Las autoridades turcas llevan tiempo haciendo ver que cooperan con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo y adscrito al Consejo de Europa de 47 Estados miembros. Pero, aunque no cambiara sus leyes y prácticas para impedir la repetición de violaciones de derechos humanos, por lo general Turquía mostraba respeto a las normas. Respetaba y colaboraba con el Comité de Ministros, órgano formado por representantes de los ministros/as de Asuntos Exteriores y encargado de velar por el cumplimiento de las sentencias. Ya no.
Una demostración clara de la desvinculación de Turquía de su postura habitual es su negativa a liberar a dos figuras prominentes —–Osman Kavala, filántropo y referente de la sociedad civil turca, y Selahattin Demirtaş, líder de la oposición política, a quienes conozco personalmente— que llevan injustamente encarceladas más de tres y cuatro años, respectivamente. El Tribunal Europeo, cuyas decisiones Turquía ha aceptado como vinculantes, ha dictado sentencias en las que pide la liberación inmediata de ambos hombres. En sus resoluciones, según las cuales se había violado el artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, raramente aplicado, el Tribunal concluía que su detención y encarcelamiento “perseguían un propósito ulterior”, que era silenciarlos y suprimir el pluralismo. En definitiva, consideraba que eran casos de persecución política.
El Comité de Ministros ya ha pedido en tres ocasiones la libertad de Kavala, detenido desde octubre de 2017. Debería hacer lo mismo respecto a Demirtaş cuando vuelva a reunirse en marzo.
La respuesta de Turquía ha sido escupir en la cara del resto de Europa presentando nuevos cargos infundados contra ambos hombres, lo que demuestra la naturaleza claramente política de los casos. Al principio, las autoridades acusaron a Kavala de organizar las protestas de Gezi, manifestaciones multitudinarias celebradas en 2013 contra un proyecto de desarrollo urbanístico. Cuando el tribunal absolvió a Kavala, las autoridades volvieron a detenerlo de inmediato como sospechoso de estar detrás del fallido intento golpista de 2016. Por si fuera poco, también lo acusaron de “espionaje”. Pero la sentencia del Tribunal Europeo es tajante: no existen pruebas para mantener en prisión a Kavala por los dos primeros cargos. En cuanto al cargo más reciente de “espionaje”, aún no se han presentado pruebas verosímiles. Estas “fantasiosas” acusaciones contra Kavala serían para echarse a reír si no fuera por la flagrante injusticia de que las hayan utilizado para privarlo de su libertad.
El caso de Demirtaş ha seguido una trayectoria similar. Dirigente del Partido Democrático de los Pueblos, el segundo partido de oposición del país, está en detención previa al juicio por cargos infundados de “terrorismo”. Al mismo tiempo que el Tribunal Europeo dictaba su sentencia final a favor de Demirtaş en diciembre de 2020, un tribunal de Turquía admitía la nueva acta de acusación formal, de más de 3.000 páginas, contra él y otras 107 personas. Las autoridades turcas parecen dispuestas a todo para impedir su liberación, ya que está próxima la época de campaña electoral y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), en el poder, parece decidido a acabar con sus rivales.
¿Qué pueden hacer el Consejo de Europa y sus Estados miembros cuando un país muestra a las claras su desprecio por las obligaciones contraídas en virtud del Convenio Europeo? Hay una medida posible, iniciar “procedimientos de infracción” contra un Estado recalcitrante, que sólo se ha utilizado en una ocasión, en el caso de Ilgar Mammadov v. Azerbaijan. Amnistía Internacional insta a todos los Estados miembros de la UE a iniciar un “procedimiento de infracción” contra Turquía para mostrar su firme determinación de combatir la persecución política.
Otra medida posible sería que la secretaria general del Consejo de Europa pusiera en marcha una investigación especial sobre los motivos de que no se hayan cumplido estas sentencias. Este instrumento sólo se ha utilizado en cuatro ocasiones en los últimos 20 años, la más reciente, de nuevo, contra Azerbaiyán en relación con el caso de Ilgar Mammadov.
La Asamblea Parlamentaria y los mecanismos de vigilancia disponen también de diversos instrumentos para ejercer presión sobre un Estado miembro recalcitrante. Los Estados miembros deben saber que Turquía es uno de los mayores beneficiarios de las actividades de cooperación del Consejo de Europa, equivalentes a millones de euros anuales. Por tanto, tienen la obligación de asegurarse de que sus aportaciones económicas no los convierten en cómplices de un gobierno que está socavando el sistema de derechos humanos en su conjunto y cometiendo persecución política.
Sé por experiencia lo que cuesta adoptar una postura firme frente a un gran Estado miembro que está incumpliendo gravemente sus obligaciones. Fui comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa de 2012 a 2018. Como tal, no sólo participé en arduos debates con las autoridades turcas y escribí varios artículos sumamente críticos, sino que además intenté convencer a los Estados miembros de que adoptaran medidas más duras que obligaran a Turquía y otros países a cumplir con sus obligaciones. A menudo había reticencias para adoptar tácticas “de enfrentamiento”. Pero las autoridades turcas han dejado claro que el diálogo, poco o mucho, no liberará a estos hombres. Son inocentes y deben quedar en libertad. El tiempo para las excusas y los retrasos se ha terminado. No es posible fingir que Turquía continúa cooperando y cumpliendo sus obligaciones de buena fe.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
0