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El Supremo falla que España investigue y juzgue el asesinato de Carmelo Soria

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El Supremo falla que España investigue y juzgue el asesinato de Carmelo Soria

El Supremo falla que España investigue y juzgue el asesinato de Carmelo Soria

El Tribunal Supremo ha afirmado la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar y juzgar el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 en Chile, al estimar que hay indicios de la "falta de voluntad" del país suramericano para esclarecer el crimen.

La decisión del alto tribunal accede a la solicitud del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien comprobó que en el citado país suramericano no se han investigado de manera "eficaz" estos hechos, por los que tiene imputados en este sumario a varios ex agentes de la DINA (la Policía secreta de Pinochet).

A pesar de que el fiscal informó sobre la existencia de "una actividad investigadora más que suficiente en Chile" el alto tribunal ha señalado "la escasa entidad y relevancia de las diligencias practicadas por la justicia" de este país en los dos últimos años, desde que se reabrió el caso.

Pablo Ruz, el anterior instructor del caso, ya pidió al Supremo que afirmara la competencia de nuestro país sobre la investigación, pero el alto tribunal le devolvió su exposición motivada y le señaló que no había hecho una petición expresa y bien razonada.

Su sustituto, el magistrado José de la Mata, sí justificó los motivos por los que este caso no estaría afectado por la reforma de la justicia universal en España, al tratarse de un delito de terrorismo.

Además, el magistrado consideraba que en Chile no ha existido "ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido" hace 39 años, tiempo durante el cual la justicia chilena ha sobreseído la causa hasta en cuatro ocasiones.

Un juez chileno ordenó hace dos años reabrir el caso por el asesinato de Soria, perpetrado el 14 de julio de 1976 por agentes de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima.

De la Mata consideraba que desde entonces la investigación ha estado prácticamente paralizada, ya que no se ha tomado declaración a implicados en el asesinato y se ha denegado la extradición de los presuntos responsables.

El juez de la Audiencia consideró que este proceso se ha demorado injustificadamente y recordó que durante 14 años la justicia chilena desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado chileno había violado, respecto de Carmelo Soria, el derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal.

Para apoyar su petición, el magistrado se basaba en la reciente decisión del Supremo que reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar un caso parecido: el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas ocurridos en noviembre de 1989 en El Salvador.

Todos estos argumentos son aceptados por el Supremo para determinar que España siga investigando el crimen y, en su caso, juzgue a los implicados que hayan sido procesados.

La investigación en España del asesinato de Soria la inició el entonces juez Baltasar Garzón- que en 1999 procesó a Pinochet- a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares.

Según el sumario de la Audiencia Nacional, Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (Cepal), fue secuestrado por los agentes de la DINA mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile en julio de 1976, en plena dictadura militar (1973-1990).

Fue torturado para que confesara si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y especificara cuál era su misión en aquel país, tras lo que lo mataron inyectándole o haciéndole ingerir media botella de pisco (aguardiente de uva) para hacer pasar su muerte por un accidente de tráfico.

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