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Fabricando al enemigo

Mientras el legislador fabrica el arma (la Ley de Reforma de la Propiedad Intelectual), los medios de comunicación fabrican un enemigo a medida para que la justifique.

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El 14 de febrero se aprobó en el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Reforma de la Propiedad Intelectual. La reforma incluye el famoso canon AEDE, también llamado por los medios a los que beneficia “tasa Google”, aunque afecte a muchos otros con menos nombre y dinero. La reforma convierte en ilícitas la gran mayoría de las copias para uso privado que hacen los ciudadanos, persigue las páginas de enlaces y da a la Comisión Sinde-Wert la facultad de decidir lo que es lícito o ilícito y de imponer multas de hasta 300.000 euros como sanción.

Una bomba de esta envergadura necesita de un enemigo a medida que la haga admisible a ojos de los ciudadanos. Prensa, radio y televisión llevan semanas haciendo ese trabajo. Mientras el legislador fabrica el arma, los medios de comunicación fabrican un enemigo a medida para que la justifique.

El mismo día de la aprobación del proyecto, El País avisaba de que “España sigue al borde del abismo en la lista negra de la piratería”. En el otro extremo, y los extremos en las líneas editoriales de nuestros periódicos quedan cada vez a menos distancia, ABC planteaba un supuesto de conflicto familiar de altura. Dos semanas antes de la ya anunciada aprobación del texto, comenzaba el artículo de este diario con una encrucijada moral basada en hechos reales:

"Papi, tengo una lista de canciones que quiero que me bajes de internet", le dijo su hija de nueve años. «Y yo quiero unas pelis de dibujos», añadió su hermano pequeño. Sabía que más pronto o más tarde iba a llegar este momento y, a pesar de ello, no tenía nada preparado”.

El artículo se tituló “¿Piratas o ladrones?”, dando pocas opciones a salir bien parado en la elección.

Mientras Antena 3 decía que por la piratería “se dejan de crear 25.000 puestos de trabajo”, la Gaceta de Salamanca celebraba la reforma diciendo que “En tiempos lejanos los piratas vestían bermudas y parche en el ojo, pero en la edad de Internet los bucaneros habitan lujosas mansiones y esconden sus fortunas en paraísos fiscales […] Como tiburones desalmados, han sabido pescar en los ríos más revueltos con la habilidad de los embaucadores. Hablamos de Google, de Yahoo y del resto de firmas corsarias...”.

El articulista, que por algún extraño desajuste cree que los tiburones pescan, considera que los que llama piratas “son los verdaderos beneficiarios de todas las crisis y de todos los recortes a los que Occidente ha sometido a sus ciudadanos”.

El trabajo de los medios no quedará en una mera palmada en la espalda a la reforma, sino que piensa prolongarse durante su tramitación parlamentaria. De hecho, un programa que se está preparando en estos momentos parece que continuará la senda. No sé cómo será el resultado final, pero sí puedo hablar de sus métodos de investigación.

Persiguiendo a personas absueltas por los jueces como si se tratase de criminales que han encontrado una laguna legal, el equipo del programa ha visitado universidades para preguntar a sus rectores qué piensan de tener piratas estudiando allí. Incluso han ido al pueblo de un estudiante administrador de una web de enlaces que ganó en los tribunales a la industria para preguntar a sus vecinos y amigos qué opinan de él y si saben si usa o no coches caros.

Yo mismo, que me negué a participar en el programa pensando que si la investigación era amarilla el resultado no sería de distinto color, los tuve durante horas con sus cámaras en la puerta de mi despacho. Incluso se las ingeniaron para entrar en las oficinas, supongo que con la intención de grabarme diciendo de nuevo que no quería participar en un programa así, lo que les permitiría poner a esas intrascendentes imágenes una música de suspense de fondo.

"Se llama "etapa prelegislativa" a aquella fase en la que se procura constatar la aparición de una disfunción social que merece una reforma legal. No se requiere que esa disfunción sea real, sino que basta con que lo parezca". Aunque en este caso se refería en concreto a las leyes penales, Díez Ripollés explica esta etapa así: “El proceso sociológico desencadenante de una decisión legislativa penal se inicia con el éxito de un agente social en hacer creíble la existencia de una disfunción social necesitada de algún tipo de intervención penal [...] La disfunción social puede ser, en sus presupuestos fácticos, real o aparente, cualidad esta última de la que los agentes sociales activadores del proceso pueden no ser conscientes, serlo o justamente estar movidos por la intención de hacer pasar por real una disfunción aparente. La frecuencia con que en el ámbito político-criminal se trabaja con disfunciones sociales aparentes, esto es, con representaciones de la realidad social desacreditadas por los datos empírico sociales, no debería subestimarse”.

Con el Código Penal de Gallardón también en marcha, es evidente que es esta la etapa en la que nos encontramos. Los medios de comunicación, uno de los beneficiarios principales de la misma norma que elogian, están haciendo su trabajo. El legislador, por su parte, hace el suyo: crear la norma que le demanda la industria del copyright estadounidense, que ha declarado estar “frustrada” por “los procesos judiciales en España”. Una frustración que nos encargaremos rápidamente de aliviar dando todo el poder a un órgano administrativo que pueda apartar a esos molestos jueces y sus largos e impredecibles procesos.

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