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Las claves del auto de Sànchez y Cuixart: actuaron contra la Guardia Civil para "proteger" a altos cargos

La jueza Carmen Lamela rechaza que las protestas que convocaron fueran pacíficas y les acusa de impedir el trabajo de los agentes

En su auto, insiste en que los líderes de ANC y Òmnium trabajaban para cumplir su papel en la hoja de ruta hacia la independencia de Catalunya

La jueza cree que cumplen todos los requisitos para la prisión: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva

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Los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, durante la protesta frente a la Conselleria de Economía

Los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, durante la protesta frente a la Conselleria de Economía ROBERT BONET

El líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, han pasado su primera noche en la cárcel madrileña de Soto del Real. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidió a ultima hora del lunes atender a la petición de la Fiscalía y enviarles a prisión incondicional acusados de un presunto delito de sedición. En el auto de 15 páginas la magistrada reúne los indicios contra ellos y argumenta por qué deben ingresar en prisión sin posibilidad de eludir esa medida con el pago de una fianza.

Las protestas del 20 y 21 de septiembre

Al igual que en el auto por el que dejaba  en libertad con medidas cautelares al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la jueza deja claro que la causa se ciñe a lo ocurrido el pasado 20 y 21 de septiembre, cuando la Guardia Civil llevó a cabo una operación contra algunos de los responsables de la celebración del referéndum, lo que motivó protestas en la calle contra la actuación de los agentes, llegando a impedir su trabajo.

Aunque los agentes de la Guardia Civil entregaron un extenso informe en el que incluían hechos ocurridos el 1-O y durante los actos preparatorios del referéndum, la jueza "por el momento" no ha ampliado la causa.

En concreto, la investigación se acota a lo ocurrido en la Consellería de Economía. Miles de personas se concentraron en la calle mientras una comisión judicial efectuaba registros en el interior. Los agentes requirieron hasta en siete ocasiones la ayuda de los Mossos para alejar la concentración y permitir la salida de los agentes y la letrada de la Administración de Justicia, pero esa ayuda no llegó. Tuvieron que ser evacuados por el edificio contiguo, camuflados entre los asistentes a una obra de teatro que abandonaban la sala.

Querían "proteger" a altos cargos

La jueza señala a Sànchez y Cuixart como los principales promotores de las protestas, utilizando para ello las redes de mensajería de sus organizaciones. "A través de las citadas convocatorias se hacía un llamamiento, no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la 'protección' de sus Gobernantes e Instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales", escribe la jueza.

Es decir, para la magistrada, Sànchez y Cuixart actuaron como protectores de los altos cargos implicados en la operación policial. Para sustentar esa afirmación incluye un mensaje difundido por el grupo de WhatsApp de Òmnium, en el que se aclaraba que el motivo de las protestas era “parar” a la Guardia Civil.

Impidieron el trabajo de los agentes

Durante la concentración, "algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil", otros no permitieron a los agentes e integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados, además de impedir "la movilidad" de los coches y furgonetas de la Guardia Civil. Algunos, dice la jueza en su auto, llegaron "a empujar a los agentes".

En el transcurso de las protestas, Sànchez y Cuixart, se erigieron como interlocutores de la concentración "afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines". Sin embargo, la jueza les reprocha que no atendiesen a las peticiones de los agentes para crear una salida segura para la comisión judicial, sino que plantearon las opciones que "les convenían exclusivamente para sus fines políticos". Nunca, insiste Lamela, utilizaron su poder movilizador para "diluir" la protesta. Todo lo contrario, la alentaron subidos a los coches ya destrozados de la Guardia Civil.

Protestas vinculadas con la independencia

Resumidos los hechos, la jueza traza la línea que une lo ocurrido con un delito de sedición. "La finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución", escribe Lamela en el auto de prisión.

Es más, la jueza coloca a Sànchez y Cuixart en el centro de "una compleja estrategia" que tiene como objetivo la “ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”. Esa afirmación la desprende la jueza de un primer análisis de enfoCAT, el documento encontrado al número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, y que está pendiente de una investigación más exhaustiva.

Riesgo de fuga por la gravedad del delito

Repasados los hechos, la jueza se centra en justificar la medida de prisión preventiva. Esta medida cautelar, la más dura de todas, se justifica por varias razones según el Código Penal. En resumen, por riesgo de fuga del acusado debido a la gravedad del delito, para evitar la destrucción de pruebas y por la posibilidad de que vuelva a cometer delitos.

La jueza señala que los líderes de ANC y Òmnium se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión, y pesa sobre ellos la sospecha de que vuelvan a cometer delitos, porque el proceso para el que han movilizado a las masas "todavía se encuentra en marcha". También ve una "alta probabilidad" de que los acusados destruyan pruebas, porque precisamente se les investiga por "dificultar o impedir las medidas de investigación, registros y detenciones".

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