El Consejo de la Productividad de España: ¿dónde está el Ministerio de Industria?

El pasado día 7 de marzo se hizo público el documento ‘Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo de la Productividad de España (CPE)’. Es, sin duda, una estupenda noticia: la creación de un consejo nacional de productividad era una asignatura pendiente desde la recomendación del Consejo de Europa de que todos los países de la eurozona tuvieran un organismo independiente para “realizar diagnósticos y análisis de la evolución de la productividad y la competitividad.” (2016/C 349/01). Y hasta ahora solo quedaban España, Italia y Estonia por tener el suyo. Es una noticia especialmente halagüeña dado el rezago que sufre nuestro país tanto en nivel como en crecimiento de la productividad laboral (la cantidad de valor agregado por cada hora trabajada); y porque, como dice la repetida cita de Paul Krugman, para el crecimiento económico “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo, lo es casi todo”.

Pero del texto del proyecto de creación del CPE nos genera preocupación la virtual ausencia en el consejo del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR). No está entre quienes nombran miembros para el CPE, como sí lo harán otros ministerios del entorno productivo y tecnológico: los relativos a economía, trabajo, hacienda, ciencia e innovación y transformación digital. También nombrarán miembros el Banco de España y el Consejo Económico y Social, así como (sin voto) las principales organizaciones sindicales y empresariales. La única referencia al MINTUR en el proyecto de CPE se refiere a que podrá “nombrar un experto en materia industrial para formar parte de aquellos grupos de trabajo que tengan que ver con la productividad industrial o la independencia estratégica (en el artículo 7)”. Y no hay más mención a lo industrial (ni apenas a lo sectorial) en todo el texto. 

¿Por qué es motivo de preocupación la ausencia de lo industrial, del MINTUR, en el CPE? Esa ausencia quizá no habría causado extrañeza en 2016, cuando la UE recomendó la creación de esos consejos. Pero en 2024 indica que no se ha actualizado el entendimiento de la productividad y la competitividad agregadas, incorporando el papel que ahora se reconoce que tiene lo sectorial (y especialmente lo industrial) en su determinación. Y es que es a nivel de actividades productivas concretas (especialmente en la industria), y no en el agregado de la macroeconomía, donde se dan los procesos de mejora tecnológica y de aprendizaje conducentes a mayor productividad y competitividad. Más concretamente, la ausencia del MINTUR sugiere que se están olvidando tres cuestiones fundamentales. 

Primero, parece obviarse que el crecimiento de la productividad a largo plazo depende de transformaciones del modelo productivo, hacia sectores con mayores expansiones de la productividad (que suelen ser industriales) y cuyo desarrollo puede contribuir al crecimiento de la productividad de otras actividades. El proyecto de CPE otorga un papel al MINTUR en materia de autonomía estratégica; pero no es solo en pos de esta o de transiciones ecológicas que debe darse una reespecialización sectorial, sino también en pos del crecimiento de la productividad. Y las políticas que, según el proyecto de CPE, “impulsan la productividad”, las que “apoyan la innovación, mejoran la cualificación de trabajadores y desempleados, reducen las rigideces del mercado laboral y que asignan los recursos de forma eficiente”, no parece que estén precisamente orientadas hacia esa reespecialización a la que podría contribuir el MINTUR. 

Segundo, el proyecto de CPE parece ignorar que el ascenso de la productividad y la competitividad también se da ligada a la modernización de sectores concretos ya presentes en la economía. En España cabría destacar el espacio de mejora de industrias del automóvil, metálica o química (o del propio turismo, del que MINTUR es asimismo responsable). De nuevo, las políticas representadas por otros ministerios, como son las de innovación, digitalización o capacitación profesional, no bastarán o serán mucho menos efectivas en la promoción de productividad y competitividad, si no se adaptan a las necesidades específicas de sectores determinados. La presencia de MINTUR en el CPE facilitaría la coordinación con esos otros ministerios, para diagnosticar y analizar cómo impulsar esos sectores específicos necesitados de modernización. 

Una tercera cuestión es que no vemos que el texto considere que las implicaciones distributivas de la productividad –por las que sí se preocupa el proyecto de CPE– también dependen en buena medida de cuestiones sectoriales. Es cierto que el texto incorpora dos novedades que son bienvenidas con respecto a entendimientos pasados del tándem productividad-competitividad y distribución. Una es que reconoce que la capacidad competitiva no ha de descansar, como se pensaba otrora, en dolorosas restricciones salariales, sino que mediante incrementos de la productividad se pueden incrementar salarios sin dañar la competitividad. Otra novedad es que entiende que hay que vigilar para que los incrementos de productividad den lugar a aumentos al menos equivalentes de los salarios. Pero esa vigilancia difícilmente tendrá consecuencias prácticas si el análisis de las implicaciones distributivas no va más allá de una mirada macroeconómica. Y ello porque la coevolución de productividad, salarios y beneficios depende de procesos asimétricos entre sectores, cuyo conocimiento granular podría aportar el MINTUR al CPE. 

En suma, no estamos diciendo que el CPE deba asumir las funciones de una agencia (de momento, inexistente) para la política industrial, pero no alcanzamos a comprender cómo, sin la interlocución en el seno del CPE entre los ministerios vinculados a tecnología y conocimiento, de un lado, y el de industria (y turismo, sector más que relevante en la economía española), de otro, podrá el consejo cumplir eficazmente con sus funciones de elaborar “análisis económicos y estadísticos orientados a la evaluación y diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española” y de realizar “opiniones públicas en materia de política económica orientadas a la mejora de la productividad y la competitividad de la economía (artículo 8)”. En otras palabras, la ausencia de MINTUR suena a oportunidad perdida para que el CPE conecte dos intenciones manifiestas del Gobierno de España: la de aumentar la productividad agregada y la de fortalecer e impulsar ecosistemas industriales.