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¿Pueden los impuestos volvernos más sanos? El caso de las bebidas azucaradas

Implantar impuestos que graven el consumo de sustancias nocivas para la salud no es algo nuevo, y lleva siendo utilizado por todos los países en relación al tabaco y el alcohol desde hace tiempo. Las políticas fiscales ambiciosas sobre el tabaco suponen una de las medidas más importantes para la reducción de su consumo, al igual que ocurre con las bebidas alcohólicas; en el caso de las bebidas azucaradas la fuerza de las recomendaciones es más débil porque, entre otras cosas, las experiencias al respecto llevan menor tiempo en funcionamiento.

Según se ha conocido recientemente, el Gobierno pretende incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año un impuesto sobre bebidas azucaradas. Dado que existen experiencias previas y que su efectividad requiere análisis más profundos que la simple aceptación de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre la implantación de este tipo de impuestos, es preciso plantear algunos aspectos antes de asumir estas medidas como netamente positivas.

El consumo de bebidas azucaradas está relacionado con el incremento de la obesidad y el sobrepeso, así como con el desarrollo de enfermedades tales como la Diabetes Mellitus; la efectividad de los impuestos sobre estas bebidas radica, principalmente, en (I) que consigan una importante disminución en el consumo de bebidas azucaradas, (II) que el consumo no se desplace a bienes sustitutos altamente obesógenos y (III) que se consigan generar nuevos hábitos de consumo más saludables y que se mantengan a largo plazo.

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Sí hay proyecto en el PSOE

Los desgraciados acontecimientos vividos en el seno del PSOE han acaparado una gran parte de los titulares, innumerables artículos de opinión y tertulias de todos los medios de comunicación durante semanas. En la gran mayoría de ellos se ha especulado sobre la falta de un proyecto político del partido para España. El proyecto existe y se diferencia de las propuestas del resto de los partidos políticos.

No estoy segura de que la causa principal de pérdida de apoyo electoral se deba al proyecto político. Creo que la falta confianza se debe más bien a una cierta incapacidad para revertir la desconfianza que se extendió entre los ciudadanos como resultado de la forma en que se respondió a la crisis. Una parte del electorado más vulnerable percibió que la forma de afrontarla suponía una amenaza para su bienestar y, tras el giro dado en algunas decisiones poco explicadas, no reconoció al PSOE como el partido en el que venían confiando. Desde las elecciones de 2008 a las de 2011 se perdieron casi 4.300.000 votos. En las elecciones de 2015, la pérdida fue de 1.450.000, eso sí, con la irrupción de Podemos y Ciudadanos como competidores por ambos flancos, que contaron ambos con un importante apoyo mediático al son de "la nueva política" y "se acabó el bipartidismo". Ahora, el CIS corrobora un desplome en la intención de voto vinculado a un nuevo giro en la posición política que agrava el desconcierto de los votantes de izquierda y dificulta aún más la recuperación de la confianza.

Tan importante como el apoyo ciudadano para el partido es el de los intelectuales y los creadores de opinión. El PSOE siempre ha sido un partido muy conectado con el mundo académico, la sociedad civil organizada y con los expertos y, entre estos, los sentimientos que han predominado también desde 2010 han basculado entre el escepticismo y la desconfianza. Parte del problema se debe a que, especialmente los más jóvenes, dudan sobre si el PSOE está dispuesto a arriesgar con políticas innovadoras que no sólo consistan en el incremento del gasto público y que quizá tengan que enfrentarse a muchos intereses creados.

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Podemos: el debate de un país

Los congresos de los partidos suelen ser una cosa interna en la que la disputa se reduce a quién logra tomar tal o cual cargo del aparato. Suelen suponer semanas de tensiones, medición de fuerzas, negociaciones e incluso simulacro de debates para los cuadros y dirigentes del partido, pero es raro que despierten ningún interés en la sociedad salvo que haya conflictos enconados y se observe el panorama como cuando vemos una pelea en Sálvame. Que haya congreso del PP y de Ciudadanos en los próximos meses no despierta ningún interés salvo el marginal de conocer si Cospedal ganará a Sáenz de Santamaría (¿alguien conoce alguna diferencia política entre ambas?) o si la sorprendente minoría de Ciudadanos logra simular que en su partido hay vida interior.

Frente a esa rutina, la próxima asamblea de Podemos se abre como el debate congresual de un partido más importante en décadas. Desde que asombró a buena parte del país en las europeas de 2014, Podemos es el partido que ha marcado la política del país, fijando los debates, el lenguaje, las posiciones políticas de los adversarios, haciendo que se inventaran partidos y medios para frenarlo y alcanzando la más espectacular emergencia electoral de un partido desde 1978.

El nacimiento y desarrollo de Podemos ha tenido bastantes mimbres imprescindibles, pero uno de los que le dota de mayor peculiaridad es la cantidad de perfiles universitarios que estuvo en el origen de Podemos. Esto no tiene por qué ser bueno ni malo a priori, pero ha configurado una característica insólita en Podemos: los debates internos desde el principio reproducen los cánones científico-académicos y gozan de publicidad, contraste, réplica… Desde el principio hubo artículos, entrevistas, conferencias… en las que la gente de Podemos explicaba qué es Podemos. Incluso bautizaron la propuesta como la hipótesis Podemos. Recientemente, tras las elecciones de junio, daba gusto ver a la dirección de un partido tener los debates de la calidad que hubo en el curso de la Universidad de Verano de El Escorial y en la Universidad de Podemos (recién recopilados en un importante volumen de La Circular) y que serían impensables en los partidos de Susana Díaz o Rafael Hernando.

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Hombres de más de 40 con corbata

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Al poco tiempo de llegar al ayuntamiento, acuñé la expresión "reuniones de hombres de más de 40 con corbata". Me parecía bastante ilustrativa de un tipo de reuniones que se convertirían en habituales en mi vida a partir de entonces: consorcios, juntas directivas, consejos de administración, y que ejemplificaban algo que ya sabíamos, pero que algunas no habíamos vivido nunca: los hombres son los que están en los puestos directivos, en los espacios de decisión y representación, un sesgo de género, y también de edad que salta a la vista, a la vez que se manifiesta en la forma de ser y estar en las reuniones. Aquellos espacios que hacen que la expresión "feminizar la política" se cargue de sentido.

Esta semana he asistido a una de esas reuniones de hombres de más de 40 con corbata. Empresarios y representantes de la administración. Es un lugar al que voy regularmente. Muchas veces, llego justa a la reunión. En las primeras reuniones, en las que no conocía a nadie, me iba directamente a mi sitio, ese indicado con el cartelito de "Gala Pin" plastificado. En la segunda reunión, llegué con un poco de antelación, me fui a mi sitio y me senté con el ordenador. Al llegar el presidente, saludó a las personas que estaban de pie. Al acercarse a mí, hice amago de levantarme para darle la mano, pero se me quedó encajada la silla y no pude levantarme rápidamente. El presidente quería saludarme, así que, ni corto, ni perezoso, me dio un beso en la frente. La primera en la frente. Sesgo de género, de edad y de clase. No se lo hubiera hecho a otras mujeres presentes en la sala. No supe reaccionar. O más bien, me contuve la reacción. Hace tiempo que aprendí que mi cuerpo tiene una reacción muy primitiva cuando me enervo (antes me pasaba una o dos veces al año): se me eriza el cabello de la nuca. Es imperceptible al ojo humano, aunque yo sí que lo noto. En ese momento, sentí cómo se me erizaba el pelo de la nuca, que desde hace años es una señal que he aprendido a interpretar como "no reacciones de manera visceral ahora, porque después te arrepentirás". Así que me quedé perpleja. Y frustrada.

Esta semana, un año después, me ha saludado dándome la mano. "Bien, Pin, machote", he pensado. No había una asistencia masiva, aun así, las mujeres éramos clara minoría: cuatro frente a 12 o 14 hombres. Una de las mujeres es la persona que toma el acta (aún no he visto a un hombre tomando acta). Después de varias intervenciones, alguien llamó la atención al presidente sobre el hecho de que había un nuevo miembro (una mujer, la cuarta mujer) en la sala que se incorporaba en esa reunión sustituyendo a un antiguo miembro. Transcribo: "¡¿Claro que sí, cómo se me iba a pasar a mí esta belleza?!". "A esta belleza estamos encantados de tenerla aquí".

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Procrastinando el cambio climático

Campo con molinos de viento en Cantabria

Procrastinar es una palabra dura, difícil de pronunciar. Resulta tan complicada en nuestro idioma que muchas personas prefieren el atajo incorrecto del procastinar, así sin la segunda erre. Procrastinar es un término de moda, otro neologismo importado del inglés (aunque eso sí, con indiscutible etimología latina) que se ha impuesto en el habla común por describir, con más precisión que ningún otro, uno de nuestros peores hábitos actuales. Procrastinar es posponer, aplazar una tarea, pero, y aquí está su sentido exclusivo, es hacerlo como rasgo de carácter, como una práctica habitual y continuada. Nos hemos acostumbrado a posponer tanto que nuestro paisaje interior se parece cada vez más a un jardín de proyectos marchitos que no dejan de perder aroma y color cada día.

Donald Trump piensa que el cambio climático es un bulo inventado por los chinos. Lo más probable es que tenga razón. El hecho de que el más amplio de los consensos científicos afirme sin ningún género de dudas que la temperatura media del planeta está subiendo de forma alarmante por culpa de la acción humana huele a típica conspiración. La ciencia mundial, en oscura connivencia con el gigante asiático, ha capturado el imaginario colectivo con una fantasía que se desvanecerá, afortunadamente, en la enorme pira de carbón y gas de esquisto que el presidente norteamericano se va a ocupar personalmente de encender.

No es el único bulo que circula. Cada vez son más los organismos internacionales, medios de comunicación prestigiosos y hasta los bancos de inversión más globales y menos sospechosos los que afirman que las energéticas renovables han alcanzado plena madurez y que están en disposición de competir plenamente a las fósiles. Que, en buena medida gracias a la excelencia industrial de los taimados chinos, podemos transitar hacia un modelo energético limpio incluso a mayor velocidad de la que figura en la hoja de ruta de los acuerdos de París.

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Carta a la patronal hotelera de parte de 'las Kellys'

Hemos leído las declaraciones de Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en las que apunta a intereses políticos detrás de las movilizaciones de las camareras de piso y hemos querido contestarle.

Estimado Sr. Molas, buen intento pero, a estas alturas, sus palabras lo único que consiguen es transmitirnos la certeza de que vamos por el camino correcto y suponen un impulso hacia adelante. Somos una asociación de mujeres trabajadoras de base, ninguneadas e invisibilizadas por múltiples factores pero con la autoestima, la dignidad y el señorío en perfecto estado; por eso no le vamos a responder como se merece al tildarnos de incapaces pues ya se ha definido usted solo suficientemente.

La Asociación Las Kellys somos una asociación autónoma. Algo de lo que pueden dar fe partidos políticos y sindicatos porque a pesar del momento convulso de campañas electorales y elecciones previas que hemos vivido la asociación presume de no haber sucumbido en las filas de ninguno.

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La universidad bajo sospecha

El rector de la URJC, Fernando Suárez, en su toma de posesión

La secuencia de noticias sobre la Universidad Rey Juan Carlos, sobre las prácticas reiteradas de falta de transparencia en la contratación de profesorado y, recientemente, sobre las acusaciones de plagio por parte de su rector Fernando Suárez, han provocado una reacción de alarma social sobre el estado de esta universidad de la que Podemos en la Comunidad de Madrid se ha hecho eco. Este caso, sin embargo, no debemos interpretarlo, más allá de su relevancia, como un suceso de interés puramente madrileño, ya que muestra, en nuestra opinión, el deterioro de la imagen del sistema público de enseñanza superior y, lo que es más grave, del deterioro real del sistema de investigación y enseñanza universitaria del conjunto del Estado, al tiempo que pone en entredicho los planes de reforma universitaria de los gobiernos del PP -tanto autonómico como estatal-.

Para quienes no la conozcan, la Universidad Rey Juan Carlos fue fundada en 1996 por el gobierno de Ruiz Gallardón y desde entonces ha sido identificada como "la universidad del PP". No solo porque allí se reunieran profesores más o menos afines ideológicamente al partido conservador, lo que no es objeto de reproche por nuestra parte -pues al fin y al cabo las actitudes políticas diversas son perfectamente legítimas en la universidad como lo son en cualquier espacio-, sino porque, desde su creación, fue una universidad privilegiada por las autoridades de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP de Esperanza Aguirre. Es por eso por lo que resulta mucho más preocupante la acumulación de informes sobre prácticas irregulares en esta universidad. Informes que han sido ignorados de forma reiterada y de los que sólo muy ocasionalmente ha dado cuenta la prensa. La conclusión a la que llegamos inevitablemente es que si este es el concepto de universidad pública del Partido Popular, si esto es lo mejor que son capaces de hacer, entonces tenemos un problema.

Porque no sólo estamos hablando de los casos de -supuestas- irregularidades. La URJC no es una universidad que se distinga especialmente por su capacidad investigadora, como dan cuenta todos los datos comparativos con las demás universidades madrileñas. Podríamos incluso disculpar esto dada su juventud si tuviésemos constancia de que, como institución, se está proponiendo una mejora continua de su calidad docente e investigadora para poder alcanzar el nivel medio de las universidades de su entorno. Pero no es este el caso. La "universidad del PP" une a su desprecio por las normas que regulan, por ejemplo, las condiciones de contratación del profesorado con un notable abandono de la aspiración a la "excelencia" que en teoría defienden en ese partido. Cierto es que los criterios de calidad que este gobierno propone a través de la ANECA se basan en la "investigación al peso", esto es, en el recuento matemático del número de artículos publicados -sin entrar a analizar su contenido­-, una forma de entender la " calidad" y la " excelencia" que avala y  refuerza prácticas como el plagio. Porque, si nadie se lee los artículos, ¿por qué no íbamos a copiarlos? Y frente a esta mentalidad contable, sólo prácticas bien asentadas de autogobierno y autoexigencia pueden servir de barrera.

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El fraude científico: un ejemplo más de corrupción

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La serie de informaciones destapadas por eldiario.es sobre los plagios llevados a cabo por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos I han despertado la indignación de muchos de nosotros en la profesión científica. Este escándalo ha puesto de manifiesto uno de los graves problemas a los que se enfrenta la Ciencia del siglo XXI: el fraude científico.

El plagio es probablemente la forma de fraude más sencilla de detectar y contrastar por cualquiera de nosotros. No debemos olvidar que el fraude es una forma más de corrupción y que además en el mundo científico el fraude científico incluye muchas otras formas. Incluye manipulación, falsificación e incluso invención de datos científicos, así como falsas autorías de artículos científicos y proyectos de investigación en los cuales los personajes fraudulentos no han participado en absoluto en su elaboración, pero figuran en ellas incluso en puestos de máxima relevancia.

Todos estos fraudes son muy conocidos en el mundo académico y todo el mundo que se dedica a esta profesión los ha sufrido en mayor o menor medida. Por desgracia estos fraudes científicos son muchos más difíciles de detectar y erradicar que un plagio debido a su propia naturaleza y porque en muchos casos están sustentados por presiones económicas y extorsiones personales. Al mismo tiempo, todos estos casos rara vez llegan al conocimiento de la opinión pública y por lo tanto de todos los ciudadanos.

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La precariedad y el convenio de telemarketing: otro convenio es posible

Se dice muchas veces que el telemarketing es un ejemplo de trabajo precario. Intentaré explicar qué significa eso. En mi empresa la mayor parte de la gente a la que contratan son mujeres con jornada parcial. Atendemos una infinidad de servicios, desde servicios bancarios, compañías de seguros, compañías telefónicas, incluso el servicio de atención al cliente de una gran administración pública. Todos nos presentamos al teléfono como trabajadores de esas empresas, pero en realidad tenemos un contrato a través de una subcontrata que pertenece a la patronal de telemarketing integrada en la CEOE.

Precariedad significa atender situaciones complejas sin apenas formación y, aunque trabajo para una subcontrata, soportar los cambios de directrices del cliente principal todos los días sin tiempo suficiente para asimilarlos.

Precariedad significa que tengo que estar conectado a un teléfono durante toda mi jornada laboral y solo puedo levantarme 5 minutos a la hora tanto para que descanse mi vista como para ir al baño. Esto lo conseguimos tras una  sentencia del Tribunal Supremo.

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La Educación pública como principio

Estudiantes manifestándose contra la Lomce

Con el único objetivo de evitar la derogación de la LOMCE, que ha sido aprobada en los últimos meses hasta en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular se ha sacado de la manga un presunto Pacto por la Educación. Mal síntoma que uno de los actores fundamentales para la aprobación de un pacto de estas características, el Gobierno, no proponga el acuerdo porque políticamente se lo cree, sino con la intención trilera de evitar la derogación de una de sus leyes que más movilización social en contra ha generado. Para abordar un acuerdo transversal de estas características hace falta que el PP abandone su inmovilismo ideológico en beneficio de la mayoría social, que PSOE y C’s dejen de pensar en sus intereses electorales y que el diálogo social y sindical se imponga como una de las premisas fundamentales. De lo contrario, llenaremos durante seis meses (que es lo que dura una subcomisión parlamentaria) muchos titulares vacíos de contenido en los medios de comunicación y generaremos una nueva frustración en la comunidad educativa.

Cualquier acuerdo transversal que verdaderamente quiera ser práctico para el conjunto de la ciudadanía debería pasar por tres principios fundamentales: el de suficiencia económica, el de participación y el del bien común. Sin ellos, nuevamente, el Pacto por la Educación no deja de ser un papel mojado lleno de buenas voluntades. Y las buenas voluntades están muy bien, en política y en educación, pero no resuelven el día a día de un sistema educativo que, según el último informe "Monitor de educación y formación 2016" de la Comisión Europea, está siendo brutalmente atacado por las políticas neoliberales y de recortes del PP, y también de Junts pel Sí en Catalunya. A modo de ejemplo, el informe de la Comisión Europea plantea que el abandono escolar prematuro (entre 18 y 24 años) en España se sitúa en el 20% mientras que la media de la UE es del 11%. ¿En qué consisten, pues, estos cuatro principios fundamentales?

Principio de suficiencia económica: el porcentaje del PIB destinado a inversión educativa en Catalunya y en España es el principal problema a resolver. El gobierno del PP invierte un 4,5% del PIB en Educación y el de la Generalitat de Catalunya un ridículo 2,8%, mientras que la media de los países de la UE es del 5,3% y de los países de la OCDE está en el 5,6%. Sin presupuesto para invertir en Educación, todo lo demás es agua de borrajas. Las necesarias infraestructuras educativas y su mantenimiento, los proyectos de cohesión social, una plantilla óptima para un sistema educativo de calidad o un sistema de becas que corrija las crecientes desigualdades en el Estado español solo serán posibles si van acompañadas de la partida económica necesaria. El primer punto de este Pacto por la educación debería ser el compromiso, blindado por Ley, de inversión educativa entorno al 6% del PIB. Esto es lo que recomiendan diferentes organismos internacionales del ámbito de la Educación y de la justicia social y lo que, además, mandata la Llei de Educació de Catalunya, que es sistemáticamente incumplido por los diferentes gobiernos autonómicos.

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