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INTERNACIONAL

Presupuesto para investigar abusos contra los derechos humanos en Filipinas: 16 euros al año

El Congreso de Filipinas, dominado por los seguidores de Duterte, ha votado recortar el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos de 12 millones de euros en 2017 a tan solo 16

Este organismo ha criticado en varias ocasiones la guerra contra las drogas iniciada por Rodrigo Duterte, que ha dejado miles de muertos, muchos de ellos menores

“Si quieres proteger los derechos de los criminales, que te den ellos tu presupuesto”, ha afirmado el presidente de la Cámara

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Los datos del Gobierno muestran que la policía ha matado a cerca de 3.500 "personalidades de la droga". EFE

Los parlamentarios filipinos aliados de Rodrigo Duterte han votado a favor de asignar 1.000 pesos (16 euros) del presupuesto del año que viene a la Comisión de Derechos Humanos, la agencia del Gobierno que está liderando las críticas a su sangrienta guerra contra las drogas.

Duterte, cuyos seguidores controlan la Cámara Baja del Congreso, ha arremetido contra este organismo en varias ocasiones, que ha condenado las miles de muertes a manos de las fuerzas policiales durante los últimos 15 meses en el cargo del presidente.

El presidente de la Cámara, Pantaleon Álvarez, un aliado cercano de Duterte, ha afirmado en una entrevista de televisión que la Comisión de Derechos Humanos se merece un presupuesto pequeño por ser un organismo “inútil”.

“Si quieres proteger los derechos de los criminales, que te den ellos tu presupuesto”, ha asegurado. “Es así de simple. ¿Por qué deberías recibir un presupuesto del Gobierno si no estás haciendo tu trabajo?”.

El congresista Edcel Lagman sostiene que los defensores de Duterte están “condenando prácticamente a muerte a una oficina independiente creada con mandato constitucional”.

En 2017, la Comisión de Derechos Humanos tenía un presupuesto de 749 millones de pesos (12 millones de euros) y para 2018 había solicitado prácticamente el doble. La votación presupuestaria no es final y requerirá otra votación y la aprobación del Senado.

Phelim Kine, director adjunto para Asia de Human Rights Watch, afirma que la votación “es parte del intento de la Administración de Duterte por impedir a las instituciones independientes el control sobre sus abusos, particularmente en el contexto de la brutal guerra contra las drogas que se ha cobrado la vida de miles de personas, incluidas decenas de niños”.

Agnes Callamard, enviada especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, ha calificado el nuevo presupuesto de “reprobable e inadmisible”.

Apodado como “el castigador” por sus tácticas letales, Duterte ha amenazado previamente con eliminar la  Comisión de Derechos Humanos, un organismo que desprecia por sus críticas a la campaña de matanzas, aunque posteriormente dijo que su amenaza fue solo una “broma”.

Duterte ha afirmado que sería  “feliz de matar” a millones de adictos y ha expresado que las muertes de menores son un “daño colateral”. La Unión Europea ha citado “informaciones creíbles” sobre la falsificación de pruebas por parte de la policía para justificar las matanzas extrajudiciales.

Desde que el exalcalde de la ciudad de Davao se convirtió en presidente el pasado julio, los datos del Gobierno muestran que la policía ha matado a cerca de 3.500 “personalidades de la droga”, aunque los activistas afirman que estos son solo supuestos consumidores de drogas y traficantes a pequeña escala. Más de 2.000 personas han muerto en crímenes relacionados con la droga y otros miles han sido asesinados en circunstancias desconocidas, de acuerdo con la información policial.

Chito Gascón, director de la  Comisión de Derechos Humanos, afirma que la votación para la reducción presupuestaria es un intento de forzar su dimisión y ha asegurado que va a llevar el caso al Tribunal Supremo si es necesario. “La principal razón por la que no puedo dimitir es porque hacerlo sería debilitar la propia institución”, ha asegurado.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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