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La cesta está vacía

Vázquez Montalbán en una imagen de archivo

Once. Mi número fue el once. No lo ponía en la puerta, como tampoco lo indicó durante meses mi tarjeta de visita porque nunca me han interesado los asuntos formales, pero fui la undécima directora de una revista cuyo obituario ahora me toca escribir. También fui la única mujer que ocupó un despacho donde las plantas respiraban nicotina. Entre los testigos que nos entregábamos los directores había unas cuantas carpetas con reportajes pendientes y una definición de interviú que acuñó Manuel Vázquez Montalbán y que, dado su atinado juicio, ninguno trató de mejorar. Las cajas fuertes con secretos inconfesables son parte de la leyenda de una publicación cuyas páginas acaban de desaparecer de los quioscos, pero su cabecera pertenece a nuestra memoria colectiva. Y eso no se borra así como así.

Aunque la anécdota sea conocida resulta tan certera que merece la pena recordarla. Manuel argüía que Interviú era una cesta de Navidad envuelta en un deslumbrante papel de celofán. El papel representaba la portada y se encargaba de cubrir el contenido: desde un jamón pata negra hasta una lata de espárragos, pasando por turrón o un chorizo de matanza. Y si bien el celofán abrazaba las viandas –de lo más variopintas-, no las ocultaba de la vista; por tanto confundir la portada con el todo inducía a error.

A veces conviene explicar la realidad con metáforas, salvo cuando se vuelve tan cruda que no hay analogías que valgan. Interviú cierra y el periodismo está hecho mierda. Sin ambages. Lo están sus lectores o quienes hemos tenido sus riendas entre las manos. Lo están quienes empezaron a recorrer el periodismo en ella o los que se despidieron de él en sus páginas. Y la devastación arrasa a una redacción que ha sufrido lo indecible los últimos años y que desearía para Interviú una muerte digna.

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Verdad y mentira de Diana Quer

La madre de Diana Quer en una entrevista en Espejo Público

El 21 de agosto de 2016 una joven desapareció en A Pobra do Caramiñal, en La Coruña. Su captura y posterior ejecución por Enrique Abuín Gey, llamado 'El Chicle', ha sido revelada en los últimos días, zanjando la especulación que tuvo en vilo a un público entregado. Su nombre ya es conocido por cualquier lector de periódicos: Diana Quer.

El hecho en sí, clásico ejemplo en su resolución de la navaja de Ockham (“…en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable…”), ha supuesto uno de los mayores fenómenos recientes de ficcionalización en el periodismo. Decenas de profesionales, muchos de ellos con años en el sector, han intentado con más o menos escrúpulos despejar las incógnitas de este particular “remake” de Laura Palmer en un alejado Twin Peaks suevo.

La mención a la serie de David Lynch no es ningún caso baladí: el caso de Diana Quer responde a la perfección a los dispositivos narrativos descritos por Vladimir Propp en su célebre Morfología del cuento. Estos elementos se repiten de un cuento a otro, aún sin estar presentes todos a la vez, y son puntos de anclaje poderosos para una fértil imaginación. Permiten avanzar la trama y crean un contexto dramático que hipnotiza al lector: en torno a los espacios sin rellenar del relato originan una incógnita seductora. El libro del autor ruso describe 31 funciones narrativas que pueden encontrarse en todos los cuentos populares. Antes de la aparición del particular “lobo”, Enrique Abuín, podían identificarse dos de manera precisa: alejamiento y fechoría.

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El PP congela el Pacto contra la violencia

"Nos queremos vivas", dice una pancarta del 25N en Madrid. DAVID CONDE

El pasado noviembre, el Congreso aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE  que instaba al Gobierno a aprobar, en caso de prórroga presupuestaria, un Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Insisto, "por unanimidad", es decir también con los votos del Partido Popular.

La Constitución contempla expresamente la prórroga de los presupuestos vigentes, y arbitra un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal cuando no se presentasen los Presupuestos Generales del Estado en los tres meses anteriores a la expiración de los del año anterior.

Pues bien, ya tuvo lugar el último Consejo de Ministros de 2017 y como todo el mundo sabe, el Gobierno no ha presentado los PGE 2018. 

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Cebos envenenados en la Comunidad de Madrid

El uso de cebos envenenados para el control de depredadores u otros animales considerados dañinos para la caza, la agricultura o la ganadería, es una actividad prohibida en España desde 1983. La legislación nacional y europea lo considera un método de control de fauna masivo y no selectivo, es decir, que puede afectar a muchos individuos de especies que no son objetivo, y por esa razón está terminantemente prohibido. Sin embargo el veneno se sigue utilizando ilegalmente en nuestros campos por parte de gente sin escrúpulos, de forma que continúa siendo una de las principales amenazas para nuestra biodiversidad, especialmente para las grandes rapaces y los carnívoros.

Según datos de SEO/BirdLife en la última década casi 7.000 ejemplares de especies amenazadas se han encontrado muertos en España a causa del veneno. Y eso es solo la punta del iceberg, ya que solo se detecta una pequeña proporción de todos los animales que mueren en el campo. Además, el veneno causa la muerte de cientos de animales domésticos cada año y supone un grave riesgo para la salud pública. Este es el caso del aldicarb, retirado del mercado desde 2007 por su elevado riesgo para la salud humana y que no obstante sigue siendo la sustancia más utilizada en los cebos.

Por esta razón, en 2004 la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente aprobó de acuerdo con las comunidades autónomas la “Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en el Medio Natural”. En dicha estrategia se estipulaba que las comunidades aprobaran planes de acción o estrategias regionales para luchar contra este delito.

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El poliamor no es neoliberalismo

24 Comentarios

En la columna recientemente publicada bajo el título Poliamor: ¿amor libre o neoliberal?, el señor Martínez García explica que la amplia serie de comportamientos y principios hoy llamados comúnmente poliamor son una manifestación más del neoliberalismo. Para sustentar tal caracterización, el autor caricaturiza al poliamor, acusándolo exactamente de aquello que los que lo practicamos tratamos de evitar a toda costa: la instrumentalización hedonista del compañero a través de acuerdos del tipo "ahora estamos juntos", así como la patologización del sufrimiento relacionado con el amor.

Empecemos por este último punto relativo a la patologización y su tratamiento especializado. Afirma Martínez García que "Las externalidades negativas del poliamor, como celos e inseguridades, se trabajan en talleres especializados, en un negocio que crece en torno a esta nueva forma de entender la vida afectiva y sexual". El autor cae en el conveniente (para él) desliz de no reparar en que los servicios terapéuticos, los libros y los life coaches aparecieron precisamente para ayudar a la gente a sacar matrimonios monógamos adelante. Cuando se habla de personas celosas dentro de un marco conceptual monógamo y patriarcal, las cuales no pocas veces ejercen distintos tipos de violencia debido a tales celos, se suelen proponer dos explicaciones. Bien los celos son naturales y esenciales dentro del amor  monógamo, bien a la persona le falta una tuerca y necesita ayuda especializada. No se suele criticar, sin embargo, el modelo de la pareja monógama que Martínez García tiene la audacia de poner dentro de la categoría de economía colaborativa. Los que practicamos el poliamor proponemos precisamente que los celos se traten, entre las personas que se quieren, como un sentimiento natural, que requiere atención, paciencia, autocontrol y el perfeccionamiento del propio carácter. ¿Cuántas veces ha tenido que escuchar la gente que no entramos dentro del molde de la pareja monógama que tenemos que ir al psicólogo porque supuestamente tenemos problemas de apego o de adicción al sexo? Decir que el poliamor está proponiendo un enfoque patologizante y experto en el ámbito emocional es simplemente falso y contraproducente.

También escribe el señor Martínez García que en el poliamor no interesa la persona completa: "El otro no me interesa como una persona integral, como en el amor libre, sino solo aquello que pueda poner en un contrato". Esta afirmación es, si cabe, más fácil de contradecir. Es al amor monógamo al que solo interesa una parte concreta de la persona: la parte que no quiere compartir su intimidad y goce sexual con nadie más. La parte de la persona que sí quiere salirse del guión debe ser bien reprimida, bien ignorada como si no existiera. El poliamor es amor libre precisamente porque se acepta que existe aquella parte de la persona que a veces pueda producirnos inseguridad. Quienes practican el amor monógamo no pocas veces manipulan y amenazan con abandonar a su pareja cuando se manifiesta esa parte no deseada de la persona que, en tanto que amada, debe ser poseída cual propiedad. Cuando es la propia faceta no monógama la que se manifiesta, uno engaña para no ser descubierto. A veces, hasta teje historietas patologizantes del tipo “he tenido relaciones con una persona externa a mi acuerdo bilateral porque tengo ciertas carencias”.

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El ataque del Gobierno hacia la reversión de servicios públicos hace aguas

Manifestación por la remunicipalización del agua.

La opción secular de las Administraciones Públicas por la gestión indirecta para la prestación de servicios básicos se encuentra en los últimos tiempos sujeta a debate, abriéndose paso una senda, lenta pero inexorable, hacia la gestión directa.

El acuerdo fue impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto por la empresa concesionaria como por la Administración General del Estado, actuando una vez más en tenaz oposición no sólo a la autonomía local, sino también a los mandatos legales y constitucionales que compelen a las Administraciones a actuar bajo el principio de eficacia, respondiendo en la ejecución del gasto público a los criterios de eficiencia y economía, de conformidad con los artículos 31 y 103 CE, motivo que habría de resultar suficiente para respetar las decisiones tendentes a mejorar la gestión de los recursos y los servicios que les están encomendados, con mayor fuerza si cabe cuando, como es el caso, se trata de servicios públicos de prestación obligatoria.

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2018 y el reto contra la “uberización” del empleo

Un repartidor de Deliveroo en Bilbao

El fraude de los falsos autónomos ha crecido en estos últimos años debido a empresas denominadas de “economía colaborativa” que emplean autónomos para ocupaciones propias de asalariados.

El marco regulatorio de los autónomos tiene serias carencias a las que se debe hacer frente de inmediato: configurar un sistema de cotización justa, fiscalidad adecuada y responsable, y derechos laborales

Bajo el engañoso nombre de “economía colaborativa” grandes multinacionales y otras plataformas de nueva configuración están promoviendo un modelo de precarización del trabajo que ahonda aún más en la penosa situación que ya sufría el trabajo autónomo y los trabajadores que lo desempeñan. Al margen de las consideraciones al respecto del fraude que estas situaciones pueden amparar en términos de burlar a los trabajadores los derechos que les corresponden, lo cierto es que pone de manifiesto de manera descarnada la enorme precariedad que sufre el colectivo. Las formas de organización empresarial recurren a la fórmula del autoempleo porque les compensa, porque somos el “chollo” del sistema: trabajadores que pagan su propia cotización a la seguridad social, que no tienen vacaciones, y de los que puedes prescindir a conveniencia. En este contexto, la implementación de políticas de incentivos a modo de “tarifas planas”, pueden ser un estímulo para ser aprovechadas por terceros en la cadena de precarización y de dumping social.

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Dos años de circo político y mediático

Cristina Cifuentes.

Como portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid estoy acostumbrado a escuchar opiniones del resto de grupos, así como de medios de comunicación, que cuestionan no sólo la honradez de la mayoría de mis compañeros o la totalidad de mi partido, sino también el compromiso de mi grupo con los trabajos de esta Comisión. Son opiniones que, por principio democrático, respeto, aunque evidentemente no las comparta. Desde ese respeto, me gustaría aclarar algunas cuestiones.

No hay ningún hecho que demuestre que Cristina Cifuentes o el Grupo Popular hayan “hecho todo lo posible” por cerrar esta Comisión desde que se constituyó. En primer lugar porque parlamentariamente es imposible. No era posible evitar su constitución (pues sólo se requiere un número minoritario de firmas) ni es posible cerrarla mientras los tres grupos de la oposición no quieran terminar con su “juguete” reconvertido en máquina de triturar a cualquiera que deba sentarse a comparecer. Y en segundo lugar porque políticamente nunca ha sido voluntad del Grupo Popular de cerrarla. Desde el inicio (y ahí están las actas y las declaraciones a los medios) el Grupo Popular pidió que la Comisión se ajustara al Reglamento, se trabajara con rigor, se estableciera un plan de trabajo y se abordaran los temas que están dentro del ámbito competencial de la Asamblea.

El Grupo Popular no se ha opuesto a que se investigue nada. Nunca, ni en la Mesa de la Asamblea ni en la Mesa de la Comisión, el PP se ha opuesto a que se investigue ningún asunto, tampoco a que se investigasen otros que no estaban en el plan de trabajo y que no tenían nada que ver con los temas planteados (espías o cafetería de la Asamblea). Es más, mi grupo no se ha opuesto a ninguna de las comparecencias requeridas por el resto de grupos ni a ninguna petición de información. Sí que hemos mantenido que carecía de sentido práctico investigar asuntos judicializados o hacer comparecer a imputados que en un Estado de Derecho tienen unas obligaciones y derechos con la justicia que, entiendo, les importan más que comparecer ante una comisión en la que se pretenden dilucidar posibles responsabilidades políticas que ya no les afectan. El tiempo nos ha dado la razón.

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'Free Unión': ¿Realidad o aspiración?

Manifestación contra la independencia de Catalunya

Que el territorio que comprende el Reino de España es plurinacional no es un juicio de valor, es una constatación. Salvo que entendamos las naciones desde el trinomio ‘una cultura-una nación-un estado’, superada hace más de medio siglo en Europa. En ese sentido, es posible que en algún momento de la historia de este territorio que hoy abarca España esa constatación pudiera ser cuestionable: los procesos de institucionalización tienden a ser resultado de un conflicto. Ahora bien, la instauración y consolidación de un régimen democrático presupone, entre otras cuestiones, la salida ordenada a ese conflicto. No en vano, cuando la democracia arraiga en un territorio, ocurren al menos dos fenómenos: se visibiliza o encauza la pluralidad existente en el territorio y se des-esencializa esa pluralidad. Esa ‘pluralidad’ no sólo se refiere a la pluralidad de hechos nacionales. Sin embargo, los hechos nacionales sí que son, por definición, los que más directamente condicionan la composición del marco institucional. Es decir, del estado. España no es una excepción: más allá de debates sobre cómo se constituyó el estado, se da la circunstancia de que en al menos dos territorios la posición nacionalista ha persistido. Es decir, la ciudadanía de Catalunya y Euskadi han persistido de forma mayoritaria y sostenida en la convicción de que las instituciones de sus respectivas comunidades autónomas eran las instituciones que coyunturalmente representaban sus respectivas realidades nacionales.

Podríamos debatir si esto deriva de preferencias racionales identitarias, lingüísticas, de modelo social o de modelo de estado, entre otras. Podríamos discutir el peso de cuestiones más emocionales como la historia y la memoria colectiva de una parte de esa ciudadanía tiene en esa realidad nacional: la lucha en defensa de las instituciones y lo que representan (autonomía para gestionar la lengua, la educación, la sanidad, el territorio en sentido geográfico, etc.), el gobierno en el exilio y la opresión, la lucha por los derechos sociales o, incluso, la defensa de la convivencia pacífica en democracia. Podríamos también considerar motivaciones menos justificables, por anti-cosmopolitas, como un posible egoísmo, nativismo o, en casos extremos, supremacismo. Sean cuales sean las motivaciones que enfatice cada cual, la verdad es que posiblemente ninguna de ellas pueda explicar por sí sola la realidad nacional que hoy por hoy existe en esas sociedades. Lo cierto es que la ciudadanía es, más en la era digital, tan heterogénea como compleja en sus motivaciones a la hora de posicionarse políticamente. Tan cierto es esto como que, en estos territorios, el posicionamiento refleja que una amplia mayoría considera sus instituciones como instituciones nacionales. Incluso entre votantes de opciones no nacionalistas. Precisamente porque, desde un punto de vista sociológico, el nacionalismo del siglo XXI no es necesariamente ni militante ni unívoco, sino eminentemente pragmático.

Esta realidad no se ha expresado en los mismos términos en otros territorios del estado. La descentralización ha podido introducir (o consolidar) ámbitos de identificación institucional diferentes al estado central. Sin embargo, esos ámbitos institucionales no tienen el carácter nacional que sí tienen Catalunya y Euskadi. Podríamos discutir, nuevamente, las causas de que así sea. No obstante, lo relevante seguirá siendo el sentido del voto de la ciudadanía en esos territorios descentralizados: un sentido que en ningún caso refleja la existencia de una sociedad diferenciada que se exprese a través de las instituciones. Es decir, así como la mayoría de la ciudadanía de Euskadi puede expresar su afinidad con su ayuntamiento o provincia sin por ello diferenciarlas de la realidad nacional de Euskadi, la mayoría de la ciudadanía del resto del estado puede expresar su afinidad con su comunidad autónoma sin por ello diferenciarlas de la realidad nacional de España. Sin embargo, el voto mayoritario y sostenido en Euskadi y Catalunya, incluso cuando no han gobernado opciones abiertamente nacionalistas, sí refleja que esa diferenciación existe, y nada parece indicar que vaya a desaparecer ¿Es esto un problema en sí mismo? Depende de cómo entendamos la diferencia. Si la entendemos como egoísmo, superioridad, desconsideración o reivindicación de esencias, lo es sin duda. Si la entendemos como reconocimiento, no. Un reconocimiento que no está reñido con aceptar la porosidad y heterogeneidad interna. En el caso de la Unión Europea, se aprecia con claridad: la mayoría amplia y persistente de la ciudadanía española expresa democráticamente que es una sociedad diferente a la francesa. La francesa hace lo propio respecto a la sociedad española ¿Significa esto que la mayoría de la ciudadanía francesa y española no aspiren a ser solidarios, igualitarios, cooperativos o interculturales entre sí? No, prueba de ello es el esfuerzo común por trabajar en la integración europea.

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La desmemoriada ley de la memoria

Maestras de la II República / PSOE Cáceres

A principios de diciembre de 2004, Isabel González entró en las dependencias del Palacio de la Moncloa para acudir a una reunión con los representantes de la Comisión Interministerial que iba a elaborar la ley de la memoria histórica. Isabel llegaba desde la localidad leonesa de Palacios del Sil y buscaba a un hermano desaparecido. Casi sesenta años antes había acudido a la Sociedad de Naciones para denunciar allí las desapariciones de la represión franquista, porque ella buscaba a su hermano Eduardo y a uno de sus cuñados.

Isabel acudía a aquella reunión como parte de la representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el colectivo que en el año 2000 había llevado a cabo la primera exhumación científica de desaparecidos de la dictadura fascista del general Franco y había abierto ante la ONU el caso de las personas desaparecidas en España.

Después de contar su historia, un asesor del Ministerio de la Presidencia le pidió a la representación de la ARMH que dejara de realizar exhumaciones hasta que la ley estuviera aprobada. Y la persona que escribe estas líneas le contestó. “Dígale eso a Isabel, que debería haber estado sentada en esta silla por las mismas razones en 1976 y ahora que tiene más de 80 años viene aquí a que la ayuden y le piden que siga esperando”.

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