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Parlament afirma que politización del TC y judicatura pervierte sus funciones

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El Parlament ha aprobado hoy una moción en la que afirma que la "profunda politización" del Tribunal Constitucional (TC) y de la judicatura "pervierten" sus funciones, por lo que cuestiona su capacidad para dictaminar sobre asuntos relacionados con el proceso soberanista catalán.

La moción, que ha sido presentada por la CUP y consensuada con Junts pel Sí (JxSí), ha sido aprobada con la mayoría absoluta con la que cuentan ambos grupos (71 votos), mientras que Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) se ha abstenido y el resto de grupos han votado en contra: Ciudadanos, PSC y PP.

En el texto aprobado, se pide el amparo del Síndic de Greuges (Defensor del pueblo catalán) para que ante "la politización y la falta de independencia y objetividad de la alta judicatura y la fiscalía españolas y el TC" se informe de esta situación a varios organismos internacionales: Consejo de Europa, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comisaria de justicia de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Internacional de La Haya.

El Parlament, indica la moción, "constata que el conjunto del Gobierno central utiliza políticamente al poder judicial en el conflicto democrático contra Cataluña".

"Constata", asimismo, "que la profunda politización del poder judicial, la fiscalía y el TC, pervierte la función de estos órganos y, a los ojos de la mayoría de la ciudadanía, cuestiona la legitimidad de sus resoluciones en aquello que hace referencia al derecho a decidir del pueblo de Cataluña".

En el último punto de la moción, el Parlament acuerda trasladar al TC que, "dada su evidente politización y dependencia partitocrática", la cámara legislativa catalana "cuestiona su capacidad para resolver con independencia y neutralidad los asuntos relacionados con el proceso político, pacífico y democrático que se vive en Cataluña".

En defensa de la moción, el diputado de la CUP Benet Salellas ha afirmado que "otro motivo para desobedecer al TC lo tenemos tras la designación del nuevo presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas.

González Rivas, ha precisado, "es un magistrado homófobo porque, al emitir su voto particular cuando fue elaborada la sentencia que avalaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo que este tipo de relaciones no podían ser equiparadas con las heterosexuales".

Salellas, además, ha añadido sobre González Rivas que "no sólo ya ha evidenciado su vinculación con la FAES (PP), sino que también pertenece al tercio de magistrados predemocráticos a los que nadie ha exigido su adecuación al marco constitucional".

La diputada de JxSí Carmina Castellbí ha afirmado que, "cuando el árbitro deja de ser independiente y objetivo, el juego deja de ser limpio" y ha añadido que "la descarada y chapucera politización del TC" refleja "la decreciente calidad de la democracia española".

En contra de la moción, Matías Alonso, de Ciudadanos, ha lamentado la descalificación hacia los órganos de la judicatura y ha puntualizado que "todo es mejorable, la gobernanza de toda autonomía, y también del Gobierno de España y nuestra obligación es trabajar para esta mejora".

Desde el PP, Juan Milián, ha afirmado que "esta visión de España como una dictadura o como un Estado en el que no hay democracia no se la creen nadie más que ustedes".

Ferran Pedret, del PSC, ha puntualizado también que su partido "no comparte absolutamente nada con el magistrado designado como nuevo presidente del TC, por lo que no entendemos por qué extraña transferencia la CUP nos ha vinculado con dicha persona".

Lluís Rabell, de CSQEP, ha advertido de que "asistimos a un choque de legitimidades" pero ha abogado por "los puentes de diálogo" en lugar de reprobar a las instituciones del Estado.

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