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Los españoles creen que gobiernos prefieren controlar la Justicia a mejorarla

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Los españoles creen que gobiernos prefieren controlar la Justicia a mejorarla

Los españoles creen que gobiernos prefieren controlar la Justicia a mejorarla

Ocho de cada diez españoles piensan que todos los gobiernos, del color que sean, siempre han tenido más interés por controlar la Justicia en función de sus intereses que por dotarla de los medios suficientes para que funcione mejor.

Es una de las conclusiones de la encuesta realizada por Metroscopia a mil españoles, según ha informado hoy el presidente de esta empresa, José Juan Toharia, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo en el Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, para presentar el V Barómetro Externo sobre la imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española.

De este estudio se desprende que más de la mitad de los españoles, concretamente un 53 %, cree que la Administración de Justicia española funciona mal, frente a un 32 % que considera que lo hace bien.

"Cada vez los ciudadanos tienen una idea más pesimista", ha explicado Toharia, ya que la visión negativa ha ido en aumento a lo largo de los últimos 28 años.

Según el Barómetro, ocho de cada diez españoles cree que el lenguaje y los procedimientos de la Justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender.

Además, esta idea se fundamenta en que el 80 % de los españoles expresan que la Justicia no está organizada y no funciona como cabría esperar en una sociedad avanzada y, por otro lado, en que siete de cada diez piensan que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito, porque en la práctica la sentencia "o no se cumple o se cumple tarde y mal".

La encuesta revela además que un 77 % de los españoles considera que, con los medios existentes y su actual forma de funcionar, la Justicia española no puede contribuir con la eficacia y rapidez que debería a investigar y castigar los casos de corrupción.

Teniendo en cuenta estas críticas, los ciudadanos demandan una reforma inmediata y a fondo de la Justicia en la que los asuntos graves y que causan gran alarma social "no tarden años en tramitarse y resolverse", así como un Pacto de Estado que evite que ésta tienda a intromisiones externas.

No obstante, el Barómetro también recoge opiniones positivas: un 71 % de los españoles considera que la Administración, a pesar de sus imperfecciones, constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.

Asimismo, el 69 % cree que los jueces españoles son tan buenos como los de cualquier otro país de la Unión Europea y el 50 % piensa que éstos suelen ser imparciales.

Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ocho de cada diez ciudadanos concluye que debería dar cuentas de forma regular de cómo desempeña sus funciones y el mismo porcentaje piensa que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales.

Sobre la situación del Estado de Derecho, Carnicer ha manifestado que el Barómetro constata que a lo largo de los diez últimos años se ha producido una "grave erosión" en la imagen que los españoles tienen de éste: un 60 % expresa que está en peor situación que en el conjunto de los países más avanzados, cuando en 2005 lo pensaba el 38 %.

La imagen que la sociedad tiene de los abogados es positiva, mejor que la de los jueces y tribunales. Esto se debe, según ha explicado el presidente de Metroscopia, a que la función que realizan "se percibe como una contribución a la defensa del bien común".

Además, los que alguna vez han acudido al despacho de un abogado -un 56 %, el porcentaje más alto jamás registrado- puntúan en el Barómetro con un siete la satisfacción con el servicio recibido, destacando el trato y el interés, la preparación técnica y el importe de los honorarios cobrados.

Finalmente, un 85 % de los encuestados cree que muchas personas han tenido que renunciar a defender sus derechos ante un juez y seis de cada diez cree que la Ley de Tasas Judiciales no ha servido para mejorar la dotación económica de la Justicia gratuita.

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