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Carta de Juana Rivas leída en la concentración de Granada

Hola a todos y a todas. Yo soy esa Juana Rivas Gómez a la que tanta gente está juzgando sin saber nada prácticamente de la auténtica pesadilla de terror a la que nos hemos enfrentado mis dos hijos y yo. Yo desde hace casi 13 años, ellos desde antes de nacer, no tendríamos que estar así. Ni yo escondida con mis hijos ni vosotros manifestándoos. Ante todo un enorme gracias a todos aquellos que conocéis la empatía y desde lejos y cerca nos estáis apoyando.

No tengo suficientes palabras de agradecimiento pero sí un corazón que se expande sin límite hacia las personas con humanidad. Estoy huida pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley. Pues la ley es la que se ha saltado a la torera desde la primera jueza. Si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí. Si la jueza hubiera enviado los papeles a Italia hace un año, el convenio de La Haya no estaría amenazando a mis hijos sino protegiéndolos.

También ha sido una chapuza la psicóloga que atendió a mis hijos porque no estaba preparada para trabajar con niños que han sufrido maltrato y ni siquiera estaba colegiada. Mi hijo relata su historia de terror que no aparece en el informe. Quiero mandar este mensaje a la Jueza de Primera Instancia del Juzgado número 3 de Granada; por favor, si en su mano aún queda algo en lo que nos pueda ayudar, que lo haga por favor. Que está todo documentado y que tanto mis hijos como yo merecemos un respeto. Estos jueces están pagados con el sudor de todos los españoles. Incluida yo que siempre he estado cotizando. Con mucho respeto merecemos ser escuchados y que las leyes se usen realmente para proteger a los menores. Lejos de política o qué se yo qué intereses. Que aquí lo importante son mis hijos que están en peligro por errores judiciales. Quiero pedirle a este juez y a todo el que nos puede juzgar, que encamine este proceso hacia la cordura. Hacia la coherencia. Mis hijos están en peligro si dejamos caminar esta injusticia que nos está martirizando.

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MSF: los traficantes, los naufragios, los rescates marítimos y las leyes que deben respetarse

Equipos de rescate de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo durante una operación de rescate en el mar Mediterráneo.

Voy a tratar de explicar por qué es posible salvar vidas en el mar respetando la ley y sin perjuicio de la independencia humanitaria.

Médicos Sin Fronteras (MSF) decidió trabajar en el mar Mediterráneo a raíz de que la Unión Europea pusiera fin a sus operaciones de salvamento y rescate. Comenzamos nuestras actividades tras los trágicos naufragios que tuvieron lugar a principios de 2015. Desde entonces, operamos en cumplimiento de las leyes, bajo la coordinación de la Guardia Costera italiana. Participamos de manera constructiva en la consulta del código de conducta, y hace un año propusimos un Memorando de Entendimiento a las autoridades italianas para coordinar mejor las actividades de rescate. Desafortunadamente, este código no tiene la prioridad de salvar vidas (incluso amenaza con reducir la capacidad actual) y quiere involucrar a las ONG en un sistema institucional que no tiene una finalidad puramente humanitaria.

Sin embargo, los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, reconocidos internacionalmente, son reales y tienen implicaciones muy prácticas: el demostrar que tenemos el único objetivo de proporcionar asistencia nos garantiza tanto el acceso a las poblaciones vulnerables, como la seguridad de nuestros equipos en todo el mundo. Por esta razón, la acción humanitaria debe ser siempre distinta – en hechos y percepción – de cualquier actividad de investigación o político-militar. Está claro que MSF no tiene ningún problema con aceptar la presencia de la policía a bordo, hecho que ya sucede en cada desembarco. Pero en ninguno de los 70 países en los que trabajamos, aceptamos armas en nuestros proyectos. Es una condición esencial que desde hace 46 años pedimos que sea respetada por las fuerzas de seguridad, los ejércitos y los grupos armados, en las áreas más conflictivas del planeta y tanto en zonas de guerra como en entornos de paz. El Mediterráneo no está en guerra. Pero el número de muertes corresponden a los de un conflicto (una vida se pierde cada dos horas). Y es un contexto militarizado, donde se encuentran fragatas italianas y de otros países, así como la Guardia Costera libia (que el año pasado nos disparó en aguas internacionales) y traficantes armados.

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Por qué España no debe extraditar al periodista turco Hamza Yalçin

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Desde hace tiempo, en la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información venimos denunciando las detenciones masivas e indiscriminadas de decenas de miles de periodistas, juristas, funcionarios y académicos sin el menor respeto a las garantías propias de un estado democrático y de un aliado de España.

No podemos olvidar que desde hace un año el Convenio europeo de Derechos Humanos se encuentra suspendido en este país.

Los datos así lo acreditan. En lo que respecta a la libertad de prensa, en la actualidad se encuentran en Turquía 164 periodistas detenidos, lo que le convierte en el país del mundo con más informadores en prisión, según el International Press Institute. Además, se han cerrado más de 150 medios de comunicación por decreto y cientos de organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas.

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Juana y el derecho de las mujeres a la desobediencia

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“En Estados Unidos y en otros países capitalistas, las leyes contra la violación fueron originariamente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones que podían sufrir sus hijos e hijas. Habitualmente, los tribunales han prestado poca atención a lo que pudiera ocurrirles a las mujeres de clase trabajadora, y por consiguiente, el número de hombres blancos procesados por violencia sexual infligida a estas mujeres es extraordinariamente reducido”.

Ángela Davis. 'Mujeres, clase y raza', 1981.  

La situación a la que se enfrentan Juana  y sus hijos no es un caso aislado. Hay muchas mujeres que se encuentran en una situación similar: en algunos casos sus ex parejas y padres de sus hijos son maltratadores, en otras son abusadores sexuales. Sabemos que la Justicia no responde protegiéndolas sino, en demasiadas ocasiones, priorizando los derechos de estos. Y no se trata únicamente de cuestionar la ley actual, que desde luego necesita ser cambiada. Es un avance que desde 2015 la ley contemple a los hijos de mujeres maltratadas como víctimas directas, pero no es suficiente: cinco niños han muerto en lo que va de año en manos de sus padres maltratadores. En algunos casos, como el de un niño en A Coruña de sólo once meses, la madre había interpuesto dos denuncias. En otros casos, como en el caso de Ángela González eran más de 30 las denuncias. No surtieron ningún efecto y el padre mató a la niña durante una de sus visitas.

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En torno a la necesidad de un nuevo escenario para Cataluña

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Palau de la Generalitat

La negativa del gobierno de Rajoy a dialogar con el gobierno de Cataluña y negociar la posibilidad de que el pueblo catalán pueda expresarse sobre el futuro de Cataluña, ha tenido por respuesta de la Generalitat la convocatoria de una consulta unilateral, que pretenden sirva de base para proclamar en 48 horas la independencia de Cataluña. Esta decisión, lejos de encauzar los legítimos derechos del pueblo catalán, contribuye a potenciar —aún más— la confrontación interna y externa así como potenciar un nacionalismo español de nefasto recuerdo en nuestra historia.

En este sentido, si la intención del gobierno de Cataluña hubiera sido dar la posibilidad de que el pueblo catalán se expresara libre y democráticamente sobre su futuro, se hubiera planteado un proceso en el que se pudieran expresar, tanto en el debate como en la propia votación, todas las posiciones que existen en la actual sociedad catalana, desde la independentista, hasta el mantenimiento de la actual situación, pasando por la propuesta federal y/o la confederal. Pero el gobierno de la Generalitat no busca la libre y democrática expresión de la voluntad del pueblo catalán, sino realizar un plebiscito sobre su propuesta independentista y para ello plantea la cuestión, incluso en la papeleta de la consulta, como una confrontación entre mantener la actual situación o la independencia. Por tanto, la consideración consecuente es la de no participar en esta consulta, porque se esta excluyendo la posibilidad de que se exprese nuestra opción federalista, ya que votar NO en la consulta será respaldar la actual situación, y votar SÍ significaría apostar por una independencia que consideramos negativa para el pueblo catalán. Incluso la abstención no nos sirve, porque vendría a legitimar una consulta de la que ha sido excluida la propuesta federal que según todas las encuestas, tiene un alto respaldo en Cataluña.

Desde esta posición, considero que esta situación esta llevando no solo al pueblo catalán, sino al conjunto de pueblos que configuran el Estado, hacia un callejón sin salida, cuyas consecuencias sufrirán una vez más, la clase trabajadora y las capas populares tanto de Cataluña como del resto del Estado.

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Llamazares y la honestidad en política

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Gaspar Llamazares y Alberto Garzón a su llegada a un mitin

Estos días hemos conocido que Gaspar Llamazares ha fundado un nuevo partido político, que tiene vocación electoral, y también hemos sabido que se lo comunicó a Pedro Sánchez en una reunión privada que tuvo lugar a mediados de julio.

En primer lugar, llama la atención ese gesto de cordialidad con el líder del PSOE, porque tanto Ramón Argüelles, coordinador de IU Asturias, como yo mismo, coordinador de IU Federal, nos hemos enterado de los planes de Llamazares por la prensa. Desde luego, lo más grave es que la militancia de IU tampoco sabía nada. Y ya me diréis qué hay de normal en que los dirigentes de otro partido político se enteren antes que la propia gente a la que se representa como cargo público. Es verdad que todos intuíamos que algo se tramaba, pues veíamos ciertos indicios en los medios de comunicación, pero Llamazares, que lleva meses sin ir a las reuniones de IU Federal, no ha dado nunca ninguna explicación ni a la militancia que le hizo candidato ni a los órganos de IU a los que debería representar.

En segundo lugar, es de sobra conocido que Llamazares discrepa de la posición política de Izquierda Unida. Esto es totalmente legítimo, pues nuestra organización es plural y diversa y así ha de seguir siendo. La clave es que tomamos las decisiones colectivamente, y en la última asamblea federal de IU la candidatura de Llamazares obtuvo un 4% de los votos mientras que la que representa a la actual dirección obtuvo un 75%.

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Carta a Jaume Asens: De las verdades a medias

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Estimado colega. Leo  un artículo suyo en eldiario.es en que se refiere a otro  mío  publicado el día 31 de julio pasado en la Vanguardia y considero necesario precisar algunas de las afirmaciones que realiza. Me referiré al ámbito jurídico aspecto que ambos compartimos, ya que no el político que  representa desde su cargo en el consistorio barcelonés.

Observo pues en el texto una serie de aspectos que debo matizar. Las menciones que realiza al Tribunal Europeo de Derechos (TEDH) en relación a las presuntas torturas y malos tratos policiales a presuntos miembros de Terra Lliure, en 1992, no son correctas. El Tribunal sentenció que no se constató, ni acreditó que se hubieran producido esas prácticas y que las denuncias no fueron suficientemente investigadas por la instancia judicial en que así debería haberse realizado, no que el juez de la Audiencia Nacional –es decir yo como titular del Juzgado Central de Instrucción 5– hubiera dejado de investigar. En ese sentido, como imagino habrá analizado, no se realiza reproche a mi gestión.

Pero empecemos por el principio. Terra Lliure es el nombre de una organización terrorista armada independentista catalana fundada en el año 1978. En su haber, hasta su desaparición, figuran más de 200 atentados, con cinco víctimas mortales (cuatro de ellas miembros de la organización) y varias decenas de heridos. Durante el tiempo en que actuaron, las Fuerzas de Seguridad del Estado llegaron a detener a 300 personas vinculadas a la organización. En 1992, dirigí desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional una operación relacionada con Terra Lliure procedente de una investigación que durante dos años estuvo realizando la Guardia Civil, en la que resultaron detenidas 15 personas. En 1995 diez de ellas fueron juzgadas por la sala Penal de la Audiencia Nacional. El resultado fue de seis condenados a penas de uno a 10 años por pertenencia o colaboración con banda armada y cuatro, absueltos.

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La extinción de la "Fundación" Francisco Franco: una cuestión de interés general

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Foto compartida en Twitter por la Fundación Francisco Franco del 1 de abril de 1939.

En España existe una organización fascista que en sus estatutos recoge abiertamente como fines la "exaltación" y el "enaltecimiento" de Francisco Franco, así como "contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española". La cosa no queda en declaración de intenciones. Sus miembros se dedican, efectivamente, a vejar públicamente a las víctimas de la dictadura, negando los crímenes franquistas con total impudor (" Franco no fusiló a nadie"). A intentar intimidar a cargos políticos y a artistas, presentando querellas infundadas y profiriendo amenazas que remiten a lo peor de nuestra historia (" Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!"). A ofrecer asesoría para incumplir la ley (en particular, claro, la de Memoria Histórica). También a poner financiación pública y bienes de interés cultural al servicio de la apología del franquismo.

La realidad es que la Fundación Francisco Franco, con la Constitución y con la ley en la mano, no puede tener reconocida la naturaleza de "fundación". Su mera existencia vulnera no solo la Ley de Fundaciones, sino la propia Constitución, que vincula directamente el ejercicio del derecho de fundación a la persecución de fines de interés general. El artículo 34.1 de la Constitución Española establece, en efecto, que "se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley". A su vez, según el artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, "las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico".

¿Cómo es posible que siga existiendo una fundación que no solo no persigue ninguno de los fines mencionados en esa larga lista, sino que cuya actividad está directamente encaminada contra algunos de los más importantes allí enumerados? ¿Cómo puede ser legal una fundación que difunde el desprecio por los derechos humanos y por las víctimas de la violencia, que exalta la dictadura contra los valores constitucionales, los principios democráticos y la tolerancia, que vincula su forma jurídica y su patrimonio al servicio de intereses que rayan en lo delictivo y son absolutamente contrarios a cualquier noción razonable de interés general?

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El olor de las empresas multiservicio

Un piquete de trabajadores protesta contra el uso de una empresa multiservicios

En la Unión General de Trabajadores llevamos años propiciando un debate sobre las empresas multiservicio (EMS) desde el reconocimiento de sus problemas, que están empobreciendo a los trabajadores y las trabajadoras de sectores enteros.

Tenemos un claro ejemplo, en plena etapa estival, sobre sus efectos en el sector turístico, caldo de cultivo para su acción. Un sector con aportaciones importantes a nuestro PIB —datos del Banco de España indican un incremento de casi 12% de los ingresos que generan los turistas extranjeros en los cinco primeros meses del año— y que tiene una tasa de temporalidad del 36,1%, bajos salarios y en muchas ocasiones condiciones de trabajo lamentables.

En estos meses de 2017, intensificando nuestra acción, hemos azuzado al Gobierno en la mesa de calidad en el empleo insistiendo en las propuestas de modificación de artículos del Estatuto de los Trabajadores relacionados con la subcontratación y externalización. Entendemos que su responsabilidad es indiscutible. Dichos contenidos ya los presentamos a los Grupos Parlamentarios tras acordarlos, conjuntamente, con Comisiones Obreras.

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En defensa del juez Baltasar Garzón

Baltasar Garzón con varios familiares en un encuentro en El Toro (Castellón)

Por lo que veo, a Baltasar Garzón aún le persiguen las consecuencias de su iniciativa contra Terra Lliure. No soy especialista en la rama, pero tengo entendido que en aquella operación hubo condenas en firme por terrorismo, luego no iba tan descaminado el juez…

Recuerdo que efectivamente, la Justicia Internacional condenó AL REINO DE ESPAÑA y no a Garzón, que no solo salió libre de cargos sino que además hoy existe un Protocolo aportado por él precisamente para evitar situaciones de tortura. En el pronunciamiento de aquellos jueces está escrito que la actuación de Garzón se ajustó a Derecho, pero el acoso contra él persiste.

En el artículo que ha publicado en eldiario.es el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens se le perdonan unas cosas y se le acusa de otras, pero me llama la atención que se oculte su compromiso con la Memoria Histórica, no sólo demostrado en su actuación en el caso Pinochet y con su sacrificio personal en el tema de las víctimas del franquismo, que junto con la Gürtel (creo que ambos casos van unidos) causó su defenestración de la Carrera Judicial.

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