Venezuela rechaza “indignas” e “ilegales” sanciones de UE contra sus funcionarios

El Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro rechazó hoy las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a siete altos funcionarios del país y las calificó como “indignas” e “ilegales”.

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, hizo publico un comunicado en el que “rechaza enérgicamente las medidas restrictivas impuestas” por la UE “de manera ilegal y unilateral”.

“El Gobierno Bolivariano de Venezuela rechaza categóricamente las decisiones erráticas, intervencionistas, coercitivas e ilegales que la Unión Europea ha anunciado contra Venezuela”, escribió el jefe de la diplomacia de la llamada revolución bolivariana.

Por la “represión” en Venezuela, la UE formalizó este lunes las sanciones contra el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Completan la lista el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides, dijeron a Efe fuentes comunitarias.

Según el chavismo que gobierna Venezuela desde 1999, estas sanciones “violan los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y pretenden ejercer una grosera injerencia en asuntos internos”.

Hoy la UE “vuelve a ofrecer pruebas irrefutables de su notable subordinación ante el gobierno supremacista y racista de Donald Trump”, prosigue el comunicado de Caracas, en alusión a las sanciones impuestas antes por la Administración estadounidense contra varios funcionarios venezolanos.

El Gobierno de Maduro acusa a la UE de “infringir sus propios principios fundacionales” y de transgredir “la más elemental normativa del Derecho Internacional y amenazando la estabilidad” de la nación sudamericana.

“Venezuela exige a la UE respeto a su soberanía (...) y demanda de inmediato el cese de las políticas hostiles”, y “se reserva las acciones necesarias” en este caso.