El presidente Trump seguramente anunciará pronto que las fuerzas militares estadounidenses y sus aliados han expulsado al grupo armado autodenominado Estado Islámico de su “califato” en Siria e Irak. Sin embargo, la derrota del Estado Islámico ha tenido un enorme coste: el gran número de víctimas civiles causadas por su campaña militar tiene importantes consecuencias que Estados Unidos y sus aliados en la coalición no pueden permitirse ignorar.
Nuestro cometido como investigadores de Amnistía Internacional nos ha permitido hacer estudios exhaustivos sobre el terreno en relación con la realización y el impacto de los ataques estadounidenses en Raqqa, Mosul y otros lugares, y llevamos tiempo afirmándolo. A principios de este mes supimos que el Pentágono está de acuerdo.
El Congreso también está de acuerdo. La preocupación en el Congreso era tal que, con la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2018, los legisladores instaron al Pentágono aumentar la transparencia en torno al seguimiento de las víctimas civiles causadas por sus operaciones.
El Washington Post reveló en primicia que, a finales de 2017, la preocupación en el Pentágono por las víctimas civiles “había llegado a su punto más crítico”. El entonces secretario de Defensa encargó un estudio para averiguar qué estaba fallando. Al mismo tiempo, la coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra el Estado Islámico estaba finalizando una campaña de bombardeos en Raqqa, que arrasó esa ciudad siria y acabó con la vida de demasiados civiles entre los que allí se hallaban atrapados.
Ambas iniciativas son limitadas y deficientes, como también se ha dicho. Su importancia radica en el reconocimiento por parte de dos departamentos del gobierno de Estados Unidos de que hay problemas que deben solucionarse.
La primera y más obvia pregunta es: ¿por qué no se preocupó el Pentágono hasta finales de 2017 del número de víctimas civiles causadas por sus guerras en Siria e Irak? Con el fin de las hostilidades en Mosul y Raqqa en octubre de 2017, las fuerzas militares estadounidenses concluían su participación en los más intensos combates urbanos librados desde la Segunda Guerra Mundial. Estas operaciones dejaron miles de civiles muertos y mutilados.
Ya se expresó preocupación por el número de víctimas civiles durante la campaña de Mosul, mientras se preparaba la operación de Raqqa. Pero el Pentágono no cambió de rumbo pese a las lecciones aprendidas en Mosul y, como consecuencia de ello, miles de civiles más murieron o resultaron heridos innecesariamente en Raqqa. El ejército estadounidense lleva efectuando ataques aéreos en Irak y Siria como parte de la coalición desde 2014 y bajo otros pretextos, antes. ¿Acaso resultaba siempre demasiado prematuro dar prioridad a las vidas del siguiente grupo de población civil vulnerable y pararse a sopesar las decisiones tomadas en el pasado?
Parece que sí. Cuando, en el verano de 2017, expresamos preocupación por el número de víctimas civiles en Mosul y Raqqa, el general estadounidense Stephen Townsend, comandante de la coalición, acusó a quienes lo criticaban de “basarse en información escasa y no contrastada”, a pesar de que nosotros, en calidad de investigadores de Amnistía Internacional, estuvimos sobre el terreno recopilando información de primera mano de las personas afectadas. Si bien, en abril de 2018, un informe del Pentágono recomendaba buscar fuentes adicionales de información sobre las víctimas civiles, el coronel estadounidense Sean Ryan, portavoz de la coalición, consideró oportuno desestimar las conclusiones de nuestro informe exhaustivo de junio de 2018 sobre las decenas de víctimas civiles en Raqqa tildándolas de “más o menos hipotéticas”. Todo ello, cuando Amnistía Internacional había presentado, una vez más, datos fundados en investigaciones sobre el terreno en Raqqa, que pocas semanas después la coalición liderada por Estados Unidos consideró creíbles sin grandes alardes.
¿Acaso el informe del Pentágono no se hizo llegar a los comandantes responsables de decidir sobre la vida y la muerte de la población civil sobre el terreno? ¿O es que quienes estaban al mando de la coalición rebajaron sus conclusiones y recomendaciones? En cualquier caso, algo falla en una cultura militar que dice preocuparse por las víctimas civiles mientras los altos mandos se burlan de la idea de tomárselas en serio.
Las revelaciones de inicios de este mes sobre la preocupación del Pentágono por las víctimas civiles plantean otra difícil cuestión para las fuerzas militares estadounidenses. Las leyes de la guerra reconocen que las muertes y heridas infligidas a civiles durante un conflicto armado pueden ser inevitables, pero, aun así, exigen a las partes tomar todas las precauciones factibles para limitarlas al máximo posible. Lanzar en barrios residenciales decenas de miles de proyectiles de artillería —que son imprecisos e incluso inapropiados para su uso en combates urbanos— y utilizar bombas aéreas con gran carga explosiva y un radio de impacto mucho mayor que sus objetivos causará casi con toda seguridad numerosas víctimas civiles.
El nerviosismo del Pentágono sobre el número de muertes civiles sugiere que en el pasado no se hizo lo suficiente para evitarlas. La tecnología armamentista no ha mejorado tanto desde 2017 como para que a los civiles se les pueda brindar hoy mayor protección que a quienes murieron en Raqqa y Mosul. En dichos escenarios bélicos existía munición más precisa y con un menor radio de impacto, y era posible llevar a cabo un mejor seguimiento y verificación de los objetivos. Estos esfuerzos para proteger a la población civil que vivía o se refugiaba en zonas peligrosas hubieran sido más costosos y requerido más trabajo, pero salvar incontables vidas justifica el esfuerzo. Parece tratarse de un problema de voluntad.
Ahora que el Pentágono considera de qué modo puede proteger mejor a la población civil en futuros conflictos, ¿cómo va a explicar a las familias de quienes murieron en 2017 que no hizo lo suficiente —como exigen las leyes de la guerra— para proteger a sus seres queridos? Las fuerzas de la coalición tenían la obligación legal de realizar investigaciones exhaustivas sobre todas las denuncias relacionadas con la muerte ilegítima de civiles en Raqqa y Mosul. Las revelaciones recientes refuerzan ese imperativo.
Muchas cosas dependen de la respuesta que el Congreso dé al informe de David Trachtenberg. Las tragedias de tantísimas víctimas civiles que documentamos en Mosul y Raqqa no deben repetirse. Evitarlas en el futuro requiere un cambio valiente que vaya más allá de las iniciativas actuales. También hay otro aspecto importante que se ha pasado por alto: poner en orden el futuro significa enfrentarse a los demonios del pasado.
Sobre este blog
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