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Aclarando dudas y confusiones sobre el Impuesto de Sucesiones

Acto del PP andaluz contra el Impuesto de Sucesiones.

Recientemente ha cobrado especial trascendencia en el debate público las virtudes y vilezas del Impuesto de Sucesiones. Esto sería una excelente noticia si formara parte de una discusión rigurosa participada por personas adecuadamente informadas y formadas, sin ningún tipo de interés económico o político velado y cuyo objetivo fuese extraer conclusiones para mejorar el impuesto y lograr así mayores cotas de justicia fiscal y social. Sin embargo, el auge de esta polémica se debe fundamentalmente a la campaña que ha impulsado el PP andaluz con el propósito de deteriorar la imagen de la Junta de Andalucía del PSOE. Y ese es el motivo por el que el debate está plagado de demagogia y de mensajes absolutamente sesgados e inexactos cuando no directamente falsos. Con la idea de arrojar luz sobre la naturaleza y aplicación de este controvertido impuesto escribo este artículo.

Hemos de empezar recordando que este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Con la creación del impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades: el nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartiesen la misma sangre.

Este impuesto, que paga un heredero al adquirir patrimonio tras la muerte de su antiguo propietario, ha continuado vigente hasta nuestros días en la mayor parte de los países desarrollados, aunque evidentemente ha evolucionado mucho desde entonces y sus características son muy diferentes por países. En la actualidad el impuesto  existe en 22 países de los 28 de la Unión Europea. En España este impuesto es de naturaleza estatal aunque las comunidades autónomas tienen competencias para modificarlo, de ahí que las características del impuesto sean también muy diferentes entre unas regiones y otras. Grosso modo, las comunidades donde más elevado es el impuesto son Andalucía, Asturias y Murcia, y las que más bajo lo tienen son Madrid, Cataluña y La Rioja.

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Las claves de la reforma de la ‘Ley Mordaza’ aprobada por el Congreso

Ayer, el Congreso inició el camino para reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana al admitir a trámite dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para modificar la norma del PP aprobada hace ahora justo dos años.

Se trata de una buena noticia para quienes defendemos la libertad de información y venimos luchando en contra de esta ley desde que era un mero anteproyecto. Un texto aquel, que ya entonces, reunió a decenas de voces críticas, incluyendo al Consejo del Poder Judicial, lo que no impidió que llegase, sin cambios relevantes, al BOE en marzo de 2015.

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Madrid, titiriteros, sustituciones... ¿y la política cultural?

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con la concejal Celia Mayer, a quien releva de Cultura para que se ocupe de la nueva área de Igualdad.

Se ha sustituido a la concejala de Cultura de Madrid. ¿Tiene que ver semejante decisión con la Cultura? ¿Con cómo se han gestionado estos dos años? Según parece absolutamente nada. Así se deduce al menos de las informaciones y análisis recogidos en los medios.

Verán, según se refleja de forma unánime, Celia Mayer estaba condenada porque era "la concejal más polémica". Ya se sabe, titiriteros, Reyes Magos, placas de religiosos y alguna cosa más. Este sería el detonante. El otro factor sería una presunta "ruptura en Ahora Madrid", tema que sin duda conocen de cerca quienes informan sobre el Ayuntamiento. Y eso es lo que hay, escandalitos tan llamativos como anecdóticos, tensiones larvadas o equilibrios internos. Lo que se puede llamar política super-estructural, también conocida como politiqueo. ¿Y de lo sustantivo, de la buena o mala acción del Ayuntamiento en Cultura? Pues nada, ni una palabra, no debe jugar un papel destacable.

El politiqueo tiene su valor y su influencia, pero ¿lo que haya sucedido en políticas culturales no merece ni una escondida mención? Y quien dice Cultura puede decir Urbanismo, Hacienda o cualquier otro sector. Incluida la Violencia de Género, puesto para el que Celia Mayer, su nueva responsable, parece bien cualificada. Porque aunque muchas veces no se refleje, lo fundamental es la acción política, no las intrigas políticas. O debería serlo.

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Por una Ley de sentido común sobre la eutanasia

Imagen de archivo.

Hay derechos que hoy damos tan por sentados, tan extendidos, que cuesta acordarse de lo mucho que costó conquistarlos. Ni siquiera nos produce ya la más leve mueca, cuando vemos ejercer esos mismos derechos a aquellos que, a la hora de la verdad, cuando tocó reivindicarlos, se pusieron del otro lado. A esos mismos que un día anunciaron, desde sus medios y desde sus púlpitos, el fin de la familia y el advenimiento de mil plagas, y hoy les vemos divorciarse, o asistir a la boda de un amigo gay –incluso de un diputado–, con la normalidad con la que el resto de la sociedad recurre a estas herramientas civiles; en absoluto garantes de ninguna felicidad personal, pero al menos disponibles como opciones tan válidas como cualquier otra para buscarla.

Y es que, al final, siempre ocurre que las nuevas realidades nos ponen a todas y a todos en nuestro sitio, y debemos aceptar que gente de nuestro entorno, gente a la que queremos –acaso nosotrxs mismxs– tenemos derecho a vivir como nos dé la real gana. Por eso, y en muchos sentidos, el debate de la eutanasia hoy, es el debate de la ley del divorcio de hace más de treinta años, o del matrimonio homosexual de hace algo más de diez. Quizá algún día nuestrxs nietxs no sepan decir muy bien cuál de estos derechos se conquistó primero, porque todos ellos les parecerán igual de obvios.

Pero lo cierto es que hoy en España se sufre innecesariamente al morir. Según los últimos estudios, unas 130 personas mueren al día con sufrimiento en nuestro país. Hace años, las personas morían en sus casas, rodeadas de su gente, sin paliar los sufrimientos provocados por las distintas patologías. Hoy lxs pacientes mueren sobre todo en los hospitales, en muchas ocasiones, con padecimientos que son fruto de la obstinación diagnóstica y terapéutica de una sociedad hiper-medicalizada. Sin embargo, la población ha ido solicitando más información sobre su situación clínica, y ahora demanda más poder para decidir.

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El efecto boomerang de llevar a juicio el discurso del odio

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Los Mossos inmovilizan y retiran de la vía pública el autobús transfóbico de HazteOir, con las pegatinas de "censurado".

El hate speech o discurso del odio es un término que los organismos internacionales todavía no han logrado consensuar y que se proyecta sobre  diversos ámbitos legales. La sociedad civil y los tribunales suelen desconocer de dónde proviene, qué busca impedir y con qué herramientas. Ante su vertiginoso avance y el peligro que representa, la Administración está pasando de la impunidad total al extremo opuesto: la judicialización en clave penal.

Todos los convenios internacionales prevén la existencia de la libertad de expresión como un derecho limitado que puede ser sometido a restricciones cuando atente contra la dignidad de los demás. Su limitación debe ser excepcional y debe obedecer a una "necesidad social democrática", justificación que va más allá de la lesión a derechos individuales. El discurso del odio es una catalogación pensada para los mensajes que o bien incitan a la violencia o bien atentan muy gravemente contra la dignidad de una persona que ha sido seleccionada por su pertenencia a un colectivo tradicionalmente discriminado. El discurso del odio es un mecanismo de poder social que busca perpetuar la subordinación de determinadas personas por razón de su origen, color de piel, identidad de género, etc. El fenómeno es grave ya que causa un triple daño: a la persona, al colectivo al que pertenece y a los valores que fundamentan la organización social: dignidad, igualdad y libertad.  

Cuando se disparan mensajes transfóbicos como el del autobús de HazteOir, es legítimo y comprensible que desde los colectivos trans* se demande una respuesta contundente a las instituciones, que hasta la fecha han permanecido inertes antes sus demandas de intervención y su dolor colectivo. Pero antes de reclamar cualquier restricción a la libertad de expresión, hay que pensar en términos estratégicos con un análisis a corto, medio y largo plazo. Cada restricción que se fija genera un precedente que afectará a toda la sociedad, incluido el colectivo reclamante.

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¿Es neoliberal defender el trabajo sexual?

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Manifestación de prostitutas bajo el lema 'Madrid me multa', el 15 de febrero de 2014. Fotografía de Johannes Mahn.

La última estrategia de descrédito hacia quienes abrazamos la posición pro-derechos, en materia de prostitución, es la de tildarnos de neoliberales. Parece mentira, pero esta acusación en gran medida descansa en que aceptamos el consentimiento de quienes manifiestan ejercer por decisión propia el trabajo sexual. Se debe, entonces, a que respetamos la decisión de ejercer, a que no cuestionamos la libertad individual como argumento, a que no impugnamos los testimonios y la voz de las prostitutas por decisión propia.


1. Cualquier decisión se encuentra, inevitablemente y de entrada, condicionada por estructuras de opresión y condiciones materiales. Además, según cuántas y cuáles sean las estructuras que atraviesen a cada persona y su intersección, el abanico de opciones de cada decisión será más o menos limitado. Ya se sabe que no es lo mismo ser una mujer blanca cis de nacionalidad española que una mujer negra trans migrante. Ahora bien, que toda elección se encuentre de base condicionada no es lo mismo que decir que está determinada por dichas estructuras. Por tanto, aunque no sea del todo preciso hablar de elección (porque estrictamente hablando nadie es libre), sí de decisión y de capacidad de agencia.

Lo curioso de este tipo de argumentos que buscan rechazar la validez del consentimiento es que solo surgen en torno al trabajo sexual: ¿por qué?, ¿qué diferencia al trabajo sexual de otros trabajos? Un ejemplo: trabajar en una mina con exposición al amianto puede recortar de 15 a 20 años la vida de la persona trabajadora y desencadena frecuentemente en varios tipos de cáncer. Es una profesión de alto riesgo y, sin embargo, no existe un movimiento por la abolición de la minería ni artículos que impugnen la decisión de ejercerla, sino una lucha obrera por el reconocimiento de una legislación diferente vinculada a los problemas de la profesión.

¿Qué distingue a la prostitución de la minería?: el estigma. Un estigma que no solo tiene que ver con la discriminación y la moral sexual interiorizada, sino también y principalmente con la construcción del género femenino, sus límites y fobias. Hablar de estigma es hablar de feminismo, pero eso daría para otro artículo.

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El desarme de ETA

El anuncio de que ETA consumará el próximo 8 de abril su desarme unilateral e incondicional con la localización de los zulos en los que esconde su armamento es la decisión más trascendental desde que hace cinco años anunciara el “cese definitivo” de la violencia. El prolongado impasse de la organización terrorista no ha tenido otro objetivo que intentar involucrar en la operación a los gobiernos español y francés, en una especie de armisticio que otorgase cierto decoro a la evidencia de su derrota. Solo así se explica que una organización terrorista que decidió dejar las armas en octubre de 2011 haya tardado más de un lustro en anunciar su entrega. ¿Si no las iba a utilizar, para qué las necesitaba?

El Gobierno de Mariano Rajoy, que defiende a machamartillo la derrota policial de ETA, se ha negado desde entonces a aceptar una suerte de escenificación pactada del fin de la banda, y su homólogo galo ha refrendado sin fisuras las decisiones adoptadas desde Madrid. Así las cosas, la organización terrorista no tenía otra salida que prolongar sine die la situación de bloqueo, con riesgo de que fuese la propia policía la que incautara sus arsenales, o dar un paso al frente, como ha hecho. Una decisión a la que ha contribuido el Ejecutivo vasco, que, si en diciembre de 2014 se ofreció como dinamizador del proceso de desarme y recibió el desaire de la organización, ahora ha jugado un papel activo en el mismo. Las palabras del lehendakari Íñigo Urkullu, asegurando haber estado directamente informado de la iniciativa y haber colaborado en la misma dan cuenta de ello. La disposición de su gobierno a contribuir en el final ordenado de la banda es la constatación de su voluntad de implicarse en el paso definitivo que aún le queda por dar a ETA: el anuncio de su disolución.

El inmovilismo de Rajoy durante estos cinco años de ausencia de violencia se ha visto afianzado por relevantes operaciones policiales que se han saldado con la detención de los principales dirigentes de la banda (Izaskun Lesaka, David Pla, Iratxe Sorzabal y Mikel Irastorza, entre otros) y la incautación de importantes arsenales de armas (los últimos en octubre y diciembre de 2016 en Francia) cuando la organización terrorista preparaba la escenificación de su entrega. La última de estas operaciones, llevada a cabo el 16 de diciembre, concluyó con la detención de varios intermediarios civiles en quienes la banda había depositado el protagonismo de su desarme, uno de los cuales, Jean Noël Etcheverry, ha anunciado ahora la inminencia del mismo.

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Que viene el lobo

El ultraderechista Geert Wilders.

Los Oráculos de Astrampsico es un libro de adivinación cuyos orígenes pretenden remontarse a un misterioso mago egipcio del siglo IV a.C. y que parece haber causado furor en el Imperio Romano. El sistema se basa en una serie de preguntas y unas sencillas operaciones matemáticas, que remiten unas respuestas determinadas. Las preguntas versaban sobre amor, sobre la propia supervivencia ("¿he sido envenenado?"), e incluso sobre la promoción política del demandante ("¿seré consejero?"). Parece un método sencillo, pero como buen oráculo que se precie, en ocasiones las interpretaciones podían ser muy enrevesadas.

Como también, habría que ver la cara de aquel al que el oráculo le respondía "sí" a la pregunta "¿llegaré a ser obispo?" –pregunta real que se introdujo en época cristiana, para que veamos cuáles eran las preocupaciones–, para añadirle a continuación un "pero te arrepentirás". Así lo que en ocasiones parecía una buena noticia, se tornaba en una broma del destino, por lo demás todo muy de tragedia griega.

Pareciera que el PvdA (el Partido del Trabajo, partido laborista holandés) hubiera usado un método similar para entrar a formar gobierno con el derechista-liberal VVD, haciendo así primer ministro a su líder Mark Rutte. El oráculo le dijo a los laboristas que sí, que formarían gobierno de "gran coalición", solo que en este caso no debieron de esperar al "pero te arrepentirás".

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Alivio, reflexión y esperanza

El primer ministro holandés, Mark Rutte.

Después del suspiro de alivio al constatar que el Partido de la Libertad del racista Wilders no ganó las elecciones celebradas esta semana en los Países Bajos, no conviene despreocuparse ante la evidencia de que la derecha avanza y la izquierda retrocede.

La lectura de los resultados electorales holandeses no es sencilla ya que su sistema de partidos es muy fragmentado; hasta 13 formaciones políticas han logrado representación parlamentaria y la complejidad aumenta si observamos su diversidad: conviven partidos de carácter religioso con otros que representan a los mayores de 55 años o un partido multicultural de perfil socialdemócrata.

Esta cohabitación de clivajes políticos de diferentes épocas en la historia del país es comprensible en el contexto de un sistema electoral proporcional. La novedad del escenario que han dibujado los resultados de estos comicios es la recomposición en el bloque de la derecha (que aumenta tres diputados) frente a una pérdida neta de diputados en el bloque de la izquierda.

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Impuesto al sol en España: ¿para qué sirve el Parlamento?

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Paneles solares, en una imagen de archivo.

Somos muchos los que, a raíz de los últimos resultados electorales, confiábamos en que la mayor fragmentación del Congreso de los Diputados condujera a una legislatura donde el pacto fuera la tónica dominante. Se abría un nuevo escenario muy distinto al de las abultadas mayorías vistas con anterioridad que, en la práctica, ninguneaban permanentemente al Parlamento aplicando el rodillo del que gozaban los Gobiernos respaldados por mayorías absolutas.

Nos faltaba conocer el artículo 134.6 de la Constitución. Ese que permite al Gobierno vetar cualquier iniciativa legislativa del Parlamento cuando esta tiene impacto en los Presupuestos Generales del Estado.

Como es fácil imaginar, casi cualquier norma afecta de forma directa o indirecta a la recaudación de impuestos, por lo que el Gobierno puede hacer uso masivo de tan peculiar facultad en una suerte de secuestro permanente al Parlamento. Así ha ocurrido en más de dos decenas de proposiciones de ley en los escasos meses que llevamos de legislatura.

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