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La Audiencia Nacional exculpa al Estado y deniega la indemnización a la mujer cuyo exmarido mató a la hija de ambos

El tribunal confirma la postura del Ministerio de Justicia, que se negó a reparar a Ángela González a pesar de que la ONU concluyó que la negligencia de las instituciones dio lugar a la muerte de la niña

La mujer, víctima de violencia machista, había interpuesto más de 30 denuncias contra su exmarido en las que avisaba del peligro que corría su hija en los regímenes de visitas sin supervisión

La Audiencia Nacional argumenta que el proceso ya se juzgó en 2004, pero entonces Ángela no contaba con el dictamen de la ONU y, por ello, piden la reapertura del caso

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La madre de la niña asesinada por el padre afirma "¿cuánto cuesta la muerte de un hija?"

Ángela González perdió a su hija en 2003 al ser asesinada por su exmarido en un régimen de visitas EFE

La sala contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido exculpar al Estado español y negar una indemnización a Ángela González, la mujer que lleva librando una batalla legal desde el año 2004 por el asesinato de su hija a manos de su padre maltratador. Con esta decisión el tribunal desoye a la ONU, que en 2014 emitió un dictamen en el que reprocha la actuación de las instituciones y recomienda  otorgar una reparación a la mujer y realizar una investigación. 

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) concluyó que la negligencia de las instituciones estatales dio lugar a la muerte de la niña y reprochó al Gobierno no protegerlas. Ángela González había denunciado en repetidas ocasiones a su exmarido por violencia machista y pidió hasta en 30 ocasiones que le impidieran ver a su hija, de siete años, hasta que en una de las visitas sin supervisión él asesinó a la niña y se suicidó.

El principal argumento que utiliza la Audiencia Nacional es que este proceso ya se juzgó en el año 2004, cuando negó la responsabilidad de las instituciones. Sin embargo, la organización Women's Link Worldwide, que lleva el caso de Ángela, se ampara en que "existe un documento posterior, el de la ONU, que hace ver que la decisión fue errónea y por ello se puede reabrir y revisar el caso", sostiene Gema Fernández, abogada del colectivo. 

La batalla legal de Ángela comenzó hace 12 años, cuando presentó un escrito ante el Ministerio de Justicia que fue denegado. La mujer recurrió pero ningún tribunal le dio la razón hasta que llegó a instancias internacionales. La CEDAW emitió su informe y la defensa de Ángela volvió a activar la maquinaria. Presentó en 2014 un recurso de revisión extraordinario ante el Ministerio de Justicia adjuntando el dictamen de la ONU. Meses más tarde Justicia estimó que no cabe reclamación de responsabilidad patrimonial. Una postura confirmada ahora por la Audiencia Nacional.

"La sentencia no entra a valorar el fondo del caso y le resta valor al dictamen afirmando que no es vinculante y que son recomendaciones", sostiene Fernández. Para la defensa, esta decisión supone un "grave déficit democrático" porque, sostiene la abogada, "la firma y ratificación de convenios internacionales obliga al Estado español a proteger y garantizar derechos y no puede pretender que las decisiones de la CEDAW no tienen ningún efecto sobre sus instituciones". Ángela González, explica Fernández, "no confía en el sistema judicial", pero la organización ha confirmado que recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional. 

El maltrato físico y psicológico al que fue sometida Ángela, del que también era víctima su hija, fue denunciado en más de 30 ocasiones ante instancias policiales y judiciales. En las denuncias ponía de manifiesto el rechazo de su hija a quedarse a solas con su padre, la manipulación a la que éste le sometía y el miedo que tenía de que le hiciera algo como forma de hacerle daño a ella. Solicitaba medidas de protección para ambas, sin embargo, su exmarido solo fue condenado una vez, por una falta de vejaciones, y la pena impuesta se limitó a una multa de 45 euros.

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