitar los controles que se hacen a los contratos de grandes cifras.

RECHAZO AL ALTO CARGO

El PSOE ha decidido volver a presentar en el Senado enmienda a la totalidad de la ley del alto cargo, como ya hiciera en el Congreso, así como una batería de enmiendas.

Los socialistas defienden el veto al proyecto porque "está lejos de constituir una medida de lucha decidida contra la corrupción" y es "una oportunidad perdida". "Porque más allá del régimen jurídico exhaustivo que dice contener, el proyecto de ley constituye, en muchos aspectos, una clara atenuación del vigente régimen de incompatibilidades y una clara reducción de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas una vez que los altos cargos abandonan la administración", añaden.

VETOS DE LA ENTESA

También la Entesa pel Progrés de Catalunya ha vetado el proyecto de ley del alto cargo, tanto el PSC como ICV, en textos independientes. Los socialistas catalanes acusan al Gobierno de haber remitido a las Cortes un texto que "no supone grandes novedades" con respecto a la legislación actual: se detiene en "cuestiones administrativas menores" y deja "intactos" los mecanismos de control de los conflictos de intereses de los altos cargos.

Añade el PSC que en el proyecto no se limitan ni "evitan decididamente las posibles conductas irregulares y de corrupción". "Y lo peor es que, en algunos casos, como en el régimen de incompatibilidades se actúa de forma contraria, rebajando las exigencias actualmente vigentes para la limitación del abuso en las llamadas 'puertas giratorias'", agrega.

Entre otros vacíos del proyecto, el PSC ve "imprescindible" que se cree una Oficina Anticorrupción en el seno de la administración, "con amplias facultades de investigación interna y con capacidad para instar el inicio de procedimientos administrativos y judiciales".

ICV aporta argumentos en parte coincidentes, ya que entiende que este texto retrocede incluso en las exigencias actuales al alto cargo y sigue sin incluir ni a los miembros de la Casa Real o del Banco de España entre los afectados por la norma. "No aporta sustancialmente reformas en profundidad que afecten notoriamente a la actual regulación", resume.

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