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El juez Velasco se desplazará a tomar declaración a Cifuentes en su despacho

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La fefa de prensa de Cifuentes llega a Audiencia para testificar por caso Canal

La fefa de prensa de Cifuentes llega a Audiencia para testificar por caso Canal

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se trasladará esta tarde junto a los fiscales que llevan la operación en la que ha sido detenido el expresidente madrileño Ignacio González a tomar declaración en su despacho de la sede de la Comunidad de Madrid a la actual presidenta Cristina Cifuentes.

Según han informado fuentes jurídicas, Velasco tiene previsto trasladarse para tomar declaración a Cifuentes como testigo una vez termine de declarar en la Audiencia Nacional el director general del Canal de Isabel II, Rafael Prieto.

Antes de ir al despacho de Cifuentes, el juez tiene previsto acercarse primero a la sede de la Consejería de Presidencia para interrogar como testigo a Ángel Garrido, presidente del canal de Isabel II y portavoz del gobierno madrileño.

A lo largo de la mañana han comparecido ante el juez, también como testigos, el presidente de Atresmedia y el Grupo Planeta, José Crehueras, y la jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González.

Tras su comparecencia ante Velasco, González ha evitado comentar lo que ha declarado al estar la causa bajo secreto y se ha limitado a reiterar que existe una "colaboración absoluta con la Justicia por parte de todos los miembros del gobierno, como no puede ser de otra manera".

Estos cinco testigos han sido llamados hoy a declarar en el marco de la llamada operación Lezo, en la que ha sido detenido Ignacio González, antecesor de Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal entre 2003 y 2012.

Dentro de esta operación, el juez ha ordenado doce detenciones por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

Esta causa, declarada secreta, se centra en personas vinculadas al anterior Gobierno regional madrileño por operaciones "para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio".

La operación tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en 2015, que se judicializó en junio de 2016, cuando la Comunidad de Madrid puso en conocimiento del ministerio público algunas irregularidades en el Canal, entre ellas la adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

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