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Legalidad penal y proceso independentista

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Los  abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.

De la conducta observada por diversos integrantes del Parlamento y el Gobierno catalán puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a lo que exige nuestro Ordenamiento Penal.

Mas ha de decirse que la exigencia de responsabilidades penales por lo ocurrido tiene que realizarse con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento en este ámbito.

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El otro como enemigo

Acto de alcaldes independentistas en apoyo de la República Catalana.

En respuesta a las provocaciones del Parlament, Mariano Rajoy ha desatado la tormenta de la Constitución Española contra Carles Puigdemont y el Govern de Catalunya. La decisión de convocar elecciones lo antes posible, llamada “155 suave”, ha sido seguida por el encarcelamiento preventivo de un vicepresidente, siete consejeros, dos manifestantes y una orden internacional de busca y captura contra el depuesto President, cuya fuga inicia una guerra de posiciones que enfrenta al Estado contra la Calle y revela una de las contradicciones esenciales de la democracia, discutida entre sabios por lo menos desde Platón: todo poder instituye. Quien lo ejerce, lo pierde.

Cuando un juego está sometido a reglas es posible obtener un resultado objetivo. En el arte del poder, por el contrario, los jugadores cambian las reglas a lo largo de la partida (de hecho, ésta es la finalidad principal del juego) y la separación entre la victoria y la derrota es mucho más volátil. En Mitologías (1957), Roland Barthes lo comparó con el catch, parodia de lucha entre dos personajes que representan el bien frente al mal. Según el semiólogo francés, este teatro funciona porque su trama pueril queda sepultada por lo “excesivo” del lenguaje en que se sirve. El luchador que interpreta al malvado ataca por la espalda, se ayuda de esbirros o echa tierra a los ojos del héroe hasta casi vencerlo. Incumple las reglas de la pelea limpia y por tanto perderá, pero antes lleva al público ante la posibilidad real de un triunfo de la injusticia.

En un mundo sin dioses, como éste, la política tiene más de catch que de juego regulado. En democracias mediatizadas, los personajes políticos están obligados por imperativo escénico a exagerar el espectáculo para que el desenlace produzca la necesaria catarsis y reconstituya un sentido de teodicea o justicia suprema, palo mayor de la estructura moral del grupo. Así, en una esquina encontramos a Rajoy, que ha abandonado su eficaz pasividad para ponerse al mando del aparato estatal, y en la otra a Puigdemont, que cuenta con TV3 y el tejido asociativo del independentismo. Con palabras del sociólogo Walter Runciman diríamos que uno maneja los medios de coacción y producción, mientras que el otro controla los medios de persuasión. En la política tradicional, los independentistas no tendrían ninguna posibilidad. Pero las cosas han cambiado.

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La ILP de la PAH y el asalto a los suelos de Cifuentes

Cristina Cifuentes.

Este 8 de noviembre se debate y vota en la Asamblea de Madrid la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tras haber sido avalada por casi 77.000 madrileños. En paralelo, el pasado 2 de noviembre se dio luz verde en la Asamblea, con los votos del bipartito PP-Ciudadanos, a tramitar el proyecto de nueva ley del suelo aprobado por el gobierno de Cristina Cifuentes. La confrontación de estas dos leyes ilustra muy bien, desde varias perspectivas, esta legislatura de transición en la Comunidad de Madrid. 

Comparemos primero ambas leyes fijándonos en su forma de tramitación.

Por un lado, tenemos una Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y por la Asociación Libre de Abogados (ALA). Una iniciativa que forma parte de una campaña estatal de la PAH llamada Romper por abajo, mediante la cual el movimiento por la vivienda digna decidió ofrecer directamente las soluciones legislativas a los problemas que los gobiernos del Partido Popular –estatal y regional– eran incapaces de enfrentar. Una iniciativa que necesitaba 50.000 firmas para convertirse en Proposición de Ley y ha conseguido casi 77.000, con el trabajo voluntario de miles de afectados auto organizados que en cualquier día normal paran tres desahucios, firman otras tres daciones en pago y recogen cien firmas para dotar a su región de la Ley de Vivienda de la que carece. Una iniciativa, por último, elaborada de forma colaborativa por parte de abogados expertos en la materia, que la han dotado de una calidad técnica tal que el gobierno de Cifuentes se ha visto incapaz siquiera de emitir un informe desfavorable a su toma en consideración.

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Memoria de la revolución

Rusia ha celebrado el pasado 4 de noviembre su fiesta nacional, atendiendo a la victoria en el siglo XVII sobre el invasor polaco. Desde 2005 no lo hace en el 7 de noviembre, fecha -según calendario de Occidente- en que se conmemora la Revolución de Octubre. Ni el centenario como motivo ha sido acogido por Putin y sus correligionarios como razón suficiente para darle realce a la efeméride de un acontecimiento que, sin duda, es clave en la historia contemporánea, no sólo de Rusia, sino de Europa y el Mundo. Me impresiona y me acongoja que se pase de largo sobre lo que significó un hecho tan crucial y lo que supusieron sus efectos dentro y fuera de la URSS, a la que la Revolución bolchevique dio paso. ¿No queda nada de la revolución? ¿A dónde fue a parar el esfuerzo titánico de todo un pueblo durante décadas? ¿No hay nada que decir de la memoria, también, de los millones de víctimas que el stalinismo arrojó al agujero negro de la historia? 

El problema no sólo se nos plantea por la programada desmemoria impulsada por Putin. Nos podemos mirar a nosotros mismos. El mundo occidental puede estar cómodo, a pesar de los pesares, recordando la Revolución Francesa, poniendo en ella, en buena parte, el origen de nuestras democracias. ¿Pero qué líder político reivindica hoy la Revolución de Octubre? En la misma izquierda se pasa de puntillas sobre su recuerdo, como si nadie la quisiera en su haber, temiendo que se la cuenten en el debe. Queda para estudio de historiadores o actos culturales. Sin embargo, fue un acontecimiento como pocos, punto de inflexión de la historia –empezando por hacer posible el final de la Gran Guerra, que no se veía en el horizonte-, concreción de una acción política donde partido –de inmediato los bolcheviques monopolizaron el protagonismo revolucionario- y pueblo, éste con un campesinado en rebeldía y un proletariado escaso pero combativo, abrieron camino al “experimento” de construir una sociedad socialista, con las miras en horizonte comunista. Desgraciadamente, entre guerra interna, acoso externo y la deriva dictatorial consumada por Stalin, el proyecto pronto se torció. Le quedó la gesta de la lucha heroica contra el nazismo. Al cabo de décadas, la URSS desapareció, por implosión, en el fin de etapa de un sistema que llegó a ser totalitario y nunca salió del burocratismo en que se fraguó su fracaso, incubado al calor de la Guerra Fría. 

Aun con todo ello, la Revolución de Octubre también fue nuestra revolución. De sus consecuencias indirectas nos beneficiamos, de su inicial impulso emancipador nos enorgullecemos, de sus errores aprendemos y a su memoria nos debemos.

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La hora del Tribunal Supremo

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Nuestro país, España, está viviendo tiempos muy extraños. Los dos últimos meses han sido especialmente intensos y contradictorios. Las sensaciones y vivencias han formado una especie de simbiosis que se retroalimenta en un bucle invisible impidiéndonos salir del impasse producido por la incompetencia y la intransigencia de muchos y la desesperación de los demás.

Los momentos se suceden vertiginosamente con una cadencia difícil de digerir y ni tan siquiera de comprender. Hemos pasado de la euforia independentista del Govern y quienes le apoyaban en esa deriva y el mutismo del ejecutivo español frente a la misma, sin escenarios de diálogo político ni capacidad de comunicación democrática, al dominio total de la escena preelectoral por la Fiscalía General del Estado como un apéndice del Gobierno, sustituyendo a la Abogacía del Estado en este cometido.

De esta forma, el poder Ejecutivo, directa o indirectamente, se expande como una especie de epidemia de poder incontenible ante la vista , ciencia y paciencia de todos. El 155 suave, temporal y "democrático" ha adquirido un contenido tenebroso con la actuación del fiscal general del Estado.

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Mujeres y cine: una cuestión de poder

Harvey Weinstein con la actriz Amy Adams y la cantante Lana del Rey en un estreno en Los Angeles en 2015.

Creo que es evidente, o debería serlo, la estrecha conexión que existe entre las múltiples denuncias que en las últimas semanas están apareciendo sobre casos de acoso sexual en el mundo del cine y las conclusiones que arroja el reciente estudio presentado por CIMA sobre La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico español. Todas las fotografías que resultan de cruzar esos datos de la realidad de la industria cinematográfica nos ponen de manifiesto que estamos ante una cuestión de poder. Es justamente esa la perspectiva que nos ofrece el género en cuanto herramienta analítica: la visualización de las relaciones de poder que siguen alimentando la desigualdad de hombres y mujeres.  Unas relaciones que siguen marcadas, en la sociedad en general, y en el cine en particular, por el dominio masculino y la subordiscriminación femenina. Es esa la dimensión desde la que hay que analizar, valorar y perseguir por ejemplo el acoso sexual en cuanto manifestación de unas relaciones de género basadas en la superioridad masculina y en la paralela vulnerabilidad femenina, así como en una concepción cultural de las mujeres como objetos siempre disponibles para satisfacer nuestros deseos. Al igual que sucede con la violencia de género,  abordarlo como  una cuestión de poder, y por tanto de desigualdad,  es lo que nos da las claves para entender por qué es tan frecuente y sin embargo tan poco visible el acoso sobre las mujeres. Y, en consecuencia, solo actuando políticamente contra él será posible ir erradicándolo de nuestros esquemas de convivencia.

Del informe realizado por Sara Cuenca Suárez, y que tiene la gran virtud de ofrecernos un caudal impresionante de datos con los que callar las bocas de quienes piensan que el género es una ideología, se pueden extraer muchas conclusiones, las cuales además serían  trasladables a otros ámbitos sociales.  El termómetro “de género” que nos ofrece sobre la cinematografía española no creo que difiera en exceso de otros ámbitos como pueden ser el universitario, el científico o el de cualquier sector creativo o cultural.  En todos estos casos, la alarmante conclusión vendría a ser la misma: el poder sigue siendo cosa de hombres. Y cuando hablo de poder me refiero no solo al político sino también al económico y al que deriva de tener la capacidad de crear y decidir los relatos colectivos. 

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Querella catalana

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José Manuel Maza.

Sobre relaciones entre política y derecho penal se podría escribir largo y tendido. Baste un apunte. Cualquier responsable político que cuestione el orden hegemónico de las cosas y pierda está sometido al relato de la parte vencedora. La represalia le esperará a la vuelta del camino en forma de proceso penal, jaleado por la masa de la opinión publicada que sin duda pedirá mano dura contra el transgresor, convertido en blanco de las iras del poder felizmente restaurado para regocijo general. Por ello, cualquiera que practique la desobediencia civil en cualquiera de sus formas, sabe que debe aceptar este destino desde la convicción profunda y de conciencia de que hace lo correcto. Sin fanatismo, con las dudas que acosan a quien se ve en minoría social. Pero con la fe inquebrantable que le dan sus creencias políticas sostenidas y coherentes.

Por eso quizá es menos entendible la estrategia de algunos líderes independentistas en el momento actual. Mucha parte del pueblo catalán se ha partido la cara por ellos y por un ideal compartido. Deberían asumir ahora ellos y ellas el dar la cara por ese mismo ideal en la parte que les puede tocar, como única forma de mantener el simbolismo de la lucha política. Aunque esas consecuencias partan de la evidente venganza y la injusticia que deriva de la interposición de una querella penal por parte de la Fiscalía que tiene un evidente impulso político como por otro lado es evidente porque es la Fiscalía la que baja a acciones concretas la política criminalidad de un Gobierno en su actual configuración. Y en ese sentido hay que destacar algunas cosas que llaman muchísimo la atención.

En primer lugar, se mezclan las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales, que no tienen nada que ver, como el propio Partido Popular mantiene cuando se habla de casos de corrupción. La Fiscalía sostiene un concepto de autoría omnicomprensivo. Similar al todo es ETA, ahora en su versión de “todo es independencia”, planteando una acción concertada de todos los elementos independentistas, Gobern, Junts pel Si, la CUP y asociaciones como ANC y Òmnium en el objetivo común de delinquir, según el relato de unos hechos en que todas las acciones están perfectamente orquestadas y organizadas en pos de un objetivo común, pero sin aportar prueba alguna penal de que esto sea así, más allá de la interpretación política de que se comparten fines.

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Hablemos de España

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Pedro Sánchez preside una reunión de la Ejecutiva del PSOE.

En cierta ocasión, un pedagogo afirmó que en demasiadas ocasiones se defiende el diálogo con el monólogo. Esto, quizás, es lo que está ocurriendo en Catalunya. Las unilateralidades, la direcciones en un único sentido, la falta de transversalidad provocan un escenario político de confrontación nada aleccionador para la ciudadanía. A los y las socialistas, no nos gustan los bloques, ni la separación artificial entre constitucionalistas o no constitucionalistas. Nos gustan los pactos; pactos para la convivencia, pactos para el progreso, pactos para un futuro mejor.

Cuando el diálogo político se rompe es preciso que la ciudadanía decida de nuevo mediante procesos electorales. Por ello, desde el PSOE y del PSC insistentemente hemos apremiado a la convocatoria electoral. Se vencieron las resistencias y el 21 de diciembre, la ciudadanía catalana tomará decisiones sobre su futuro. Pero con el 21D no se termina la crisis catalana.

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155: Un cero a la izquierda

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Manifestación en plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Palau de la Generalitat.

Catalunya vive una revolución democrática, entre el pasmo y la incomprensión de la izquierda española. Ni siquiera en la Transición se produjo un movimiento social de estas características; nada de lo vivido es comparable por su grado de participación popular, extensión geográfica y temporal y por aunar calle e instituciones. Es un fenómeno propio de una nacionalidad oprimida que lucha por sus derechos democráticos y, con mirada equidistante, desde “España” no se puede entender, como no se entiende que en Euskadi la clase obrera se agrupe mayoritariamente en sindicatos nacionalistas, o que la derecha española sea siempre minoritaria en las urnas, por ejemplo.

Pero en realidad, el fondo del sentimiento catalán, es fácil de comprender: después de 40 años de dictadura y otros 40 de centralismo “democrático”, ya no pueden esperar nada del Reino de España ni en lo democrático ni en lo social y se han fijado como objetivo de emancipación conquistar la república catalana, y podemos estar o no de acuerdo, pero se han ganado el derecho a decidir su futuro. El Estado español, heredero del franquismo, está descargando toda la artillería antidemocrática contra el pueblo catalán en nombre de la constitución.

El PP ha decidido aplastar la rebelión del pueblo catalán. Para ello necesitaba la triple alianza, lo de Cs como reedición de falange ya estaba asegurado, pero necesitaba también, era imprescindible, la sumisión del PSOE. Un partido cuyos dirigentes han hecho de la traición cíclica a sus votantes y parte de su militancia su misión histórica; en la transición con la dirección del PCE, pero después con el pacto secreto tras el golpe de estado de febrero del 81, o con ZP aceptando las ordenes de la troika. Ahora, que aparentaban recomponer el partido, han respondido sin rechistar a la llamada de sus amos, en lugar de tomar el timón desalojando al gobierno del PP.

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La izquierda ante una crisis de Estado

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Pedro Sánchez.

El reto del PSOE y del PSC consiste en afrontar sin complejos y desde la confianza ciudadana una crisis de Estado que tiene su epicentro en Catalunya. Para aportar soluciones hemos de actuar combinando los valores propios de la izquierda frente al nacionalismo, nuestro nuevo proyecto socialdemócrata alternativo a Rajoy y una actitud de corresponsabilidad en la defensa del Estado.

No es inocente la actitud obsesiva de quienes, tras legitimar la consulta del 1-O y servir de soporte al bloque secesionista, acusan a Pedro Sánchez de apoyar al Gobierno de Rajoy cuando lo que hacemos los socialistas es apoyar al Estado de derecho. Porque sería un error que la izquierda se desentendiera y dejara como patrimonio exclusivo de la derecha la defensa de la Constitución, de la integridad territorial, y de las instituciones comunes. Aunque tenemos el empeño de someter lo anterior a un reforma consensuada, como en el 78, en el marco de una fase de diálogo transversal, participación ciudadana y máxima transparencia.

Los socialistas hemos afrontado la crisis de Catalunya sin escapismo y conscientes de la gravedad de un problema que afecta a un elemento esencial del Estado: su integridad territorial atacada por un proceso inédito de secesión unilateral. En esta cuestión trascendental, lo mismo que en la lucha contra el terrorismo, el PSOE es partidario de acuerdos para defender el Estado de derecho con la Constitución española como eje del bloque de legalidad. Y lo hacemos por encima de intereses partidistas o de cálculos electorales porque somos un Partido Socialista con vocación de gobierno y practicamos una oposición con sentido de Estado.

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