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Catedrático emérito de Filosofía del Derecho

Javier de Lucas: “Ningún programa electoral se toma en serio la complejidad de la política migratoria”

El catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Javier de Lucas

Elisa Reche

Murcia —
19 de noviembre de 2026 06:00 h

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Javier de Lucas (Murcia, 1952) estudió en Murcia hasta segundo de Derecho, pasó por Pamplona tras el sueño de estudiar cine y en 1974 se instaló en Valencia, donde ha desarrollado su carrera como catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de Derechos Humanos, con largas estancias en el extranjero, entre ellas siete años al frente del Colegio de España en París. Fue senador hasta 2023 y hoy es catedrático emérito y consejero del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Este jueves vuelve a su ciudad para pronunciar la ponencia inaugural del II Seminario sobre Migración que organiza el profesor Carlos Gil Gandía en la Facultad de Derecho, en plena campaña de unas elecciones generales en las que la inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate.

Su ponencia se titula ‘Migrar en tiempos jurídicamente convulsos’. ¿Ha cambiado el derecho o la forma en que los gobiernos lo aplican?

Lo que ha cambiado es la voluntad política dominante, que no creo que sea socialmente mayoritaria, pero sí hegemónica en el discurso del poder y en un espacio público que hoy constituyen sobre todo unas redes sociales extraordinariamente manipulables al servicio de quien tiene el poder económico para manejarlas. Esa voluntad desarrolla una narrativa tóxica que utiliza la inmigración a la vez como ejército de reserva y como explicación simplista de todos los males. En esta campaña quien lo ejemplifica clarísimamente es Vox que, ante cualquier problema, saca el comodín de que la culpa es de la inmigración.

¿Puede una persona tener derechos plenos si no es ciudadana?

Durante la regularización se ha difundido que era una forma de captar votos, lo cual es mentira, porque los regularizados no tienen derecho a voto, sino a una residencia legal y a buscar trabajo. En toda Europa los residentes extranjeros están equiparados en la mayoría de los derechos, pero no en la participación política, con lo que hemos resucitado el viejo síndrome de Atenas, el de una democracia que excluye como sujetos políticos a una parte de la población que reside legalmente y contribuye. Y con la paradoja de que su presencia aumenta el censo y, por tanto, el número de diputados y senadores, pero ellos no pueden votarlos.

¿El Pacto Europeo de Migración y Asilo protege a quienes llegan o consolida la 'Europa fortaleza'?

Como proyecto es una necesidad, pero este pacto no protege debidamente los derechos de quienes llegan. Su pieza más criticable es el reglamento de retorno, con la ficción de los países seguros. Hemos incluido en esa lista a Mauritania, que se rige por una interpretación muy estricta de la sharía, como si fuera un lugar seguro para las mujeres y niñas que devolvemos allí desde Canarias. Eso vulnera el principio más elemental del derecho de asilo, la no devolución a un país que no sea seguro.

Y el discurso de la integración es irreal si se plantea como algo unilateral porque cuando hay relación entre dos partes cambian las dos. Quien llega tiene que respetar nuestras costumbres, pero no practicarlas. Yo llevo más de cuarenta años en Valencia, hablo valenciano y no me gustan los petardos ni las fallas, y prefiero el arroz de Cabo de Palos a la paella. ¿Quiere decir eso que no soy valenciano?

¿Estamos ante un retroceso de los derechos humanos como marco común?

Sin duda, y es una lección brutal de que los derechos no están adquiridos para siempre. Lo vemos en personas a las que detienen en la calle o a las que se quiere deportar a países con los que nunca han tenido relación, como pretenden cinco países europeos que negocian con Ruanda un centro de deportación, un país que, como pueden imaginar los lectores, no es un paraíso del Estado de derecho. Las deportaciones colectivas son directamente contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

¿Hay responsabilidad jurídica de los Estados en las muertes del Mediterráneo y la ruta canaria?

En el Mediterráneo puede haberla cuando se demuestra omisión del deber de socorro porque si hay voluntad política, en el marco del Estado de derecho se puede establecer responsabilidad jurídica. En Canarias no creo que la haya en ese sentido porque Salvamento Marítimo hace justamente lo contrario, salvar vidas. Otra cosa es la responsabilidad de mantener a esas personas en condiciones infrahumanas que, además, generan enormes dificultades a la población local, como en El Hierro, una isla de unos 10.000 habitantes a la que en las últimas semanas han llegado miles de personas, o en Ceuta, con la entrada de un contingente que el Gobierno cifra en 80.000 personas y algunos agentes elevan a más de 100.000.

Esas situaciones son caldo de cultivo de reacciones xenófobas. La responsabilidad es del Gobierno central, pero también de las comunidades autónomas que se niegan a asumir la redistribución de menores y un principio básico de solidaridad.

¿Cómo valora el debate migratorio en la campaña del 29N?

Ningún programa se toma en serio la complejidad de la política migratoria. Los más difícilmente compatibles con los derechos básicos son los que ignoran los derechos de los menores no acompañados, contrarios a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, solo se habla de quienes llegan en patera, cuando la inmensa mayoría entra por vías regulares y acaba en situación irregular porque no hay vías legales para trabajar.

Con nuestro perfil demográfico, o los españoles empiezan a tener hijos, lo que es imposible sin vivienda, o la inteligencia artificial da un salto portentoso, o no hay más remedio que recurrir a la inmigración, pero no en términos de semiesclavitud. Dentro de su inconcreción, creo que el Frente Amplio es quien ofrece algunas medidas que cuadran ese sudoku.

Casi 1,2 millones de personas, más de 45.000 en la Región de Murcia, han pedido acogerse a la regularización extraordinaria. ¿Es una cuestión de derechos, de economía o de ambas? ¿Choca con el marco europeo, como sostiene la oposición?

Hay que reconocer que la inmensa mayoría de los socios europeos está en contra de cualquier regularización y que España está en minoría. Las regularizaciones son el reconocimiento de un fracaso, pero un mal menor cuando no has abierto vías legales y tampoco puedes expulsar a esas personas.

No soy partidario de las puertas abiertas, que son un disparate, y se puede discutir si este proceso se ha hecho bien, pero no se puede mantener a más de un millón de personas en condiciones de semiesclavitud. La alternativa es tener trabajadores con derechos o sin derechos, y necesitamos esa fuerza de trabajo con los mismos derechos que cualquier otro trabajador.

La agricultura murciana depende de trabajadores migrantes y, a la vez, aquí pesa mucho el discurso antiinmigración. ¿Cómo se explica?

Por un mensaje tan simplista como eficaz, que tuvo sus episodios en Torre Pacheco y Jumilla y que a los más viejos nos recordó a El Ejido, cuyo alcalde venía a decir que a las siete de la mañana todos los trabajadores eran necesarios y las siete de la tarde sobraban todos. Es el discurso de que hay seres humanos que son herramientas, pero no iguales en derechos, y que prende con un bulo. Sirve también de excusa para no invertir en sanidad o educación, culpando a los inmigrantes de un desbordamiento que estadísticamente es falso, y omitiendo que esos supuestos gorrones también pagan la sanidad y la educación.

¿Qué deja Torre Pacheco? ¿Funcionaron los mecanismos contra los delitos de odio?

Son mecanismos muy complejos porque la libertad de expresión hay que protegerla al máximo y ser xenófobo por falta de educación no te convierte necesariamente en delincuente; otra cosa es poner en peligro la vida, la libertad o la igualdad. La enseñanza es que convivir con diferentes es complicado, y esos festivales interculturales en los que una vez al año nos enseñan a hacer hummus crean el espejismo de que no lo es. Sin igualdad de derechos y de deberes no hay convivencia, y eso no es tolerancia, que es un engaño repugnante, porque supone que yo soy superior al otro y lo aguanto mientras me dé la gana.

En algunas zonas de la Región la mayoría del alumnado es de origen migrante. ¿Está respondiendo el Estado?

Si las comunidades y los ayuntamientos, que cargan con la mayor parte del gasto en sanidad y educación, no tienen recursos ni voluntad de universalizarlos, lo que llega es el conflicto y la estigmatización. Hay que explicarle a la gente que si tarda en conseguir una cita médica no es porque haya inmigrantes, sino porque faltan médicos, y que la solución es más profesorados y más medios.

Ningún partido plantea la colaboración entre administraciones, que se echan la culpa mutuamente mientras la casa se queda sin barrer. El problema no lo tienen los ministros, sino quien está en el ayuntamiento, en la escuela y en el centro de salud, y ahí es donde hay que poner el dinero.

¿Qué le diría a un joven murciano que vota por primera vez el 29N sobre la inmigración?

Que la inmigración es su futuro y que gestionarla bien es la clave de que ese futuro sea mejor. El inmigrante no es tu enemigo, es tu socio, si sabemos convertirlo en socio. Si los echamos vamos a la ruina porque en un país sin inmigración no habría pensiones, ni trabajo, ni vivienda, ni mejor educación ni sanidad para los jóvenes.

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