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El fiscal pide penas de hasta 30 años a los acusados de una red de "proxenetas del vudú"

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El fiscal pide penas de hasta 30 años a los acusados de una red de "proxenetas del vudú"

El fiscal pide penas de hasta 30 años a los acusados de una red de "proxenetas del vudú"

El fiscal pide penas de entre cinco años y medio y 30 años de cárcel para los diez acusados que desde hoy son juzgados en Barcelona por integrar una red de proxenetas que atemorizaban a prostitutas nigerianas con ritos de vudú y que hoy se han desvinculado ante el tribunal de la trama delictiva.

En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra diez supuestos miembros de la banda de "proxenetas del vudú", desarticulada por los Mossos en 2012, acusados de explotar sexualmente a jóvenes nigerianas a las que forzaban a que se prostituyeran para saldar las deudas de 30.000 a 50.000 euros que habían contraído para que las sacaran de su país.

Según el fiscal, para mantener cautivas a las chicas las amenazaban con daños contra ellas o los familiares que seguían en el país de origen y con frecuentes malos tratos, y se garantizaban su fidelidad atemorizándolas con ritos de vudú.

En el juicio, que está previsto que quede visto para sentencia a mediados del próximo mes de diciembre, los acusados se han desvinculado de cualquier organización criminal, han negado que se lucraran con la prostitución y han alegado que las conversaciones telefónicas intervenidas que les involucran las hicieron personas a las que dejaron sus teléfonos.

El fiscal cree por el contrario que los acusados integraron una red -asociada con la organización criminal Supreme Eiye Confraternity, una de las más importantes de Nigeria- que entre finales de 2007 y de 2012 se dedicó a la captación e introducción en España de jóvenes nigerianas para su explotación sexual.

La banda de "proxenetas del vudú" captaba a mujeres jóvenes, vulnerables y sin recursos en Nigeria y les ofrecían trasladarse a España para trabajar y formarse profesionalmente, aunque el objetivo real era forzarlas a ejercer la prostitución, según el fiscal.

Tras una odisea para llegar a España -en algunos casos con patera- la organización exigía a las chicas que saldaran la deuda contraída de entre 30.000 y 50.000 euros por el traslado y por la falsificación de documentos de identidad.

Según el fiscal, las chicas, que no tenían vínculos personales o familiares en España y que no podían acceder al mercado laboral, se veían entonces forzadas a ejercer la prostitución, con frecuentes malos tratos, amenazas sobre ellas o sus familiares y con ritos de vudú -una tradición muy arraigada en Nigeria-.

En algunos casos, según el fiscal, algunas de las mujeres que empezaron ejerciendo la prostitución fueron subiendo peldaños en el escalafón de la organización, para encargarse directamente del control, vigilancia y recaudación de las nuevas víctimas.

De los diez acusados -cinco hombres y cinco mujeres-, en la primera sesión del juicio han comparecido hoy los primeros seis, que se han desvinculado de la supuesta trama de proxenetas y han negado cualquier relación con la prostitución.

Al menos dos de las acusadas -que declararán mañana- sí que reconocen que ejercieron la prostitución, aunque también niegan que formaran parte de la red de proxenetas.

La acusación se sustenta en una laboriosa investigación de los Mossos, que intervinieron los teléfonos de varios de los acusados y captaron conversaciones comprometedoras, en las que se les oye hablando de que algunas chicas no pagan las deudas contraídas.

Sin embargo, ante el tribunal los acusados han alegado que, si bien algunos de los teléfonos intervenidos eran suyos, en ocasiones lo dejaban a otras personas, por lo que no se hacen responsables de todo lo que se les atribuye.

Pese a que los Mossos d'Esquadra obtuvieron la declaración de cinco prostitutas en calidad de testigo protegido -su comparecencia judicial en fase de instrucción se ha convertido en prueba preconstituida-, una vez que el caso llegó a la Audiencia de Barcelona las mujeres dejaron de tener la condición de protegidas, de forma que a las puertas del juicio únicamente se ha podido localizar a una de ellas, que está previsto que declare a mediados de este mes, según fuentes judiciales.

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