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La fiscal general pide una ley de litigación colectiva para defender al consumidor

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La fiscal general pide una ley de litigación colectiva para defender al consumidor

La fiscal general pide una ley de litigación colectiva para defender al consumidor

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha pedido hoy una ley de litigación colectiva para defender los intereses de los consumidores y usuarios, uno de los campos de actuación prioritarios del Ministerio Público en España, ha asegurado.

Madrigal ha hecho la propuesta durante su conferencia en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial sobre "El poder judicial, garantía del Estado de derecho", organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En su intervención ha recordado que el Ministerio Fiscal asume la defensa de los consumidores y usuarios y ha apuntado: "Echamos de menos una ley de litigación colectiva con la que podríamos avanzar en el futuro".

Entre las inquietudes principales en la actualidad en la Fiscalía ha apuntado el hecho de que la corrupción, sobre todo la urbanística, está siendo objeto de actividad de mafias y organizaciones criminales que consiguen con ella grandes beneficios difíciles de investigar.

Otra de sus principales preocupaciones es la extensión de la corrupción entre particulares lo que quizá viene favorecido, ha dicho, por la tendencia a privatizar servicios por parte de administraciones, por lo que considera que hay que avanzar en los elementos de prevención respecto a la contratación pública, sobre todo en los ámbitos autonómico y local.

Ha recordado que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la corrupción es la segunda gran preocupación de los españoles tras el paro.

No obstante ha opinado que la lucha contra la corrupción ha sido más efectiva en los últimos años gracias a las labor de las fuerzas de seguridad, de los tribunales y sobre todo de la Fiscalía Anticorrupción, que actuó en 2014 en 350 procedimientos de este tipo y el año pasado en 371, generalmente "complejísimos", y ha conseguido 19 sentencias en 2014 y 22 en 2015.

A su juicio, esto demuestra que "a pesar de sus problemas como la lentitud el sistema de la justicia funciona" en la lucha contra la corrupción ya que son investigadas, juzgadas y condenadas personas del poder político, financiero y económico "con independencia de sus entornos y afinidades", aunque reconoce que los fiscales necesitan más medios y unidades de apoyo.

Además ha asegurado que el hecho de que el cargo de fiscal general sea nombrado por el Ejecutivo no significa que no haya mecanismos en la estructura de la Fiscalía para garantizar la imparcialidad en la actuación de los fiscales en cada caso concreto y ha mantenido: "Es inadmisible un Ministerio Fiscal dirigido por el Gobierno".

Entre otras prioridades de la Fiscalía ha destacado la lucha contra cualquier discriminación, como la de los discapacitados, y actuaciones relacionadas con menores, y ha comentado en este ámbito que a su juicio habría que abordar una regulación integral de la custodia compartida para despejar algunas lagunas.

Antes de su intervención, Consuelo Madrigal ha sido preguntada por los periodistas por cómo afecta a la justicia llevar siete meses con un gobierno en funciones.

"La justicia sigue funcionando, nosotros no hemos parado. Los fiscales y yo misma no estamos en funciones, estamos trabajando a diario, continuando las investigaciones que teníamos pendientes, avanzándolas y trabajamos ordinariamente", ha recalcado.

Al comienzo de la jornada el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, ha ofrecido una conferencia en la que ha lamentado que la justicia sea "un campo de intrascendencia política ya que no tiene rédito electoral, ni da ni quita votos".

Por su parte, el consejero de la Abogacía Española Jose Arturo Pérez Moreno ha propuesto aplicar en la justicia criterios empresariales para racionalizar los horarios de las citaciones a los juicios y ha considerado que se debe fomentar el arbitraje y la mediación, y que deben seguir siendo vías de resolución de conflictos alternativas pero voluntarias.

Ha clausurado el curso el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha reclamado que la justicia sea "objeto de atención prioritaria".

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