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Lo que puede hacer el Parlamento para corregir la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres

Operarias en una conservera

La intensidad de la denuncia contra la brecha salarial, acrecentada a medida que se acerca el día europeo para la igualdad salarial, es sin duda una buena noticia. Preocupa, sin embargo, que la discriminación retributiva se mantenga, se banalice o incluso se llegue a admitir como endémica e irresoluble si los Poderes Públicos no se implican en su eliminación. Dos días antes del día europeo por la igualdad salarial se defenderá por primera vez en el Congreso una ley integral para la igualdad retributiva, y este acontecimiento no puede pasar inadvertido.

La proposición de ley registrada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el 24 de octubre de 2017 (PLIR) es un texto muy ambicioso, en algunos aspectos pionero, susceptible de cambiar conciencias, actuando más allá de la mera declaración de intenciones. Es una norma técnica, en algunos aspectos compleja, que merece ser adecuadamente difundida y expuesta. Este es el objetivo del presente artículo.

La PLIR se enfrenta a un problema real. Según EUROSTAT (datos oficiales de la UE) la brecha salarial se puede medir de dos formas: (i) El Gender Pay Gap es la diferencia entre la retribución por hora de hombres y mujeres contratados a tiempo completo y arroja un resultado del 16,3% en la UE y del 14,9% en España. (ii) El Gender Overall Earnings Gap compara las ganancias anuales de hombres y mujeres en activo con independencia de su tipo de contrato por lo que tiene en cuenta los huecos sin retribución por trabajo a tiempo parcial o por rotación laboral, las excedencias, permisos o abandonos. Es del 39,6% en la UE y del 35,7% en España. Nótese que no hay datos contradictorios, sino diferentes parámetros de medición. Adviértase también que a medida que se incorporan más factores “realistas” acerca de la verdadera situación de la mujer en el mercado de trabajo (tiempo parcial, ausencias y rotación) la brecha se acrecienta.

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Estamos perdiendo la batalla para salvar el clima (y nuestra supervivencia)

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Varios manifestantes sujetan una representación de la Tierra en la última cumbre del clima.

La retórica ya no sirve contra el cambio climático.  La filtración del borrador del informe que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) está preparando y que será clave en las negociaciones de la próxima cumbre del clima COP24, ha puesto en evidencia que estamos perdiendo la batalla global para salvar el clima.

Quizá a más de uno le sorprenderán o le aterrarán – o quizás las dos cosas- algunas de las afirmaciones que se recogen en el informe, como que  "limitar el calentamiento global a 1,5ºC (en 2100) requerirá una rápida y profunda reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)" o que alcanzar los 2ºC conlleva un importante aumento en la intensidad de las consecuencias del cambio climático. Pero en cualquier caso, entenderá que la cosa no pinta demasiado bien: incluso cumpliendo los actuales compromisos del Acuerdo de París el problema no desaparecerá.

Ya es imposible seguir mirando a otro lado o echar balones fuera. Algunos lo venimos diciendo hace tiempo: hay que ser mucho más ambiciosos, y de manera muy urgente. El informe es contundente y pone negro sobre blanco la imposibilidad de dilatar más la toma de medidas efectivas, ya que si continuamos con las políticas actuales será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC. De hecho, el borrador del informe ya considera que no nos encontramos en disposición de alcanzar ciertos horizontes: "Incluso con la mitigación de emisiones de CO2 más restrictiva considerada en un escenario de 1,5ºC, si el resto de las emisiones de los elementos responsables del cambio climático no se reducen significativamente, existe una probabilidad mayor del 66% de que la temperatura global supere los 1,5ºC".

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Las ventajas de la profundización democrática

Comité Federal del PSOE

Desde los años 2000, y especialmente a partir del 2011, el PSOE ha sido muy consciente de que debía profundizar en medidas democráticas de calado, tanto en su estructura orgánica como en su funcionamiento interno. Buena parte de nuestra credibilidad como proyecto político dependía de esas reformas. Así lo hicieron distintos responsables de la dirección del Partido, y así lo entendimos también en la etapa 2014-2016, donde el PSOE adoptó varias decisiones pioneras en este sentido, tales como el primer reglamento interno que desarrollaba los procesos de primarias del PSOE a todos los niveles, el primer proceso de primarias abiertas para elegir a nuestros candidatos a la Presidencias Autonómicas y a la Presidencia del Gobierno, el primer proceso de primarias internas del PSOE para elegir a nuestros candidatos municipales en las ciudades de más de 20.000 habitantes, la realización de la primera consulta a la militancia para decidir algo tan importante como un pacto de gobierno y, por último, hicimos realidad el voto telemático con plenas garantías, con una primera experiencia en la consulta a la militancia para decidir sobre nuestros acuerdos de gobierno.

En el último Congreso Federal del Partido del pasado verano se impulsó un nuevo proceso de modernización y profundización democrática. Un paso necesario, porque procesos vanguardistas llevados a cabo como la consulta a la militancia debían ser reglamentados para convertirlos en normalidad, y porque procesos normalizados como las primarias para elegir nuestros candidatos debían avanzar para consolidarse dentro de la vida del partido más abierto y democrático de España, pasos que el PSOE viene dando desde su fundación. Los procesos participativos y su compatibilidad con la democracia representativa y con las estructuras de dirección del partido han sido siempre una constante, lo que ha permitido consolidar la participación de la militancia y de los simpatizantes del PSOE.

Algunas medidas se han comentado estos días, pero me gustaría respaldarlas públicamente a través de estas líneas. Me refiero a reglamentar el poder de la militancia, al igual que siempre hemos reglamentado el poder de los distintos órganos de dirección del Partido entre sus congresos. Porque si aprobamos un derecho directo a los militantes para elegir a sus órganos de dirección, los mismos tienen que tener un papel para retirar la confianza a los representantes de dichos órganos. En definitiva, era necesario compatibilizar el poder de la militancia con los órganos de control del partido, y en ese sentido es un gran avance que el nuevo reglamento recoja a la militancia como el máximo órgano entre congresos a estos efectos, otorgándole el poder con su voto para constituirse en la última estancia para censurar a un secretario general.

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La gramática del consenso

No falla. Es nombrar la reforma electoral y al instante los portavoces del bipartidismo sacan de la chistera el manoseado señuelo del “consenso”.  Pero, de puro viejuno, el truco hace ya mucho que no cuela entre una ciudadanía considerablemente más formada y exigente que la de hace 40 años. Y, si hay algo que subyace bajo la espontánea sensación de extrañeza que provoca esa apelación a un fantasmal “consenso”, son razones bien fundadas.

Hay, en primerísimo lugar, una contradicción meramente semántica. Esto es, un uso incorrecto del lenguaje en el nivel léxico, el habitual, para entendernos, en los niños: “eso no se dice así”. Cuando dos partidos que suman alrededor de un tercio del electorado proponen una modificación de las reglas, carece de lógica alguna argumentar que hay que mantener el consenso, puesto que la propia configuración de la realidad implica que no hay ningún consenso que mantener. Es como aquello de ordenarle a alguien que sea espontáneo: la propia oración carece de sentido. El lenguaje no se usa aquí para comunicarse, para establecer un diálogo, para posibilitar un acuerdo; se usa para oscurecer, para entorpecer, para tergiversar. Lo importante no es decir, lo importante es ocultar.

Este primer sinsentido, lingüístico, desvela ya el trasfondo puramente antipolítico que subyace bajo esa apelación al consenso. Es evidente que, si no hay consenso – y no lo hay - habría que alcanzarlo… ¡precisamente por eso se afirma que lo hay! Así evitamos la política. El consenso no es el final de un camino que todos hemos de transitar, sino la barrera que impide iniciar la marcha. Es un consenso que niega de raíz la actividad política, un consenso que la inutiliza.

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Recuperemos el derecho a la vivienda que nos han robado los grandes especuladores

Concentración de PAH Barcelona

Esta es la historia de cómo los grandes especuladores llegaron a nuestras ciudades. Parte de sus inicios los encontramos en 2012, cuando el PP otorgó un régimen fiscal privilegiado a las Socimis. Fondos dedicados al alquiler, que, gracias a este nuevo régimen, no pagarían impuestos. De este modo, las Socimis se volvieron una de las herramientas preferidas de bancos y fondos buitre para especular con el alquiler. Por si fuera poco, el PP en 2013 modificaría la ley de los alquileres desvinculando los precios del IPC en las renovaciones de los contratos.

En resumidas cuentas, el PP modificó las leyes a medida de los grandes especuladores, que a partir de entonces podían comprar viviendas y subir los precios de manera desorbitada a las familias. Y se podía hacer, incluso, sin pagar impuestos. En otras palabras: el PP regaló el control de los precios del alquiler a los grandes especuladores inmobiliarios.

No es el mercado amigo, es el gobierno del PP que pretende regalar tu hogar a cuatro especuladores que tienen nombre. Como Blackstone, el peor fondo buitre del mundo. Que ya en 2013, durante el mandato de Ana Botella, que era alcaldesa por el PP, compró 1.860 viviendas públicas en Madrid. Tras esta compra, Blackstone no tardo en subir los precios, y desde entonces desahucia a familias que residen en viviendas anteriormente públicas. Hablamos de un entramado que funciona a través de una Socimi llamada Fidere.

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El rechazo a los inmigrantes une a las derechas en Italia

Migrantes rescatados en el Mediterráneo llegan a Italia

Italia acude a las urnas el 4 de marzo en un momento política y socialmente complicado. La crisis migratoria viene a añadirse a la larga lista de problemas estructurales que afectan a la península, desde la frágil situación económica a la inestabilidad institucional. En el mejor de los casos, la cuestión migratoria actúa como un apósito para la eterna fractura norte-sur. Como en tantos países europeos, la inmigración ha protagonizado la campaña electoral. Y como en otros miembros de la Unión Europea —en especial el Grupo de Visegrado, formado por República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia— el populismo y la xenofobia ganan la partida, echando leña a la hoguera del miedo y la inseguridad de un electorado ya de por sí dispuesto a dejarse arrastrar por el fantasma de la intolerancia. En Italia, es un espectro del pasado que viste camisa negra. Quizá la diferencia clave y no menor es que, a diferencia de los países del centro y este de Europa, donde hierve un sentimiento antinmigración sin inmigrantes, en Italia residen 5,9 millones de inmigrantes, el 10 por ciento de su población.

Italia tiene una tradición compleja y secular de emigración en la que el emigrante es un arquetipo nacional. Sin embargo, en el siglo XXI, la política de inmigración está dominada por una lógica de seguridad casi sin matices. El Gobierno cesante del Partido Democrático ha levantado una muralla legal contra la inmigración mediante el Decreto de Minniti de abril de 2017 que distingue a los demandantes de asilo de los inmigrantes irregulares, prohíbe la apelación a los demandantes rechazados, aumenta los centros de detención e introduce el trabajo voluntario para los solicitantes. En 2017, el número de llegadas a Italia se redujo un 35 por ciento respecto a 2016, en gran parte por la política de externalización de fronteras con Libia (y recientemente con Sudán), fuertemente contestada por defensores de los derechos humanos. El informe 2016/2017 de Amnistía Internacional sobre Italia denuncia el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas y falta de formación adecuada de las autoridades italianas en la aplicación del “enfoque de puntos críticos/hotspots” de la UE que busca la identificación y separación entre refugiados y migrantes irregulares.

Italia sigue siendo miembro del G8 y tercera economía de la zona euro, pero la deuda pública y el lento crecimiento económico preocupan a Bruselas. Los índices de pobreza de 2016 señalan un aumento generalizado del riesgo de pobreza o exclusión social (30 por ciento frente a una media comunitaria del 23,5 por ciento). Si los referendos de Lombardía y Véneto de octubre de 2017 parecen indicar un deseo de mayor autonomía, el cambio hacia un modelo de Estado más federalista no es una prioridad en esta campaña, mientras la Liga Norte extiende sus redes al sur de los Apeninos. Algo une a las dos Italias, y según una encuesta de Swg podría podría ser la “línea dura contra los inmigrantes”, apoyada por un 30 por ciento del cuerpo electoral. De ahí el endurecimiento de la campaña con declaraciones racistas como la de Attilio Fontana a favor de la supremacía blanca supuestamente amenazada o las del líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, justificando el atentado racista de Macerata perpetrado por Luca Traini, antiguo candidato local de la Liga, como subproducto del conflicto social creado por la inmigración.

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El Plan Director de Cooperación, un fracaso enmendable para el Gobierno

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, en el Congreso de los Diputados

A nadie se le escapa a estas alturas que el Sr. Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores, es un eslabón débil del Gobierno del PP y que al poco tiempo de ser nombrado ya protagonizó un escándalo por recurrir a una “práctica habitual” de utilizar la embajada de Ecuador y su coche oficial para sus vacaciones. Su falta de tacto con la ciudadanía le ha llevado también al fracaso que ha supuesto el primer borrador del Plan, con el que ha demostrado que su relación y su interés por los agentes principales en Cooperación Internacional, las ONGDs, son inexistentes.

En el Senado, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, hemos mantenido varias reuniones de trabajo y coordinación con los distintos agentes de la cooperación española para preocuparnos por el contenido del Plan y, a su vez, somos miembros activos de la ponencia de estudio sobre la Agenda 2030. En esta ponencia nos cercioramos de que las CCAA y entidades locales van con ventaja en la aplicación de los mismos con respecto al Gobierno del Estado. Para ser justos, hemos visto por parte del Gobierno la intención de integrar en el V Plan Director de la Cooperación Española la estrategia de esta Agenda 2030, aunque desgraciadamente, borrador en mano, esta simbiosis no se ha desarrollado de forma concreta ni objetivable en el Plan.

A lo largo de esta legislatura hemos ido advirtiendo de que la política de cooperación que ejerce el Gobierno no se corresponde en absoluto con los niveles de solidaridad de nuestra sociedad. La sociedad española es la más solidaria de Europa, según el Eurobarómetro de 2016, y la política de cooperación al desarrollo es apoyada por un 93% de la población. Como españoles, deberíamos destacar entonces en políticas de cooperación, siendo esa una verdadera marca España de la que sentirnos orgullosos.

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Falsos profesores asociados y fraude de ley

Imagen de archivo de un profesor dando clase

Año 2011, inicio de la crisis económica, empezamos a escuchar en los medios y por boca del Gobierno eso de que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades" y "hay que apretarse el cinturón". Comienzan con la Administración pública, el 30 de diciembre se aprueba el Decreto Ley 20/2011 que le impone una tasa de reposición de efectivos del 10%, también para la Universidad. Al mismo tiempo, se aprueban los recortes presupuestarios en educación, que para la universidad española suponen una pérdida de más de 1.500 millones de euros en el periodo 2010-2014.

Las consecuencias no tardan en llegar, las plantillas de la universidad española pierden más de 7.500 empleos -3.486 PDI y 4.068 PAS- en el transcurso de estos años, con la consiguiente merma de su capacidad productiva, porque mientras la plantilla mengua, las matriculaciones no descienden, se mantienen con una media, para el periodo 2008-2015, de 1.244.791 alumnos y alumnas.

La repercusión en el profesorado de ese desequilibrio se evidencia en el aumento de carga docente, pero también en el de las tareas administrativas que, en realidad, no correspondía realizar al profesorado. Los docentes pasan a cumplir con unas exigencias más propias de una persona con superpoderes que de profesorado universitario.

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RTVE: el poder en una ley

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, en una comparecencia en el Congreso. EFE

El Manzanares era un canal represado sin apenas vida hasta que en mayo de 2016 a propuesta de Ecologistas en Acción se decidió renaturalizar el río abriendo las compuertas y dejando que recuperara su curso natural. A partir de ese momento comenzaron a surgir islas y en ellas creció vegetación de ribera en la que podían vivir todo tipo de especies animales. El curso del río se pobló de aves que encontraban allí su subsistencia y hoy, apenas año y medio después, permite ver cigüeñas blancas, garzas imperiales, cormoranes, gallinetas, gaviotas, patos…, habitando el lugar que antes era sólo agua estancada.  El río está ahora lleno de vida y da vida a los que lo recorremos, por ejemplo, para tomar el metro camino del trabajo. Pensaba en esto mientras me dirigía a Príncipe Pío, disfrutando de la belleza de esa primera parte del camino que me conduce a Prado del Rey, cada mañana.  

Ya en mi destino, en RTVE, comencé a leer los artículos del día que daban información del bloqueo existente en el Parlamento para interpretar una ley salida del mismo, con el objetivo de renovar al presidente y Consejo de Administración de RTVE. La prensa expresaba las voces de los partidos políticos echándose la culpa unos a otros de este bloqueo.

Resulta chocante que una ley aprobada por consenso suscite tal disenso en su interpretación y al final, el objetivo de la ley –atender a un paciente en estado muy grave, RTVE– quede relegado a un segundo plano.

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Solas

Este año estamos en el setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que reconoce el derecho de todos los hombres y mujeres a tener una familia. Si miramos a nuestro país y nos preguntamos cómo de garantizado está ese derecho en España, el panorama es desolador. Al trasfondo ideológico que subyace a las políticas familiares llevadas a cabo durante décadas por el partido que nos gobierna hay que sumar lo que el Partido Popular ha hecho contra las familias en nombre de la austeridad.

La crisis ha llevado a una verdadera situación de desatención de nuestros mayores y de las personas dependientes, abocados los primeros al cuidado insuficiente que reciben en unas residencias precarias gestionadas privadamente y desatendidos los segundos por la inexistencia de una ley de dependencia dotada de recursos reales. Muchos de nuestros jóvenes han abandonado forzosamente su país y sus familias y, los que buscan su futuro aquí, se enfrentan a un mercado laboral basura que no ofrece oportunidades para la generación más preparada de la historia. ¿Puede la mayoría de las personas de treinta años decidirse hoy a tener hijos y formar una familia? La sensación generalizada es el miedo, la incertidumbre y la falta de garantías para unos jóvenes que nacimos en un estado de bienestar pero que hoy día solo tiene ante sí riesgo y ausencia de certezas.

La peor parte se la llevan, como siempre, las mujeres, penalizadas laboral y profesionalmente cuando deciden ser madres o cuando están en una edad en la que podrían serlo. A muchas mujeres de nuestro país les salen las cuentas dejando de trabajar o pasando a media jornada antes que pagar lo que cuestan las escuelas infantiles. Es decir, muchas tienen que poner a un lado o renunciar a sus carreras y sus aspiraciones si quieren ser madres y muchas otras, por no estar dispuestas a esos costes, dejan de plantearse tener hijos aunque desearían poder hacerlo.

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