El fiscal pide al Supremo que investigue a la alcaldesa de Cartagena por el caso Novo Carthago

El fiscal ante el Supremo ha informado a favor de que el alto tribunal abra una causa contra la diputada del PP y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en relación con el Caso Novo Carthago de posible corrupción urbanística.

El pasado mes de septiembre el juez instructor del caso, Manuel Abadía, elevó al Supremo una exposición razonada ante la aparición de posibles indicios contra Barreiro, que por su cargo de diputada nacional ostenta la condición de aforada ante el alto tribunal. El Supremo respondió pidiendo un informe al fiscal, que ahora se ha pronunciado a favor de admitir el asunto.

La supuesta prevaricación administrativa se habría cometido con la modificación del plan general de ordenación urbana de Cartagena para permitir la urbanización de terrenos protegidos por su valor ecológico y ubicados junto al Mar Menor.

El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si abre causa en contra de la alcaldesa y, a partir de ahí, estudiar si efectivamente existen indicios para pedir al Congreso el suplicatorio con el fin de encausarla, abrir una investigación en la que esté imputada y, eventualmente, juzgarla.

La mancha de Novo Carthago se agranda

El caso Novo Carthago de supuesta corrupción urbanística recibe su nombre del macroproyecto urbanístico de la promotora Hansa Urbana, participada en su momento por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que pretendía levantar de la nada una urbanización de lujo con hoteles, campo de golf de 27 hoyos y 10.000 viviendas.

Para crear esa nueva población de 35.000 personas en mitad de un espacio natural protegido por la legislación medioambiental, y según las tesis expuestas por el juez instructor en julio de este año, se partió “de una puesta de acuerdo entre el Ayuntamiento, que preside la señora Barreiro, con Hansa Urbana, la promotora del 'resort', y la Consejería de Medio Ambiente, y necesariamente con la Consejería de Obras Públicas que es la que aprobaría el proyecto”.

De ese modo, según el juez Abadía, no sólo hizo falta la intervención del entonces consejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno en Murcia también imputado, Joaquín Bascuñana, sino la de los otros dos consejeros imputados en esta causa, Antonio Cerdá y Francisco Marqués, además de otros altos cargos del ejecutivo regional que, según constaba en aquel auto, llegaron a rechazar informes técnicos que advertían de la inviabilidad del proyecto e incluso a redactar nuevos informes favorables.

“Trama en la comunidad autónoma”

El juez instructor aceptó el pasado verano las tesis del fiscal Juan Pablo Lozano y llegó a afirmar sin ambages que “estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada en el que se producen una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo entenderse la última de resolución de Bascuñana sin las anteriores, y ninguno es intrascendente para conseguir el fin pretendido”, dentro de lo que en un párrafo del auto llega a calificar como “trama en la Comunidad Autónoma”.

Por su parte la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, cuya intervención en todo el proceso fue resaltada por el juez instructor en su último auto, fue invitada a prestar declaración voluntariamente antes del eventual traslado de la causa al Tribunal Supremo por su condición de aforada, al que ahora el fiscal informa favorablemente.

La investigación por Novo Carthago, con múltiples ramificaciones, se ha colado de manera transversal en el asunto de la desaladora de Escombreras, cuya gestión está siendo inspeccionada por el fiscal de Medio Ambiente de Murcia ante sus excesivas pérdidas económicas. Desde el principio del proyecto, ecologistas y partidos de la oposición denunciaron que la desaladora había sido construida con el objeto de proporcionar agua a Novo Carthago.