Eliminar el tope de precio de los gintonics del Congreso no supone ningún ahorro

Durante los últimos días, la polémica de los mal llamados gintonics subvencionados del Congreso ha copado portadas, debates y chascarrillos. Ante la presión popular, la Mesa del Congreso decidió el martes eliminar las bebidas alcohólicas –excepto vino y cerveza– de los precios máximos que marcan los pliegos de licitación del servicio de cafetería. La empresa que consiga la adjudicación, pues, no tendrá un límite para marcar el precio de los combinados. Pero esta medida sólo es estética: con gintonics o sin ellos, el servicio costará un millón de euros al año.

Este tipo de contratos de restauración en edificios públicos contiene dos partes, relacionadas entre sí. Por un lado, la Administración pública establece un precio por servicios generales, en este caso “puesta en marcha y mantenimiento del servicio”. Es es lo que el Congreso pagará, como máximo, a la empresa que se haga con la cafetería, que para el Congreso es de 1.050.000 euros al año. Esta cantidad es la que debe compensar a la compañía para fijar unos precios de venta al público más asequibles que los que ofrecería en un bar en plena calle. En todo caso, no se trata de una subvención directa por copa, sino de una compensación por el servicio global que establece, vinculados unos límites de precio.

El BOE recoge hoy la modificación de los pliegos, en los que se suprime el apartado “refrescos, cervezas, aperitivos y bebidas alcohólicas” de las características del contrato. Pero el precio de licitación, lo que el Congreso ha presupuestado que pagará a la empresa adjudicataria por el servicio, no se ha modificado, con lo que la medida de Jesús Posada no supone ningún ahorro.

El gasto de la cafetería del Congreso a las arcas públicas dependerá de las ofertas que realicen las empresas que se postulen para el servicio, que ahora tendrán libertad para establecer los precios de los gintonics, pero cuyo tope de cobro por el servicio global no se ha modificado ni un céntimo.

Un contrato similar, por ejemplo, es el que regula el servicio de restauración en La Moncloa. Por un lado, el Gobierno establece un precio por atención y limpieza de las cafeterías de 1.688.924,15 euros al año y, por el otro, marca precios máximos para los menús, pinchos, cañas o cafés. El primero compensa el segundo, como ocurre en la cafetería del Congreso. La diferencia es que en La Moncloa están prohibidas las bebidas alcohólicas, excepto vino y cerveza.

Eso sí, el café del Congreso (0,85 euros máximo) será más barato que el de la Moncloa (un euro).