Catalunya será nuestra Polonia
Sin ningún pudor y ningún rebozo el Gobierno ha dejado claro que el objetivo de impedir que Puigdemont y su equipo vuelvan a gobernar bajo ningún concepto en Catalunya no decaerá ni por el mantenimiento, no ya de la forma, sino del fondo democrático.
Aquí lo único que importa es cerrar el paso a un Gobierno de Catalunya integrado por las mismas personas que provocaron la entrada en vigor del 155 y sin ningún rebozo todos los poderes y los organismos constitucionales, el ESTADO con todas las mayúsculas, se ha puesto en marcha para impedirlo. No hay línea divisoria ya entre los poderes a estos efectos y es difícil deslindar cual es el designio del Ejecutivo y cuáles los instrumentos del Judicial para darle cumplimiento.
La falta de vergüenza es tal que este jueves la vicepresidenta del Gobierno, insigne abogada del Estado, dijo sin ningún rubor que Puigdemont “carece del derecho de libertad ambulatoria que le permita acudir a la investidura”. No, señora, no. Puigdemont y sus cuatro consejeros no están privados ahora mismo de ningún derecho. De ninguno. Y el único del que podría desposeérselos de forma preventiva sería de la libertad, pero eso aún no lo hace Soraya por mucho poder que tenga. Eso lo hace un juez. Y aquí ya está dando sentado que incluso detenido sería enviado a prisión. Y ni siquiera así estaría invalidado para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Sin embargo, fueron los tribunales de Justicia los que afirmaron que “de impedir a un ciudadano en prisión preventiva que se presente como candidato a presidente de una comunidad autónoma, lo que se estaría haciendo es, aparte de poner trabas al ejercicio de sus derechos, lesionar a la vez los derechos políticos de sus electores”. Y eso es precisamente lo que el gobierno y el Tribunal Supremo y puede que también el Tribunal Constitucional están dispuestos a hacer: lesionar los derechos de los elegidos y los electores para conseguir la finalidad que se han propuesto.
El Consejo de Estado les ha dicho eso mismo: que no hay ningún motivo para impugnar la investidura de Puigdemont. Les han preguntado porque sin su informe no pueden acudir al Constitucional, pero, si como es previsible saben ya la respuesta que dará éste, no cabe duda de que plantearán el recurso sin importarles que toda la fuerza de la Ley y de la propia Constitución esté contra ellos. Poco importa porque no hay ya ningún pudor o tan poco que se han llegado a publicar, citando fuentes del Supremo y el Constitucional, que existe ya una estrategia que ambos afirman tener ya diseñada “para evitar que Puigdemont repita como presidente”. Y es escalofriante leer ese titular y esa información en la que prácticamente se habla de una coordinación entre órganos para que mientras uno admite unas demandas otro procese y se llega a decir que se admitirán unos recursos para retrasar lo más posible la internacionalización del proceso.
No hay ningún artículo de la Constitución Española que sea vulnerado por la candidatura a ser investido de un diputado electo que no ha sido inhabilitado. No hay ninguna incompatibilidad por tener una orden de detención. Más bien lo inconstitucional será hacer una interpretación extensiva y creativa de las normas, que atente contra el derecho de sufragio pasivo, la autonomía parlamentaria y los derechos de los electores catalanes. Y el hecho de pensar que si el candidato entrara en España y fuera detenido no podría acudir a la investidura significa que el Ejecutivo da por sentado cual será la respuesta de los tribunales y parte de ella no como una posibilidad sino como una realidad.
La barrera de la división de poderes aparece tan diluida que lo que se dibuja es una barrera férrea formada por el batiburrillo indisoluble de todas las instancias del Estado para conseguir una finalidad precisa, esa que las fuentes contaban a Batallas, evitar como sea que Puigdemont sea investido presidente. Aunque nos dejemos la decencia democrática y los pelos de la separación de poderes en la gatera. Lo cual es muy peligroso. Mucho. La dilución de la separación de poderes y del verdadero Estado de Derecho en Polonia ha llevado a la Comisión Europea a activar los mecanismos para privarla de su derecho a voto por infringir el artículo 7 del Tratado que tiene por objeto garantizar que todos los países de la UE respeten los valores comunes de la Unión, incluido el Estado de Derecho.
Sería un sarcasmo que Catalunya fuera nuestra Polonia. Sería grave que las jugadas impropias realizadas por el Tribunal Supremo para evitar que instancias internacionales revisen un proceso que en España no tiene posibilidad de ser compulsado, acabaran como una denuncia ante la Comisión Europea por vulneración del artículo 7. Todo se irá viendo.
Lo cierto es que parece que nuestra Carta Magna no tuvo nunca más que un artículo mollar: el artículo 2. El de la sacrosanta unidad de España. Es evidente que los que aún creemos que el artículo más importante es el artículo 1, aquel por el que nuestro país se constituye en un Estado social, democrático y de Derecho, cada vez tenemos menos lugar para ninguna esperanza. Lo pagaremos todos.
