Madrid amenaza con poner a una empresa pública a limpiar las calles
El Ayuntamiento de Madrid da un plazo de 48 horas a las empresas concesionarias para que lleguen a un acuerdo con los trabajadores y se ponga fin a la huelga de servicios de limpieza iniciada el pasado 5 de noviembre. “Con fecha de ayer nos dirigimos a las empresas para exigirles el cumplimiento de los servicios mínimos fijados, pero pese a las labores de escolta de la Policía, no se han cumplido”, ha dicho tajante la alcaldesa Ana Botella, quien no ha especificado en qué medida no se están respetando esos servicios mínimos, fijados en un 40% para los trabajadores de limpieza viaria y un 25% para jardinería.
Si en los próximos dos días no se llega a un acuerdo, el incumplimiento se denunciará en la Fiscalía y “el Ayuntamiento asumirá el control de los servicios” a través de Tragsa, una empresa pública que ya actuó, según Botella, en situaciones similares en Granada y Jerez. Esta solución se mantendrá, de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, “tanto tiempo como dure el conflicto” y no “supondrá ni un euro de coste a los madrileños, que ”no tienen por qué tolerar“ las ”actitudes vandálicas“ y el ”sabotaje“. Los costes deberán asumirlos, ha explicado, las empresas concesionarias.
Sobre las críticas a la innación municipal y los posibles riesgos sanitarios, la alcaldesa ha subrayado que “no existe riesgo de salud pública” y que “van a trabajar para que no exista ese riesgo”. Se ha negado a contestar a las críticas de los sindicatos y ha recalcado que quizá estos deberían tomar acción ante la “vandalización” del conflicto y responsabilizarse del incumplimiento de los servicios mínimos. Por su parte, UGT y CCOO han amenazado con presentar una demanda por vulneración al derecho de huelga si Ana Botella cumple su anuncio de contratar a Tragsa para cumplir los mínimos e lidmpieza viaria.
Tras la rueda de prensa de este martes, el gobierno municipal sigue situándose al margen del conflicto. Botella ha llamado al compromiso con los madrileños, pero ha dicho que el Ayuntamiento “no asume la responsabilidad” de una huelga “salvaje”. No ha dado respuesta a la posibilidad de modificar los contratos de adjudicación con las concesionarias para garantizar el mantenimiento del total de la plantilla (o al menos de una parte importante de ella) y ha evitado reconocer si antes de conceder los servicios a las empresas conocían las intenciones de las compañías adjudicatarias de poner en marcha un ERE.
Como ya publicó eldiario.es, el Ayuntamiento de Madrid trazó un nuevo contrato de privatización del servicio de limpieza viaria para rebajar el gasto 256 millones de euros en ocho años. La ciudad se dividió en seis zonas y las empresas que optaron al concurso firmaron en julio de 2013 los acuerdos con Madrid. Todas las contratistas renunciaron a parte del dinero presupuestado por la ciudad para ganar el concurso y todas también ofrecieron un aumento de la carga asumida de trabajo. Sin embargo, aunque existen fórmulas para sancionar a las empresas si se pierde “calidad del servicio” estas nuevas condiciones no imponen un porcentaje mínimo de operarios (como sí ocurría con los anteriores contratos), por lo que las concesionarias no están obligadas a mantener un número determinado de empleados en el servicio.
El lunes, las empresas rebajaron los más de 1.100 despidos previstos a 625, aunque proponen un expediente temporal de empleo de un mes al año sin empleo y sueldo, un 12% de ahorro en los costes (sumado al 40% de rebaja salarial anterior) y diferentes modificaciones de jornadas que no se han especificado. Según los trabajadores, en esta nueva situación, los salarios rondarían los 500 euros mensuales.
Los precedentes de la intervención de Tragsa
Para comunicar su decisión de tomar el mando de la limpieza viaria de Madrid, la alcaldesa Ana Botella ha mencionado como razón principal que no se cumplían los servicios mínimos establecidos del 40%. Y ha puesto como ejemplo dos precedentes de la intervención de la empresa pública Tragsa: la huelga de recogida de basuras y limpieza de Jerez y la de Granada.
En la primera, la alcaldesa popular decidió que Tragsa recogiera la basura de las calles tras 17 días de huelga que habían acumulado en las calles más de 3.300 toneladas de basura. También se alegó el incumplimiento de los servicios mínimos, pero sobre todo una situación de emergencia sanitaria. En cualquier caso, UGT denunció esta decisión por “vulnerar el derecho a huelga”. Finalmente, el Juzgado de lo Social Nº 2 de Jerez dio la razón al Ayuntamiento, al considerar que “el derecho a huelga no es un derecho absoluto” y que primaba el “derecho a la protección de la salud”. La sentencia establecía además que la huelga había sido muy exitosa por su repercusión pública y que la intervención de Tragsa no había minimizado el impacto social. Y para muestra, mencionaba el resultado de las medidas de fuerza: “...se acordó la retirada del Expediente de Regulación de Empleo planteado para 125 trabajadores de la concesionaria de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, aunque con recortes en el convenio colectivo”.
Si en Jerez la huelga obtuvo buenos resultados, en Granada Tragsa ni siquiera llegó a intervenir, ya que la huelga se desconvocó antes. Habían sido 13 días de paro en el servicio de limpieza viaria y recogida de basura, que había dejado en las calles de la ciudad más de 2.300 toneladas de basura.El acuerdo de los sindicatos supuso una reducción de los salarios del 2,5% en 2013, si bien se acordó una subida del 0,75% en 2014, y una subida del IPC en 2015.
Este lunes, las empresas han rebajado de nuevo el número de despidos (echarían a 625 trabajadores), aunque propone un expediente temporal de empleo de un mes al año sin empleo y sueldo, un 12% de ahorro de costes (eliminando acuerdos de centros de trabajo, forzando jubilaciones y bajas incentivadas) y modificaciones de jornadas. Los trabajadores temen también que les rebaje el sueldo a la mitad. Según los trabajadores, los sueldos medios “se quedarían aproximadamente en 500 euros”. En cambio, las contratas aseguran que el salario medio actual de los trabajadores con 15 años de antigüedad es de 23.073 euros brutos anuales, y defienden que los sueldos han aumentado un 20,34% durante la crisis. Su intención es “negociar sobre un recorte máximo del 20%, en ningún caso del 43%”, como temen los trabajadores
