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Podemos propone una oficina contra la corrupción y cambios legislativos para restaurar controles internos

Podemos ha incorporado en su programa de cara a las próximas elecciones la puesta en marcha de una oficina contra el fraude y la corrupción, así como cambios legislativos para restaurar los controles administrativos internos. También persigue modificar la ley de la Sindicatura de Cuentas para que los informes que elabora sean "realmente eficaces".

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Así se han pronunciado este jueves los candidatos de Podemos a la Generalitat Valenciana, Antonio Montiel, y a la Comunidad de Madrid, José Manuel López, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con colectivos, asociaciones y personalidades del mundo de la Justicia, entre los que se encontraban el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch; la Fundación por la Justicia; Acción Cívica; el Sindicato de Secretarios Judiciales; y la Asamblea General de Jueces de Valencia.

Tanto Montiel como López, que han destacado el "despilfarro" y la "corrupción" que ha habido tanto en la Comunitat como en Madrid, han advertido de que el tema de la corrupción "ya no es solo ético, es un tema político, es una forma de gobierno que nos está endeudando y empieza a ser un problema económico, lo que nos está llevando a la crisis", ha puntualizado López.

Ha puesto como ejemplo que la corrupción "es la otra cara del paro, en la medida en que se están gastando dinero no solamente en el ático o en el viaje a las Antillas, sino en proyectos que los ciudadanos no necesitan. Ese dinero es lo que genera problemas de empleo, de acceso a sanidad y educación", ha apostillado.

Ante esta situación, desde Podemos proponen la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción, según ha explicado Montiel, así como cambios legislativos para restaurar los controles administrativos internos. También abogan por "adelgazar la capa política", que haya profesionalización de la Administración, "y menos trasvase de políticos jubilados o que han dejado responsabilidades parlamentarias en instituciones que en teoría deberían ser de control". "Esto es una perversión", ha lamentado.

"Vamos a actuar en varios planos. Queremos ir recogiendo sugerencias, una alianza para que haya mecanismos en planes de estudios para hacer una pedagogía en valores, en construcción de ciudadanía, pero queremos también introducir a los ciudadanos en los instrumentos de control", ha apostillado, y en este punto ha nombrado "la ley de pared de cristal".

El objetivo de Podemos es, según ha resumido Montiel, construir un "gran pacto contra la corrupción, un nuevo horizonte de control de la ciudadanía respecto de los políticos, y en el que los medios de justicia hagan que podamos construir una sociedad transparente, una administración eficiente y, sobretodo, que podamos poner medios reales y no sea solo una cuestión filosófica". A juicio de Montiel, "no es solo una cuestión de manzanas podridas. Ha habido una actuación sistemática y amparo a la corrupción".

Por su parte, López ha insistido en que desde Podemos van a trabajar "sobre la transparencia" para "prevenir la corrupción". "Una vez que se ha hecho el robo, es diferente. Necesitamos prevenir, y la ley de pared de cristal que vamos a implementar en todas las comunidades autónomas es un elemento clave". "Aquí en Valencia y en Madrid, la corrupción es una forma de gobierno", ha apostillado.

"GRAVES DEFICIENCIAS"

Por su parte, Joaquim Bosch, quien ha recalcado que ni el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ni el conseller de Justicia, Luis Santamaría, "han escuchado a los sectores judiciales en cuatro años", ha expuesto que han pedido a Podemos que en caso de gobernar, resuelvan las "graves deficiencias" en el ámbito de justicia.

Uno de los "problemas" actuales, ha dicho, es que la Generalitat "no gestiona sus propias competencias --personal y medios materiales--. Hay dejadez extrema que hace que los edificios judiciales estén en un estado lamentable, en condiciones de salubridad mínimas".

También ha puesto como ejemplo que si el caso Fabra se ha demorado 11 años --en Castellón--, "en parte ha sido porque la Generalitat no cumplía sus compromisos para asignar los funcionarios necesarios, y esto ralentizó la causa en varias ocasiones". A su juicio, en general, "hay una gestión muy incorrecta, deficiente, que perjudica a los ciudadanos y es competencia únicamente de la Generalitat".

Así mismo, han requerido a Podemos un cambio de las leyes "porque la respuesta penal es necesaria, pero siempre es tardía porque llega cuando el daño ya se ha producido"; así como controles internos en la Administración autonómica y en los ayuntamientos a través de técnicos autónomos que informes en función de los intereses generales.

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