Panamá deja atrás una justicia arcaica pero tiene que ponerse las pilas

Panamá dio un paso más en su camino hacia la modernidad con la implementación en todo el país de un nuevo sistema procesal penal más transparente y garantista, pero tiene delante un reto todavía mayor: estar a la altura de las circunstancias y garantizar el buen funcionamiento del mismo.

El conocido como sistema penal acusatorio (SPA), que se empezó a aplicar en algunas jurisdicciones del país hace más de cinco años y que este viernes entró a funcionar en todo el territorio, sustituye al ya extinto sistema inquisitivo, un procedimiento arcaico y oscuro que, según señalan los expertos, violó en más de una ocasión derechos humanos y garantías constitucionales.

“Tenemos que dejar atrás la imagen del fiscal tenebroso que abusa de la detención preventiva y asumir que en un sistema garantista el fiscal, si quiere establecer una medida cautelar, debe solicitársela a un juez”, explicó a Efe el doctor en Derecho Ernesto Cedeño.

El nuevo modelo se basa en procedimientos orales y no en procesos escritos, como el anterior, y busca principalmente agilizar los trámites judiciales y reducir los tiempos.

La lentitud es una de las grandes fallas del sistema judicial panameño (por no decir la más grande) y coloca al país en el pódium latinoamericano de la detención preventiva: el 60 % de los reclusos que cumplen condena en Panamá no cuenta con una sentencia firme.

La situación es de tal magnitud que hay presos que han pasado más tiempo en detención preventiva de lo que luego señalaba su condena.

“El anterior era un sistema colapsado e insostenible en un estado democrático que presume de respetar los derechos humanos”, indicó por su parte el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz.

La sociedad panameña, añadió el abogado, “tiene que abandonar el pensamiento de que la mera denuncia es una condena y virar a un sistema de equilibrios en el que nadie es culpable hasta que lo determine un tribunal”.

El nuevo procedimiento también está llamado a combatir la impunidad y a aliviar los vergonzosos e intolerables niveles de hacinamiento que existen en las cárceles panameñas.

Panamá, el país que más crece de América Latina desde hace casi una década, tiene las peores tasas de hacinamiento del continente, solo detrás de Cuba y El Salvador.

La mitad de los 17.000 presos que hay en el país purgan sus penas en dos cárceles cochambrosas y mugrientas de la capital, la Joya y la Joyita, a las que se les describe comúnmente como la “antesala del infierno”.

“Panamá es uno de los últimos países en América que todavía no tenía este nuevo proceso, es una transformación y un gran reto para todos”, reconoció el viernes en declaraciones a los medios la Procuradora General, Kenia Porcell.

En el sistema antiguo, la víctima apenas participaba en el proceso, había poco debate en los tribunales, en cambio, ahora, las partes van a ser mucho más activas. Un matiz que, indudablemente, va a exigir más formación y conocimiento a los abogados.

“A partir de ahora, un juez de garantías puede apartar del proceso a un abogado si entiende que este no tienen las habilidades competentes para asumir la responsabilidad de representar a alguien, sea víctima o acusado”, explicó el vicepresidente del gremio.

El SPA ya se aplicaba en tres de los cuatro distritos judiciales en los que se divide el país. En las provincias de Coclé y Veraguas estaba vigente desde 2011, en Herrera y Los Santos desde 2012 y en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé desde 2015.

“Hubo resistencia en ciertos sectores de la sociedad para emprender la reforma procesal y se fue posponiendo año tras año hasta que se aprobó la Ley 63 en el 2008. Aunque nos retrasamos, se suele decir que más vale tarde que nunca. Ahora lo importante es estar a la altura de las circunstancias”, admitió el profesor Cedeño.

Desde el viernes, el nuevo sistema se ejecuta también en el primer distrito judicial del país, que comprende las provincias de Panamá Oeste, Panamá, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan.

La acogida ha sido relativamente buena, aunque desde ciertos sectores de la sociedad se pone en duda tanto la capacidad y formación de los abogados y de los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial como el compromiso del Ejecutivo en lo que a presupuesto se refiere.

“El Ejecutivo tiene que garantizar que la falta de presupuestos no se convierta en un obstáculo para la implementación de una buena justicia”, zanjó Araúz.