El alcalde de Roquetas (Almería) declara por el caso La Fabriquilla y es increpado junto al juzgado

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, imputado en la causa que investiga el presunto caso de corrupción urbanística de “La Fabriquilla”, ha declarado hoy en el juzgado de la localidad, donde ha sido increpado tanto a su entrada como a la salida del mismo.

En torno a una veintena de personas convocadas por Izquierda Unida, que hizo un llamamiento para pedir la dimisión del también presidente del PP provincial de Almería, así como de la Diputación, se han congregado frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, donde Amat ha llegado en torno a las 10:00 horas.

El regidor, acompañado por varios concejales de su equipo de gobierno, también citados a testificar ante la juez como imputados, ha declinado hacer declaraciones a los medios congregados, si bien tras finalizar su declaración en el juzgado, ha manifestado sentirse “tranquilo”.

Las declaraciones de imputados en este caso comenzaron el pasado viernes, cuando comparecieron ante la juez varios cargos políticos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

El tribunal investiga si existieron irregularidades en la concesión de una licencia a la empresa Hortiagrícola por parte del Gobierno municipal de Roquetas de Mar para construir diez viviendas en la UE-109 de El Parador (La Fabriquilla), por lo que la jueza ha llamado a declarar a otros seis concejales que participaron en la Junta de Gobierno del 14 de mayo del 2007 que aprobó dicha licencia.

Además de Amat y los concejales que participaron en dicha Junta de Gobierno, deberán declarar como imputados el 24 de noviembre dos técnicos municipales.

La coordinadora provincial de IU, Rosalía Martín, quien ha asistido al acto de protesta a las puertas del juzgado, ha recordado que Amat es el presidente del PP almeriense, por lo que ha pedido al presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, “que actúe con contundencia y lo cese ya que éste no dimite”.

Asimismo, ha lanzado un mensaje al poder judicial para que “haga gala de la independencia que se le presupone y defienda el Estado de Derecho”.

Desde la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, Amayt, que ejerce la acusación junto a una particular, han asegurado que Amat ha declarado en la sala que “no era conocedor del fallo dictado por el TSJA” -que anuló el acuerdo llevado a cabo en pleno sobre el cambio en el uso del suelo- y que ha “cargado las tintas contra la Junta”.

Desde la asociación se han mostrado “sorprendidos” ya que la licencia “fue otorgada el 14 de mayo” aunque, “a sabiendas” de la decisión del TSJA, “ocho días más tarde se le comunica a la empresa Hortiagrícola que le es concedida la licencia”.

“Evidentemente a nuestro parecer aquí hay una connivencia entre técnicos y políticos en perjuicio del municipio, para beneficiar a determinados empresarios”, han insistido.

La asociación se pregunta por qué no se hizo “una revisión de oficio existiendo el fallo del TSJA”, así como “quién es el que recibe y comunica a la junta de gobierno ese fallo que declara nula de pleno derecho esa licencia”.