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Dos de los firmantes de la querella del PP contra Tania Sánchez trabajan en la agencia de los pagos a jueces

El presidente del tribunal que se pronunciará sobre la admisión a trámite cobra de Indra gracias al acuerdo con la Comunidad de Madrid

La portavoz del Grupo Municipal del PP en Rivas, Inmaculada Sánchez, es asesora del consejero delegado en un organismo público

Hasta el 31 de octubre estaba a las órdenes directas de José Martínez Nicolás, quien tuvo que dimitir tras ser detenido en la operación Púnica

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La comisión de investigación sobre los contratos relacionados con Tania Sánchez se cerrará la semana que viene

La agencia pública impulsora del proyecto que sirve a un grupo de jueces de Madrid para cobrar una extra tiene en nómina al menos a dos políticos del Partido Popular miembros del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Como concejales, María Inmaculada Sánchez y Francisco Gallardo López sostienen la querella por prevaricación que su grupo presentó contra Tania Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El presidente de este tribunal, Francisco Javier Vieira, es uno de los receptores de los pagos por asesoramiento que realiza Indra por iniciativa de la Comunidad de Madrid.

La querella contra Tania Sánchez, presentada cuando era candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad, estaba destinada a adquirir un papel relevante en la campaña electoral madrileña. La admisión a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM habría supuesto el fin de la carrera electoral de Sánchez en IU, formación que recoge en sus estatutos la imposibilidad de que un imputado vaya en sus listas. Pero antes de que eso se produjese, Tania Sánchez abandonó la candidatura, Izquierda Unida y su acta de diputada en la Asamblea madrileña. Ahora impulsa el movimiento Convocatoria por Madrid y sigue aspirando a convertirse en presidenta de la Comunidad.

Según ha podido saber eldiario.es, una de las personas que se querelló contra ella, Inmaculada Sánchez, compatibiliza su cargo de concejal portavoz en el Ayuntamiento de Rivas con el de asesora adjunta al consejero delegado de la Agencia de Comunicación e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Por tanto, Sánchez Ramos trabajaba a las órdenes directas de José Martínez Nicolás, quien se vio obligado a dimitir el 31 de octubre tras ser detenido en la operación Púnica.

Francisco Gallardo ocupa el puesto de jefe de Área de Seguridad en la ICM, además de ser concejal en Rivas. Ambos cumplen con los requisitos legales para compaginar los cargos, según fuentes de la Comunidad de Madrid.

Del otro lado del proyecto de pago a los funcionarios está Francisco Javier Vieira, la figura más relevante de cuantos aparecen en la nómina de perceptores de las extras. Como presidente del TSJM, preside igualmente la Sala de lo Civil y Penal, que debe decidir sobre la admisión a trámite de la querella contra Tania Sánchez.

El TSJM informó la semana pasada que la Sala ha dado traslado a la Fiscalía del Tribunal de la pérdida de aforamiento de Tania Sánchez, con el objeto de que el Ministerio Público emita su informe, no vinculante, sobre la admisión a trámite de la querella. Sin embargo, al día siguiente de que Sánchez anunciara que dejaba IU y la Asamblea, fuentes de la Fiscalía madrileña aseguraron a esta redacción que ya  no se pronunciaría sobre el fondo de la querella y que se limitaría a informar al PP de Rivas de que debe acudir con ella a un juzgado ordinario.

La querella del PP acusa a Tania Sánchez, a su padre, Raúl Sánchez (concejal de Rivas), y el actual alcalde, Pedro del Cura –en su momento edil de Infancia y Juventud–, de malversación, tráfico de influencias y prevaricación tras saltar a la luz pública los contratos del Consistorio por 1,3 millones de euros al hermano e hijo, respectivamente, de los dos primeros entre 2002 y 2008. Los detalles del escrito no se conocen porque el PP no los ha facilitado. Esta redacción se puso en contacto con el Grupo Municipal del PP en Rivas sin obtener respuesta alguna.

Investigación del Poder Judicial

El presidente del TSJM es, hasta ahora, el único de los funcionarios que ha tenido que dar explicaciones ante el Consejo General del Poder Judicial por el proyecto de retribuciones. Cuando El País reveló la existencia del acuerdo, el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, abrió una investigación y llamó a declarar a Vieira. Este defendió que el asesoramiento, diferente de la tarea de administrar justicia, no incurre en el régimen de incompatibilidades que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El proyecto parte de la agencia de la Comunidad de Madrid ICM, pública al 100%, pero los pagos los realiza la multinacional Indra, que ganó el concurso. El presidente del TSJM es el responsable de la gestión del proyecto del lado de la Administración de Justicia. Junto al menos otros ocho jueces, cinco fiscales y otros funcionarios ha recibido pagos de Indra, a través de la iniciativa de lCM, por su asesoramiento en la puesta en marcha de un sistema informático para agilizar la tramitación judicial.

La investigación del CGPJ sigue su curso. El País publicó que Vieira, dos jueces más y seis secretarios judiciales han cobrado 54.000 euros en 2013 y 2014. La actividad retribuida el pasado año consistió en cuatro reuniones en la biblioteca de la sede del TSJM, como miembros del Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados de Madrid. Cada uno de los funcionarios asistentes ha cobrado al año 3.000 euros de Indra por este concepto de colaboración.

La concejal portavoz del PP en Rivas también ha trabajado en la empresa que ganó el concurso y paga a los jueces. Según su currículum, en 2003 fue contratada como gerente de Desarrollo de Negocio de la multinacional. Sánchez Ramos siguió en la empresa privada hasta que en 2007 entró como número uno de la oposición a la Agencia de Comunicación e Informática de la Comunidad de Madrid.

Su penúltimo jefe fue arrestado el 27 de octubre y quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez Velasco. Según El País, durante su declaración en la Audiencia Nacional, el jefe de informática de la Comunidad de Madrid aseguró que fue el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, quien le ordenó pedir a Indra que abonara a uno de los cabecillas de la trama los 10.000 euros que debían por un trabajo de fomento de la reputación en internet de miembros del Gobierno madrileño. Victoria era presidente del Consejo de Administración de la ICM y, como tal, jefe directo de Martínez Nicolás. El número dos del Gobierno de Madrid niega rotundamente haber ordenado ese pago.

Indra y los jueces beneficiarios de su pagos no solo se han encontrado en las tareas de asesoramiento remuneradas. Según publicó eldiario.es, una de las magistradas que inició el contrato con Indra en 2011 ha fallado desde entonces en cinco ocasiones en causas en las que la multinacional era parte. Así consta en al menos cinco sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –de la que ella formaba parte– que se dictaron entre 2011 y 2014. En dos de esos casos, los fallos fueron favorables a la empresa y en tres, contrarios a sus intereses. Ruiz-Jarabo es desde diciembre de 2013 magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

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