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Buscando el acuerdo para la ley de transparencia

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Desde la sociedad civil resulta muy difícil asumir el proceso de negociaciones políticas por el que atraviesan las leyes en su tramitación parlamentaria. Para los poderes públicos también es difícil entender que la sociedad civil nunca se conforme con las mejoras que se le ofrecen en estos procesos de negociación.

El rol de la sociedad civil es el de hacer presión para conseguir subir el listón en la defensa de los derechos de las personas, defender los estándares más avanzados en distintas materias e intentar que estos se alcancen. Este rol no es siempre comprendido en España, hace unos meses el Tribunal Supremo decía que el rol de la sociedad civil no es el de controlar al Gobierno, que este papel corresponde únicamente al Congreso de los Diputados y condenaba a Access Info Europe a pagar 3000 euros en costas al no reconocer su derecho de acceso a la información sobre medidas anticorrupción en España.

La sociedad civil española representada por la Coalición Pro Acceso, una plataforma formada por 65 organizaciones, defiende desde 2006 los principios que consideran deberían definir la futura ley de transparencia, estos principios están íntegramente basados en los estándares internacionales más progresistas y de momento, a pesar de las mejoras anunciadas hoy en el Pleno del Congreso, el texto de la ley no cumple con estos principios.

Entre los cambios que se han confirmado hoy en la cámara de los diputados hay que destacar positivamente la inclusión de la Casa Real, partidos políticos, sindicatos, patronal, empresas que tengan una inversión de dinero público relevante, y el anuncio de la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano que supuestamente será totalmente independiente y que no estará integrado en ningún ministerio.

Todos estos son cambios que a priori acercan al Gobierno a las posiciones del resto de partidos y que integran algunas de las propuestas que defiende la propia sociedad civil; pero no todas. Además de momento no se conocen los detalles de estos avances. Por eso debemos seguir insistiendo, el proceso no ha acabado.

Lo primero que debemos conseguir es que se publique el texto con los detalles de los nuevos cambios para entender el alcance de los mismos y leer bien la letra pequeña para no llevarnos sorpresas. En concreto es muy importante saber cómo funcionará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cómo definirán su independencia y cuál será su mandato y sus potestades.

También es nuestra obligación señalar que hay dos puntos muy importantes en los debemos insistir:

1.- El Gobierno ha reiterado que el derecho de acceso a la información no es un derecho fundamental pese a que los tribunales internacionales a los que está sometida España han sentenciado que sí. No es una mera cuestión formal, los derechos fundamentales prevalecen ante otros derechos y tienen mayores garantías procesales.

2.- En el debate no se ha tratado la enorme exclusión de información que conllevaría el artículo 15 de ser aprobado en su redacción actual. Excluye “la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”, es decir que deja fuera el proceso de toma de decisiones y además altera la definición de información. Este hecho nos impediría firmar el convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, uno de los objetivos de esta ley.

La sociedad civil tiene como misión hacer de contrapeso frente a los poderes públicos, son expertos con los que hay que contar para tomar decisiones y a los que hay que consultar a la hora de aprobar textos legislativos ya que representan mecanismos de control alternativos al sistema tradicional; ese es precisamente su valor añadido. La sociedad normalmente va un paso por delante del derecho y tiene la responsabilidad y la labor de alzar la voz para que nuestros derechos sean reconocidos y respetados.

Con la ley de transparencia todavía hay mucho por hacer, primero queremos verla aprobada (con el mayor número de mejoras posible) y en vigor; después debemos seguir y monitorizar su implementación para asegurar que en la práctica también se respeta nuestro derecho. Y, en cualquier caso, siempre debemos intentar mejorarla.

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