El Gobierno canario manda a los tribunales a la Comisionada de Transparencia para ocultar los beneficiarios de las indemnizaciones de La Palma

El Gobierno de Canarias ha enviado a la jurisdicción Contencioso-Administrativa una resolución de la Comisionada de Transparencia para poder mantener en secreto los pormenores de las indemnizaciones repartidas entre los damnificados por la erupción del volcán de La Palma de septiembre de 2021. La iniciativa judicial proviene de la consejera de Presidencia del Gobierno, la palmera Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria, cuyo departamento se ha venido oponiendo reiteradamente a ofrecer esta información desde que en enero de 2025 recibió el primer requerimiento.

Y el requerimiento proviene de un obstinado ciudadano, Francisco Rodríguez Pulido, que se encuentra al frente de una asociación de damnificados por la erupción, Tierra Bonita, y que ha tocado más de una decena de puertas institucionales hasta ahora sin éxito. Además de la Comisionada de Transparencia, ha recurrido a la Fiscalía, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a su homóloga en el Estado, al Ministerio de Hacienda y a la Mesa del Parlamento canario. Todas ellas han alegado no ser competentes en la materia, por lo que solo ha obtenido el amparo de la Comisionada de Transparencia, que el pasado 30 de junio acordó “requerir a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para que publique las ayudas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos a personas físicas y entidades, en sus bienes inmuebles, como consecuencia directa o indirecta de la erupción volcánica en la isla de la Palma, con identificación de todas las personas destinatarias (salvo la personas físicas que pudieran encontrarse en situación de protección especial), en la forma prevista en la normativa de protección de datos en el caso de las personas físicas”.

La consejería se ha venido negando sistemáticamente a cumplir esa resolución blandiendo un informe jurídico en el que se alega que que no se pueden divulgar los nombres de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por las ayudas para paliar los daños de la erupción porque, a su entender, se vulneraría su derecho a la intimidad. En la orden que regula esas ayudas, de fecha 2 de junio de 2024, se especifica el perfil de las personas que pueden ser beneficiarias: “las personas físicas, en su caso sus causahabientes, incluidos los supuestos de transmisión en vida, y las personas jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de patrimonio separado sin personalidad jurídica, que tengan la condición de persona afectada como consecuencia del daño sufrido en sus bienes y derechos a causa de la erupción del volcán, ya sea como persona propietaria, usufructuaria, o con base en cualquier otro derecho de uso o disposición”.

En base a ese amplio enunciado, Francisco Rodríguez Pulido decidió reclamar el máximo de información, lo que hasta la fecha no ha sido atendido. 

El importe de las ayudas quedó fijado, en la fecha en la que se publicó esa orden, en 140 millones de euros aportados por el Estado con cargo a la partida denominada Plan de Recuperación de La Palma, a los que la Comunidad Autónoma sumaría otros 40 millones con idéntica denominación.

El pasado 1 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reclamó el expediente a la Comisionada de Transparencia, que se lo trasladó en el plazo conminado, diez días. Al conocer ese procedimiento judicial, Francisco Rodríguez Pulido ha solicitado al tribunal su personación como parte codemandada al haber sido quien promovió el acuerdo recurrido por el Gobierno de Canarias.

Pero en lo que se dilucida ese pleito en los tribunales, este ciudadano palmero ha reclamado la dimisión “inmediata” por considerar que su actuación es “incompatible con los principios de ética pública y transparencia”, y porque le resulta “inconcebible” que la titular de la consejería responsable de la materia se haya convertido en “la principal adversaria” del derecho a la información. Rodríguez Pulido critica además el uso de recursos públicos para financiar un litigio “cuyo único objetivo es evitar la rendición de cuentas”.