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Urdangarin citó a Camps y Barberá en Zarzuela para más "impacto psicológico"

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Urdangarin citó a Camps y Barberá en Zarzuela para más "impacto psicológico"

Urdangarin citó a Camps y Barberá en Zarzuela para más "impacto psicológico"

El juez del caso Nóos, José Castro, considera que Iñaki Urdangarin citó al expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, en el Palacio de la Zarzuela "para mayor impacto psicológico" para la negociación de un contrato.

Castro detalla cómo se planeó el primer contrato público del Instituto Nóos en una exposición razonada de 70 páginas que ha remitido hoy al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para respaldar la propuesta de que este tribunal asuma la competencia de la instrucción del caso en lo que se refiere a los hechos de Valencia y a Camps y Barberà, por ser ambos aforados.

El convenio para que el Instituto Nóos organizara el Valencia Summit 2004, fue firmado con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) el 8 de noviembre de 2004, pero según el juez Castro se había pactado antes y la entidad que presidía Urdangarin estaba trabajando en el evento previamente a esa fecha.

Según Castro, al margen de la documentación del convenio, Urdangarin concertó en enero de 2004 con Camps y Barberá "una cita que para mayor impacto psicológico hacia las autoridades valencianas debería tener lugar en el Palacio de la Zarzuela".

"El objeto de la reunión no era otro que el de obtener el convocante la adjudicación, como consecuencia de un acto meramente voluntarista y al margen de cualquier procedimiento administrativo, de la organización de los que se llamarían eventos Valencia Summit", afirma el juez en su exposición.

Esa reunión en Zarzuela fue desvelada por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, en su declaración en los juzgados de Palma el pasado febrero. Posteriormente, Torres aportó un escrito y varios documentos más al juzgado dando detalles del encuentro.

El magistrado considera que los datos facilitados por Torres sobre esa entrevista "conducen racionalmente a pensar que la misma efectivamente se produjo" y pudo tener lugar el 29 de enero de 2004.

Urdangarin "se había ganado el agradecimiento de la alcaldesa" previamente a la reunión en Zarzuela, al facilitarle la colaboración de un trabajador del Instituto Nóos en la organización de la 32 Copa América de Vela.

Sobre la reunión en el Palacio de la Zarzuela, Castro explica que sería inútil practicar diligencias para intentar corroborarla al cabo de tantos años pero apunta que quizá la única persona que podría ofrecer información al respeto sería el entonces jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza.

Según Castro, la prueba de que en esta reunión se decidió la organización del Valencia Summit es que el Instituto Nóos empezó a trabajar en el evento tras ella.

Tras el primer Valencia Summit hubo otras dos ediciones, un proyecto para acoger los Juegos Europeos y otro de los Juegos de la Juventud, así como contratos del Instituto Nóos con las administraciones de Baleares y Madrid, en los que se investiga el desvío de fondos públicos.

El juez afirma que las contrataciones al Instituto Nóos por parte de administraciones valencianas fueron actos "estrictamente voluntaristas", que no obedecían a procurar el interés general sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias" de Urdangarin, que "por muy cortesmente que se plantearan no dejaban de serlo".

Según Castro, se otorgaron a Urdangarin "en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey".

"Todas las contrataciones se adjudicaron 'a dedo', asintiendo verbalmente los aforados (Camps y Barberá) a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas", dice el magistrado.

El juez considera que, al igual que declaró una de las imputadas en la causa, se buscaron objetivos de aparente utilidad pública para "vestir el santo" y se pretendió "dar un ropaje jurídico a un encargo que ya estaba adjudicado e incluso ejecutándose" antes de que la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y sus fundaciones "cumplimentaran el más simple formulario".

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