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El Gobierno deja en vía muerta el pacto antitransfuguismo pese a las reiteradas peticiones de Ciudadanos

El pacto se firmó en 1998 y su última reunión se celebró a finales de 2010 cuando el PP lo dio por roto por un desacuerdo con el PSOE en Benidorm

El partido de Rivera quiere que se reactive para sumarse a él y estudiar los casos de sus exediles que han pasado a ser no adscritos, a los que considera tránsfugas 

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Rajoy y Rivera se reúnen en el Congreso para explorar vías de acuerdo

Mariano Rajoy y Alberto Rivera en una foto de archivo EFE

El Gobierno de Mariano Rajoy sigue haciendo oídos sordos a los llamamientos que desde hace más de un año le lleva haciendo Ciudadanos para que reactive el pacto antitransfuguismo. Los numerosos casos de concejales que han dejado la militancia en el partido naranja pero se han quedado con sus actas pasando a ser no adscritos han desatado las alarmas en la formación de Albert Rivera. Ciudadanos considera que estos cargos públicos han "robado" al partido lo que no es suyo y son "tránsfugas". 

En septiembre del año pasado los dirigentes de Ciudadanos ya pidieron por escrito a la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo que se reuniera para estudiar varios casos que les habían surgido en Andalucía. La petición cayó en saco roto.

Desde aquel requerimiento, el partido de Rivera ha sufrido un constante goteo de bajas de ediles que se han marchado del partido pero se han negado a dejar el acta, inscribiéndose como no adscritos. Esto ha supuesto para Ciudadanos un importante quebranto. En Andalucía la sangría ha sido importante. En algunos municipios les ha dejado incluso sin representación, como en Jaén. En otros, como  Huelva, han pasado de tres concejales a uno.

A estos casos habría que unir el de otros muchos municipios de la Comunidad Valenciana, La Rioja o Madrid. Uno de los episodios más reciente ocurrió en Cantabria, donde hubo una fuga importante de cargos ,entre ellos dos ediles en Santander, y de militantes. Pero la lista es mucho más larga.

Ante el temor de que estos antiguos cargos de Ciudadanos acaben beneficiando a otras formaciones, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, volvió a dar un toque al secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, cuyo departamento depende ahora del Ministerio de la Presidencia, reclamando la convocatoria del  pacto. Entre otras cosas, para poder unirse al acuerdo, ya que ni Ciudadanos ni Podemos pueden formar parte de la comisión de seguimiento.

El pacto lleva sin reunirse siete años

El pacto antitransfuguismo se firmó hace cerca de veinte años, en 1998, y fue suscrito por los partidos políticos de entonces: PSOE, PP, IU, Convergència Democrática, Unió Democrática, Esquerra Republicana, Iniciativa Per Catalunya, PNV, Eusko Alkartasuna, BNG, Coalición Canaria, Unión Valenciana, Xunta Aragonesista, Partido Aragonés, Partido Andalucista y Unión del Pueblo Navarro.

Fue renovado en el año 2000 y en 2006. Su ámbito de actuación se circunscribió a las corporaciones locales. Los partidos firmantes de aquel acuerdo se comprometieron a no admitir en su grupo a concejales integrados en la candidatura de otro partido que decidieran abandonar esa formación, pero no el acta.

Además, impide la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas y prevé que los tránsfugas no pasen al Grupo Mixto, sino que figuren como concejales no inscritos o independientes.

A pesar de que durante varios años el pacto estuvo muy activo, su última reunión se celebró a finales de 2010 cuando el PP lo dio por roto por un desacuerdo con el PSOE en Benidorm. La llegada al poder de Mariano Rajoy un año después no lo despertó.

El problema es que, tras el abandono de estos ediles, los grupos afectados dejan de ingresar una parte sustancial de las subvenciones públicas que reciben en razón del número de sus miembros.

Por ello,  el partido de Rivera ha estado buscando mecanismos para aislar a sus disidentes, y limitar así su poder en las instituciones para que su voto no pueda ser decisivo. Piden que no puedan participar en la Junta de Portavoces, ahogar al máximo sus voces en los Plenos, o que dejen de percibir las retribuciones complementarias derivadas de sus cargos. 

A finales de 2003 hubo una reforma de la ley reguladora de Bases de Régimen Local de medidas "para la modernización del gobierno local" que precisamente creó la figura legal de los concejales no adscritos, que no pueden integrarse en otro grupo tras dejar de pertenecer al de la candidatura por la que salieron elegidos.

Según el artículo 73, "a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos".

El mismo artículo especifica que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación".

La principal dificultad con la que se topan los partidos a la hora de exigir  a sus disidentes a que devuelvan sus actas es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha fundamentado el derecho de los ciudadanos a que los representantes políticos no puedan ser cesados por una voluntad distinta de la del propio electorado.

En el partido de Rivera siguen esperando a ver si en septiembre hay algún movimiento que reactive el acuerdo. eldiario.es ha preguntado en la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales si está previsto reunir el pacto, pero la respuesta ha sido que ahora es difícil contestar a esa pregunta porque están de vacaciones. 

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