PEGASUS: El escándalo del espionaje masivo

Esta investigación se suma a las ya numerosas denuncias sobre la utilización ilegítima e ilegal de Pegasus, desde que en julio de 2021 tras una filtración de datos que dejó al descubierto que al menos 50.000 números de teléfono en todo el mundo habían infectados con este spyware, el consorcio de periodistas Fordidden Stories y Amnistía Internacional denunciasen un ataque abusivo y generalizado que había violado la privacidad y otros derechos de cientos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Según el Grupo NSO, la empresa tecnológica de origen israelí desarrolladora del programa, Pegasus es una potente herramienta para perseguir criminales y terrorismo, por lo que sólo se vende a agencias estatales y gobiernos. Sin embargo, y a pesar de que NSO lo niegue, la realidad es que Pegasus es un potente instrumento de espionaje y vigilancia masiva que ha sido utilizado para intentar silenciar a periodistas, atacar activistas o perseguir a la disidencia. Las investigaciones realizadas por Citizen Lab, Access Now, Amnistía Internacional o Forbidden Stories así como la multitud de casos documentados así lo demuestran.

En noviembre de 2021 varios periodistas en El Salvador recibieron mensajes por parte de Apple avisándoles de que sus teléfonos podían haber sido infectados. Entre ellos estaba el de Gabriela Cáceres, periodista de El Faro, medio de comunicación crítico con el gobierno. Forbidden Stories reveló que al menos 180 periodistas en 20 países tenían sus teléfonos infectados. Periodistas de Azerbaiyán, India, Hungría o Marruecos, donde la represión a los medios de comunicación independientes se ha intensificado son algunos de esos ejemplos.

Uno de los teléfonos pertenecía al periodista Jamal Khashoggi, asesinado por el gobierno saudí en la embajada de Arabia Saudita en Estambul en noviembre de 2018. También los miembros de su familia, incluyendo a su esposa y su hijo, habían sido objeto del mismo espionaje. El teléfono de Cecilio Pineda, periodista mexicano asesinado en 2017, fue infectado apenas unas semanas antes de su homicidio. Al menos 25 periodistas de medios de comunicación mexicanos han sido objeto de espionaje durante dos años.

Defensores y defensoras de derechos humanos también han sido objeto de espionaje mediante este spyware. Aminatou Haidar, defensora de los derechos humanos del Sáhara Occidental y galardonada en múltiples ocasiones por su activismo pacífico, entre otros con el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en 2008 o el Premio Right Livelihood en 2019, fue objeto de espionaje al menos en dos ocasiones, la última en 2021. El teléfono de Mohamed al Tajer, abogado de las familias de dos víctimas que murieron por tortura perpetrada por las fuerzas de seguridad de Bahréin en 2011, también fue infectado con software Pegasus en septiembre de 2021.

Pegasus es especialmente invasivo ya que tiene la capacidad de recopilar y enviar una cantidad ilimitada de datos personales y privados. Por su naturaleza, esta herramienta de vigilancia digital es proclive a las violaciones de derechos humanos. Una vez que infecta un teléfono, permite al atacante el pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono. Mediante su utilización se han vulnerado los derechos de opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, aunque no solo, ya que entre los números infectados están también los de personas pertenecientes al mundo académico, de la abogacía, de la medicina, líderes sindicales, de la diplomacia e incluso jefes de Estado.

La nueva investigación de Citizen Lab señalando el espionaje a personas vinculadas al independentismo catalán otorga a España el dudoso honor de formar parte de un listado de países que pueden haber adquirido o utilizado este software para fines ilegales e ilegítimos. Las escasas y confusas explicaciones dadas hasta el momento por representantes del gobierno amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, alimentan y refuerzan las acusaciones que apuntan a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pudiera haber actuado al margen de la ley.

Teniendo en cuenta que lo que está en juego son los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, es urgente que haya una investigación exhaustiva que arroje claridad sobre este presunto seguimiento masivo, sobre su amparo legal y control judicial en caso de haberse producido. En caso contrario deben depurarse responsabilidades hasta sus últimas consecuencias: lo ocurrido debe ser una oportunidad para cuestionar el alcance y los límites de la vigilancia digital especialmente para evitar que sean un riesgo sustancial para los derechos humanos.

Pegasus no sólo pone en riesgo los derechos individuales de las personas, la vigilancia masiva es una amenaza para las sociedades democráticas y supone un ataque directo al estado de derecho, creando un clima donde los ciudadanos y las ciudadanas se autocensuren o vivan con miedo la participación ciudadana o el escrutinio de la actuación de los poderes públicos. La evolución de la cibervigilancia está demostrando los grandes retos a los que nos enfrentamos en materia de derechos humanos en este tipo de industria.