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Los mossos imputados por la agresión racista de Manresa piden al juez archivar el caso y que la víctima no pueda identificarlos

Agentes de la ARRO de los Mossos, en una imagen de archivo

Oriol Solé Altimira

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Los seis agentes de los Mossos d'Esquadra imputados por una agresión racista han pedido al juez anular la rueda de reconocimiento prevista para identificar a los autores concretos de cada uno de los insultos y amenazas que recibió la víctima. La petición se basa en que el caso, a juicio de la defensa de los mossos, debe archivarse al haberse rebasado el plazo máximo de instrucción de seis meses.

En un escrito del 9 de junio, la defensa de los seis agentes solicita al juez de Manresa (Barcelona) “dejar sin efecto” la rueda de reconocimiento prevista para que la víctima pudiera señalar qué agentes concretos de entre los seis investigados le habían proferido insultos y amenazas racistas durante su detención en un desahucio en la localidad de Sant Feliu Saserra en enero de 2019.

El escrito fue presentado una semana antes de que SOS Racisme hiciera pública la grabación de la agresión, a la que la conselleria de Interior reaccionó cambiando de destino a los agentes. 

El juez acordó el pasado 15 de mayo proceder a una rueda de reconocimiento de los seis agentes investigados tras varios intentos infructuosos a lo largo de un año de instrucción para identificar cuántos mossos de los seis investigados insultaron y amenazaron a la víctima. A día de hoy todavía no se sabe qué mosso profirió cada uno de los insultos y amenazas racistas y cuántos presenciaron la agresión sin frenarla: los agentes investigados se han acogido a su derecho a no declarar y sus superiores, a requerimiento del juez, han alegado que no pueden identificar las voces del audio de la agresión que grabó el joven, al que representa SOS Racisme.

“Negro de mierda, hijo de puta, racista no, lo siguiente, eres un mono”, le dijeron los mosso al joven. Otro de los agentes le pide que lo mire y le espeta: “¿Has visto alguna vez el demonio tan cerca? Soy lo más cerca que vas a ver el demonio”. Otro le amenaza con “hundirle la cara” si le “vuelve a tocar” y otro uniformado apostilla que no racista sino “ordenado”. Los seis investigados son de la unidad ARRO, que apoya a los antidisturbios de los Mossos en dispositivos de orden público.

El pasado 4 de junio, el juez remitió otro escrito a acusaciones y defensas donde manifestaba que las partes se pronunciaran sobre si la rueda de reconocimiento de la voz de los agentes debía hacerse de forma conjunta o individualizada y que precisaran si los mossos investigados debían acudir con algún tipo concreto de vestimenta. La respuesta de la defensa de los mossos imputados fue pedir directamente el archivo del caso y anular la rueda de reconocimiento.

La defensa, que ejerce un bufete externo a la abogacía de la Generalitat, se ampara en el polémico artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal para pedir el sobreseimiento del caso. Este artículo, introducido en la norma durante el Gobierno del PP y que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos quiere reformar, puso una fecha de caducidad de seis meses a las investigaciones penales.

La causa de la agresión racista de Manresa se abrió en febrero de 2019, y la defensa argumenta que ya han pasado más seis meses sin que se haya prorrogado la instrucción del caso ni declarado complejo, lo que obliga, a su juicio, a dar carpetazo a la causa. Por ello pide al juez a decretar el archivo del caso o su sobreseimiento “por falta de autor conocido”. La defensa ya presentó la misma solicitud en noviembre del año pasado y el juez la rechazó.

Los seis agentes están imputados por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. La conselleria de Interior decidió cambiar de destino a los agentes implicados, que pasaron del trabajo de calle en la ARRO de Manresa a labores de oficina en otras ciudades de Catalunya. El cambio de destino, que no contempló ninguna suspensión de empleo ni de sueldo, llegó más un año después de los hechos y solo después que SOS Racismo desvelara la agresión racista.

La medida fue acompañada de una condena rotunda de la agresión por parte del Govern y la promesa de “tolerancia cero” con el racismo. El conseller de Interior, Miquel Buch, se comprometió ante el Parlament a “actuar con toda la dureza” tanto contra los agentes autores como los encubridores de las agresiones racistas. Para ello pidió esperar al final del recorrido judicial del caso, aunque el reglamento disciplinario de los Mossos le permite actuar antes y suspender a los agentes antes del juicio.

El sumario del caso, de hecho, constata que la estrategia de defensa de los agentes ha sido la contraria a las palabras del Govern. Los agentes fueron identificados por la minuta policial de la detención de la víctima, a la que además denunciaron por tráfico de drogas (el juez lo descartó de plano). Tanto ante la división de asuntos internos de los Mossos como ante el juez se acogieron a su derecho a no declarar. También rechazaron dar su consentimiento al juez, el pasado mes de febrero, para proporcionar sus voces y cotejarlas con las de la grabación.

El juez también proporcionó la grabación a la unidad de asuntos internos de los Mossos para que identificara a cada uno de los agentes que intervienen en la misma. Tras negarse los propios implicados a reconocerse en el audio, asuntos internos mostró la grabación a sus superiores en la ARRO de Manresa. Sin resultados.

El sargento subjefe de las ARRO de la Catalunya Central y jefe de una de las unidades que participaron en la detención de la víctima justificó no reconocer a ninguno de los agresores porque solo tenía “trato ocasional” con los agentes. Otro sargento tampoco señaló a ningún mosso porque no tenía “trato diario” con los agentes al ser sus labores de “gestión operativa”.

Por último, el subinspector jefe de las ARRO de la Catalunya Central dijo poder identificar a tres agentes “por su acento de Lleida”, pero solo en un fragmento de la grabación irrelevante ya que no era el que contenía los insultos racistas. Así pues, la rueda de reconocimiento, ahora cuestionada por las defensas, puede suponer el último intento para identificar las voces de los mossos racistas.

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