Han pasado cuatro años desde los disturbios, las muertes y las detenciones masivas en la Región Autónoma Uigur de Sin-kiang -oeste de China-, y las autoridades del país siguen silenciando a quienes denuncian los abusos cometidos durante y después de los incidentes del 5 de julio de 2009 en la capital, Urumqui, en lo que fue una de las mayores represiones después de los sucesos de Tiananmen.
China se anexionó en 1949 este territorio, concediéndole pocos años después el estatus de Región Autónoma. Esto significa que sobre el papel acepta la existencia de un grupo étnico minoritario que vive en comuninades compactas, al que le reconoce la “libertad de emplear y desarrollar su propio idioma, hablado o escrito, y de preservar o modificar sus usos y costumbres”, así como que “los centros de enseñanza y otras organizaciones educativas con alumnos que pertenezcan principalmente a la minoría étnica deben, siempre que sea posible, utilizar libros de texto en sus idiomas y utilizar dichos idiomas como vehículo didáctico”.
Sin embargo, la propia Constitución no ha sido suficiente para evitar que el gobierno central intente limitar los derechos de la población autóctona uigur. La teórica educación bilingüe ha derivado hacia una supremacía del chino mandarín, como único idioma utilizado en la enseñanza. Hay profesores que han sido multados por hablar uigur dentro de las instalaciones escolares. Las autoridades chinas intervienen en el nombramiento de los imanes, controlan policialmente las actividades religiosas y los funcionarios públicos se arriesgan a perder su trabajo si se implican en las mismas. Además, se favorece la inmigración de las personas de la etnia Han en la región dándoles preferencia en la contratación frente a la población uigur, lo que genera unos niveles de desempleo muy elevados entre estos últimos.
Por si fuera poco, los uigures deben trabajar para el Estado en periodos de dos o tres semanas, que se pueden repetir varias veces al año, cumpliendo con el sistema conocido como hashar, que solo se aplica en esta región. Las autoridades multan a las familias campesinas que no envían a uno de sus miembros a realizar trabajos generalmente agrícolas o de infraestructura. Y deben hacerlo sin recibir pago alguno a cambio, ni alojamiento, ni comida y teniendo que sufragarse los gastos de desplazamiento.
La masacre de 2009
El 5 de julio de 2009 la situación se agravó considerablmente. La muerte de dos trabajadores uigures en Shaoguan, al sur del país, sin que sus asesinos fueran llevados ante la justicia, dio origen a la convocatoria de una manifestación pacífica ante la sede del Partido Comunista Chino en Urumqui. Aquello desembocó en un estallido de violencia con al menos 197 muertos, más de 1.700 heridos y decenas de personas desaparecidas.
Personas de todas las edades se vieron atrapadas en una revuelta inesperada. Como declararon testigos de la tragedia, “la policía se puso delante de nosotros, nos detuvo y, en pocos minutos, nos estaban apuntando con las armas, así que nos pusimos nerviosos,...la situación se volvió caótica, con golpes, sonidos de disparos, gases lacrimógenos...”
Organizaciones como Amnistía Internacional reclaman desde entonces una investigación independiente que establezca responsabilidades sobre lo ocurrido. Aun hoy, las personas que buscan a sus familiares denuncian abusos y la intimidación que sufren por parte de las autoridades. Ocultan su nombre por miedo a las consecuencias, pero la madre de uno de los desaparecidos afirmaba haber conocido al menos a 30 familias delante de edificios policiales y gubernamentales de Urumqi, intentando obtener de las autoridades información sobre sus familiares.
Además, aprovechando el interés internacional ante los atentados islamistas y apoyándose en el origen turcomano de la población uigur y su fe musulmana, las autoridades chinas etiquetan cada vez mas las protestas uigures como terrorismo. Es la excusa para justificar las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de personas que tan solo defienden pacíficamente su cultura.
Como consecuencia, la libertad de expresión está aún más en entredicho que en el resto de China. Son muchos los escritores, periodistas y activistas que sufren largas condenas como es el caso de Memetjan Abdulla, destacado locutor de la radio estatal, que cumple una pena de cadena perpetua por publicar el anuncio de una protesta en una web uigur. O el del poeta Numermet Yasin, condenado a 10 años de cárcel en 2012 por escribir un cuento que ha sido considerado como una crítica al gobierno chino.
Hasta que la situación de discriminación, el acoso, el hostigamiento y la represión de las personas uigures acabe y se haga justicia a las víctimas, me temo que seguiremos leyendo noticias como la que encabeza este texto.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
