¿Qué impacto ha tenido en el campo el aumento del salario mínimo?

Con el año 2019 entró en vigor la subida pactada por el Gobierno con Podemos del salario mínimo hasta los 900 euros al mes, con 14 pagas, o sea 1.050 euros al mes con 12 pagas. Para comparar, según los datos del diario Expansión, este sería de 1.593 euros en Bélgica, 1.557 en Alemania, 1521, en Francia, 700 en Portugal y 683 em Grecia. La voluntad política declarada del Gobierno era hacer frente a la epidemia de “trabajadores pobres”. Antes de la crisis, tener un trabajo significaba encontrar un lugar en la sociedad y obtener un salario digno. Con la crisis y la devaluación interna que sufrió España, esto dejó de ser así.

Obviamente, la medida ha sido bien recibida por los sindicatos de trabajadores y criticada por los representantes empresariales. Todos los estudios ex ante disponibles, tanto del Banco de España como del propio Gobierno y, por supuesto, de los think tanks más o menos cercanos a la patronal, concluyeron que cabría esperar un impacto negativo en el empleo. Este impacto se centraría en los empleados más expuestos y con menos formación, precisamente a los que se intenta mejorar con la medida. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo señaló que los sectores del comercio, de la hostelería y de los servicios a las personas serían los sectores más sensibles, seguidos por el sector agrario. El Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, confeso públicamente su temor a que se produjera un aumento de la economía informal.

La medida ha estado vigente poco más de medio año y es muy difícil concluir con rigor sobre su impacto real. Además, los periodos electorales no han sido propicios para el análisis ponderado y riguroso. Los gobiernos (nacional e incluso autonómicos) sistemáticamente se apuntan como mérito propio una lectura optimista de las cifras del paro; los partidos en la oposición critican duramente la política económica seguida. Todos publicitan la gran cantidad de empleo que van a crear si confiamos en ellos.

Cualquier analista un poco riguroso sabe que hay que tener en cuenta otros factores, como la desaceleración de la economía global, las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China e Irán, la inseguridad en el estrecho de Ormuz y su impacto en el precio del petróleo, la incertidumbre política que sufrimos, las restantes medidas de política económica adoptadas (o al menos anunciadas) por el Gobierno o la campaña de inspecciones para poner coto a los falsos autónomos. Por solo desarrollar el primero de estos factores, la locomotora alemana esta ralentizada, con un crecimiento previsto del 0.5%. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), por ejemplo, en su balance del año, subrayó las sombras que sobre nuestro sector está dejando el menor crecimiento de nuestras exportaciones.

Los discursos optimistas que apoyan la acción del Gobierno señalan que el número de parados sigue cayendo (la tasa de paro ha seguido bajando y estaba en el 13,8% de la población activa en abril 2019). Los discursos pesimistas, denunciando la mala acción o la inacción del Gobierno, insisten que se trata de la continuación de una tendencia fuerte heredada por el actual Gobierno que se sigue manifestando, pero con un ritmo más lento que en el pasado.

Lo que, sin embargo, me parece obvio es que no se ha producido ninguna catástrofe en el mercado laboral. No tenemos competencia para hablar de otros sectores de la economía, pero la situación en el sector agrícola merece una reflexión.

En los últimos meses, el campo ha atravesado tiempos difíciles, especialmente los productores de cítricos y aceite de oliva. Las denuncias se concentraron en los precios no remuneradores que no cubrirían los costos de producción. Los responsables serían las importaciones de productos de países terceros, el oligopolio industrial y/o la gran distribución. Al menos, que yo sepa, nadie ha mencionado el aumento del salario mínimo como un factor a tener en cuenta, incluso simplemente como un factor agravante.

Para saber lo que está pasando, debemos mirar por ambos lados, desde el ángulo de los trabajadores y desde el de los empleadores.

Desde el lado de los trabajadores

Un gran porcentaje de los trabajadores que participan en las campañas de recolección, en los olivares o en los invernaderos en esta época del año, están contratados mediante agencias de contratación temporal, aunque solo sea para agilizar los procedimientos administrativos y burocráticos. Muchos tienen su salario indexado a su rendimiento, lo que les coloca fuera del campo de aplicación del salario mínimo, con gran disgusto de los sindicatos.

Por otro lado, la demanda de trabajo temporal es, a corto, plazo rígida. Las aceitunas deben ser cosechadas, y las fresas y los tomates, recogidos. Los empresarios no tienen flexibilidad alguna para, en plena campaña, modificar sus necesidades de mano de obra. De hecho, en mayo 2019, las campañas de recolección de la fruta han contribuido a aumentar la afiliación en el sector agrario y a bajar el número de desempleados. En cuanto a los trabajadores fijos, el impacto, si se produce, solo puede notarse a medio y largo plazo.

Es verdad que CCOO ha denunciado un incumplimiento “bastante generalizado” del SMI en el sector agrícola y que hay resistencias del lado de la patronal, pero las cosas poco a poco parece que se están canalizando. El 23 de mayo se firmó por ejemplo el convenio de actividades agropecuarias de Málaga y el convenio más conflictivo hasta ahora, con asalto a la sede de una de las patronales incluido, está siendo encauzado después del laudo arbitral.

Como señala Virginia Vadillo desde Murcia en un artículo publicado en El País, las grandes empresas son las más cumplidoras y el problema se concentra en las pequeñas, que pueden “camuflar” los datos. La necesaria labor de la inspección del trabajo tiene una doble función: proteger primero al trabajador para que se cumpla la ley, pero también proteger al empresario honrado que la aplica.

No es verdad que los empresarios agrarios no pueden pagar salarios más altos. Iberinform, filial de Crédito y Caución, hizo público el 21 de mayo un estudio sobre las previsiones de los empresarios sobre la evolución de las plantillas. Realizaron 300.000 entrevistas personalizadas a empresarios tanto del sector primario como de otras actividades económicas. El 23% de las empresas dedicadas a la agricultura y ganadería prevé aumentar su plantilla a corto plazo, frente al 79% que la mantendrá estable y el 1,9% que estima que su evolución va a ser negativa. Los empresarios agropecuarios son los que tienen una visión con más dinamismo del empleo en 2019, seguidos de los del sector de la construcción (21% prevé aumentar plantilla), servicios (16%), transporte (14%), industria (14%) y energía (12%).

Este relativo optimismo de los empresarios agropecuario llama la atención. Podemos profundizar algo más nuestro análisis gracias a los documentos que la Comisión Europea ha publicado como parte de la preparación de los planes estratégicos futuros previstos para la próxima Política Agraria Común (PAC). Sobre esta base, nuestro Ministerio de Agricultura español ha preparado un documento de análisis de gran interés que, insisten desde Atocha, ni tiene carácter jurídico alguno ni prejuzga la posición del Ministerio.

El documento está lleno (al menos para mí) de datos interesantes y de sorpresas. Por ejemplo, es un clásico en muchos discursos (y no solo los victimistas) subrayar que la renta agraria es inferior al salario medio de la economía.

El documento aclara que “hay que ser conscientes de que la situación que arroja el indicador de Renta Agraria, cuando se mide por UTA (Unidades de Trabajo Año) y se compara con los salarios medios de la economía, es mucho más favorable en España que en el conjunto de la UE, especialmente de la UE15. En el año 2017 este indicador se situó para España en 117,7% frente a 55,9% para el conjunto de la UE28. Es decir, la renta agraria por UTA en España fue un 18% superior al salario medio cuando en el conjunto de la UE28 era un 44% inferior. En siete países el indicador superaba el 100% y sólo cuatro países presentan un mayor valor que España (R. Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Holanda)”.

Más adelante, el documento mencionado subraya “la agricultura española es una de las que presenta mayores diferencias entre el valor de la Renta agraria/UTA y el de la Renta empresarial/UTA no asalariada, lo que debe ser tenido en cuenta analizando ambos conjuntamente…De hecho, la renta empresarial por UTA no asalariada, en comparación con el salario medio en la economía presenta en España el segundo valor más alto de la UE. En 2017 ascendió a 178,8%, cuando la media de la UE28 fue de 48,3%. El único país que superó a España fue la República Checa. 6 países superaron el 100%, tres de ellos de la UE15 (España, Holanda y Reino Unido).”

No quiero decir con esto que las rentas empresariales agrarias en España son espectaculares. Más bien la explicación al resultado de este coeficiente no se ha de encontrar del lado del numerador sino del denominador, el bajo nivel comparativo de los salarios en España después de los años de devaluación interna que nuestro país ha sufrida a raíz de la crisis. Hay que tener en cuenta que la fuerza laboral asalariada representaría, según los mismos datos, el 48,8% del empleo agrario en España, en comparación con un porcentaje medio comunitario del 26,5%.

Ciertamente el análisis mencionado es al nivel global del sector, existiendo obvias e importantes diferencias entre producciones y regiones. Pero de todas formas, permitiría concluir que, en términos generales, el sector tiene capacidad de adaptación, de resiliencia se dice ahora, suficiente para digerir el aumento señalado del salario mínimo interprofesional sin que ocurra una catástrofe a gran escala o una pérdida masiva de empleo.

Generar rentas dignas

Soy consciente del carácter provisional, y polémico de esta conclusión y estoy más que dispuesto a escuchar análisis y resultados diferentes. El tema es de gran importancia porque el sector agrario y los agricultores tendrán futuro únicamente si es capaz de generar rentas dignas para sus trabajadores, sean asalariados o empresarios.

Pero la solución al real problema de renta de los agricultores no se encontrará sosteniblemente presionando a la baja los sueldos, ya escasos, de los obreros agrícolas, sino consiguiendo precios dignos en el mercado. Estamos hablando de organización de la producción, de organizaciones de productores, de interprofesión, de campañas de promoción, de reequilibrio de la cadena alimentaria.

Cuando se afirma que se deben conseguir cadenas alimentarias creadoras, y no destructoras, de valor y una distribución aceptable de este valor creado entre todos los actores de la cadena, no se puede uno referir únicamente a los empresarios agrarios, sino que se debe incorporar también a sus trabajadores.

El campo será sostenible si todos, empresarios y obreros, están en condiciones de conseguir una renta de su trabajo, trabajando en condiciones dignas y respetuosas del medio ambiente. Este es el gran reto común que tienen tanto los empresarios agrarios como sus trabajadores, los ecologistas y las distintas administraciones. Este es el nudo gordiano sobre el que deberá definirse tanto el (próximo, a la hora de escribir estas líneas) Gobierno como las instituciones europeas cuando decidan la PAC que se aplicará en la próxima década.

Tomás García-Azcárate es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y presidente de la Asociación Española de Economistas Agrarios.

[Este artículo ha sido publicado en el número 70 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]