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Glosario para entender un año de recortes sanitarios (y lo que nos espera en 2014)

Copagos, nuevas carteras de servicio, correcciones de plantilla: una guía para no perderse entre los eufemismos del Gobierno sobre las medidas adoptadas en 2013

Y las claves de lo que vendrá en 2014: privatización de los hospitales madrileños, aplicación del copago en las farmacias hospitalarias, regulación de la ley del aborto...

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La ministra de Sanidad, Ana Mato.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha seguido buscando durante este año eufemismos de lo más originales para definir las medidas que iba tomando. Afinando este recurso, para referirse al copago de medicinas en los hospitales Mato acudió a un circunloquio que culminó en un gélido "participación del paciente" en su tratamiento. Tras excluir a muchas mujeres de una reproducción asistida asequible y justificarlo en que debe limitarse a los casos en los que haya problemas de salud, zanjó la polémica con un: "La falta de varón no es un problema médico". La ministra aseguró estar "cómoda con la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón. La justificó con el argumento de que hace "compatible el derecho a la vida del no nacido con los derechos de la mujer embarazada".

Beneficios (para la sanidad privada): Aunque las cuentas del sector no se cierran todavía, las clínicas privadas con ánimo de lucro no han dejado de ganar dinero (en muchas ocasiones proveniente de los fondos públicos mediante conciertos y privatizaciones de gestión). En su último ejercicio conocido, la sanidad privada ingresó 6.925 millones, y un 37% de ese dinero procedía de fondos públicos.

Cartera de servicios: El Gobierno ha concretado su "regularización" de la Cartera Básica Suplementaria con la que pretendía reducir aún más el gasto, según explicó en un informe remitido a Bruselas. Al no dotar a estas prestaciones de carácter prioritario, los pacientes que requieran suplementos alimenticios para celiacos o diabéticos, prótesis o transporte no urgente tendrán que aportar una parte del precio de su bolsillo. Algunos procesos como la reproducción asistida se restringen. "Razones médicas" es la nueva exigencia para que el sistema público se haga cargo.

Copago farmacéutico: 2013 ha sido el primer año completo de aplicación del copago en las farmacias y de la exclusión de 400 medicamentos de la financiación pública. La Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMERGEN) ya ha avisado de que "muchos enfermos crónicos no están retirando sus medicinas" debido a esta medida. Sanidad mide el éxito de su política en el "ahorro de 2.690,4 millones de euros en 17 meses". Sin embargo, los últimos cinco registros (de julio a noviembre) demuestran incrementos del gasto respecto a 2012.

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En octubre, el Ministerio que dirige Ana Mato puso en marcha el copago en las farmacias hospitalarias. No se hizo efectivo porque las Comunidades Autónomas lo recurrieron o fueron incapaces de implementar el sistema de cobro. Debe hacerse efectivo el 1 de enero aunque, por ejemplo, el Gobierno de Castilla y León (PP) afirmó el 27 de diciembre: "Ante la respuesta negativa del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado el pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla y León ha decidido emprender acciones judiciales para solicitar la paralización de esta medida".  

Euro por receta: El año arrancó con esta tasa activa en la Comunidad de Madrid y recurrida por el Gobierno central en Cataluña. En enero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy repitió el recurso ante al Tribunal Constitucional, lo que paralizó inmediatamente el pago aprobado por Ignacio González y su consejero de Sanidad, Javier Fernánez-Lasquetty. Pero esta medida sigue pendiente de lo que diga el TC y los dirigentes madrileños lanzaron su aviso:  "Reclamaremos con retroactividad lo que no se ha pagado".

Inversión: El dinero público que sostiene la sanidad mengua y desde ahí, toda la cascada de efectos se precipita. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha calculado, con los presupuestos oficiales de cada Comunidad Autónoma, que en conjunto la rebaja de inversión por habitante y año ha llegado a los 152 euros desde 2010. La Estadística de Gasto Sanitario refleja que este 2013, el sistema de salud funciona con 3.000 millones menos que hace tres años.

Listas de espera: Es una de las consecuencias más palpables de la desinversión y los recortes. Aunque no en todas las regiones han evolucionado igual en 2013, en algunas comunidades, como Madrid, se ha registrado el mayor número en la historia de pacientes aguardando a ser intervenidos. Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Murcia tampoco han aliviado su atasco quirúrgico.

Plantilla: Los sanitarios que cuidan la salud de la población tienen cada vez más tarea. La plantilla dedicada a la sanidad en España, según la Encuesta de Población Activa había perdido 52.000 efectivos desde 2009. El Ministerio de Hacienda sólo reconoce una pérdida de 25.543 entre 2012 y 2013. No incluye a los sanitarios contratados como personal laboral y eventual. Los quirófanos de los hospitales, los turnos de Atención Primaria en los centros y las urgencias son los que se ven perjudicados por una plantilla podada.

Privatización: 2013 ha sido el año de la lucha en cualquier frente contra la cesión a empresas privadas de la gestión de hospitales. Madrid puso en subasta seis centros y al calor de esta corriente, Castilla-La Mancha anunció lo mismo para otros cuatro hospitales. Una batería de huelgas profesionales, marchas ciudadanas (la marea blanca) y recursos legales trabó la privatización hasta que fue suspendida en Madrid por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En enero se aguarda una resolución. Hay tres contratistas (HIMA San Pablo, Sanitas y Ribera Salud) con hospitales adjudicados a la espera de hacerse cargo de su gestión. Ante el, momentáneo fracaso de la experiencia madrileña, la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, echó el freno privatizador.  

Puertas giratorias:

El juez confirma la imputación de dos exconsejeros madrileños de Sanidad

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 En estos 12 meses, el trasvase entre responsables de la sanidad pública y empresas privadas del sector ha fluido con vigor. En enero, el exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes tuvo que salir del consejo de la empresa Unilabs que se había hecho con la adjudicación de los análisis clínicos públicos que él mismo había asignado. También ese mes, una exdirectora general de la región, Elena de Mingo, fue detectada en el personal de la consultora sanitaria Antares. Otro exconsejero de Sanidad con Esperanza Aguirre en Madrid, Manuel Lamela, apareció como consejero en la empresa Assignia, que gestiona un hospital que había sido privatizado en tiempos de Lamela. Meses más tarde, una sociedad presidida de Lamela (BAPPH) fue contratada por el Ministerio de Sanidad para diseñar la privatización de los hospitales de Ceuta y Melilla.  

En octubre se confirmó la imputación de estos dos exconsejeros por su participación en la privatización de hospitales ya que podría "ser constitutiva de delito". Junto a ellos, deben pasar por delante del juez una viceconsejera y un director general.

Las claves de 2014

En los próximos 12 meses la justicia tendrá mucho que ver con la sanidad. Debe resolverse en los tribunales el recurso contra la privatización de hospitales en Madrid. La sentencia hará que esta iniciativa del Gobierno de Ignacio González se olvide durante mucho tiempo o, por el contrario, que se acelere si se levanta la suspensión. A partir de ahí, otras regiones imitarán el camino de la Comunidad de Madrid. También por los juzgados pasará la cúpula sanitaria madrileña que puso en marcha la cesión masiva de servicios a empresas privadas.

Además, con el plazo dado por el Ministerio de Sanidad vencido, las CC AA tienen que empezar a cobrar una parte de los medicamentos a los pacientes en las farmacias hospitalarias.

También en Madrid, el Gobierno planea sacar a concurso un puñado de centros de salud de Atención Primaria.

Aunque la reforma de la ley del aborto la impulsa el ministerio de Justicia, Sanidad tendrá protagonismo en la negociación parlamentaria de cómo quedará finalmente la aplicación en el día a día. Por ejemplo, se habla de que sanitarios del sistema público tengan que firmar los certificados necesarios para interrumpir un embarazo, y aún no está claro si se destinarán más funcionarios para el nuevo y "completo" asesoramiento de las mujeres que quieren abortar.  

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