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La jueza Alaya vuelve a reabrir el caso de la mina de Aznalcóllar' y cita como investigado a un alto cargo de Pedro Sánchez

La Audiencia de Sevilla pide que se llame a declarar el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, entonces secretario general de Industria de la Junta de Andalucía

La ministra de Hacienda en funciones anuncia que Fernández ya ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, que se materializará en el próximo Consejo de Ministros

Un juzgado de Sevilla archivó por dos veces el caso por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que Mercedes Alaya vuelve a reabrir también por segunda vez

La jueza entiende que "no se ha llegado a desvirtuar la provisoria calificación de arbitrarias de las resoluciones de la Junta de Andalucía"

La juez destaca las dudas sobre la empresa que ganó el concurso de Aznalcóllar

En la imagen de 1998, vista aérea de la rotura de la balsa que provocó el vertido. ARCHIVO EFE

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha vuelto a reabrir (ya lo hizo hace tres años) la causa por la adjudicación del concurso de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla). Lo ha hecho a través de un auto del que ha sido ponente la jueza Mercedes Alaya, instructora varios años de la macrocausa de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que llama a declarar en calidad de investigado a Vicente Fernández, por entonces secretario general de Industria de la Junta de Andalucía y desde junio de 2018 presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido en funciones por Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas en Algeciras (Cádiz), la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha anunciado que Vicente Fernández ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, lo cual se materializará en el próximo Consejo de Ministros.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, comandado por la juez Patricia Fernández Franco, archivó el pasado mes de marzo por segunda vez (ya lo hizo en noviembre de 2015) la investigación promovida por la vía penal respecto a la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, filial de Magtel. Alaya ahora reabre la causa tras admitir íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Emérita Resources España SLU, que perdió el concurso.

La causa, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser adjudicados los derechos de explotación de la mina a México Minorbis, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis.

Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco llegó a apreciar "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación, investigando incluso a la entonces directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, apartada de tal cargo hasta que la juez instructora del caso decidió después archivar las actuaciones. Empero, ante las impugnaciones a tal decisión por parte de Emerita y Manos Limpias, la Audiencia Provincial, la propia Mercedes Alaya, ordenó en  2016 la reapertura de la investigación judicial, al igual que ha hecho ahora al reabrir la causa.

"Relaciones amistosas"

Con todo, según el auto admitido por la Audiencia y pese a que en octubre de 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no detectó "ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante" tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación, se entiende oportuno llamar al presidente de la SEPI y a otras dos personas, con "relaciones amistosas", ya que "en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no".

El recurso último de Emérita insistía en que "la aplicación de criterios de valoración por parte de la Comisión Técnica no contemplados en las bases, valorándose igualmente en el recurso los diferentes criterios técnicos sobre ambos proyectos contemplados en el pliego de condiciones, considerando en este sentido que los cálculos para obtener el denominado 'punto de equilibrio' estaban realizados en el proyecto de Emérita, y era mejor que el establecido en el proyecto de Minorbis".

Alaya estima el recurso porque "de lo practicado" por el juzgado instructor con posterioridad al auto de la Sección Séptima de fecha 19 de octubre de 2016, por el cual se revocaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones y se ordenaba la reapertura de las actuaciones, "no se ha llegado a desvirtuar la provisoria calificación de arbitrarias de las resoluciones de la Junta de Andalucía" relativas al concurso de adjudicación de los derechos mineros de la mina de Aznalcollar.

Tras advertir de "la inexistencia de motivo que explique por qúe Grupo México no participó por sí misma en el concurso y se valió de Minorbis para hacerlo, a no ser por las ventajas que pudo ofrecerle esta última entidad de cara a conseguir la concesión", el auto resalta que ello "obliga a investigar un presunto delito de tráfico
de influencias, y en su caso de fraude y exacciones ilegales y ello derivado del estudio que esta Sala ha realizado de los correos electrónicos entre Vicente Fernández Guerrero y los representantes de Magtel, expuestos y analizados en el informe de la UCO".

"La llave del concurso"

"De ellos se desprende una excelente relación personal entre ambas partes mediante correos recíprocos enviados y contestados inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas, donde se expondría la solicitud por parte de representantes de Magtel a D.Vicente Fernández de su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales de la citada empresa, ofreciéndole la misma el referido Secretario de la Consejería, inclusive a través de sus personas de contacto en la Administración, e incluso aviniendose provisoriamente a la solicitud de Magtel de unificar las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos para sus proyectos", expone el auto.

Relata la jueza que adquiere importante significación lo narrado por Emérita acerca de que antes del inicio del concurso, el día 11 de abril de 2014 D. Isidro L M representante de Minorbis, filial del Magtel, se presentó en las oficinas de Emérita para proponerles la refundición de ambos proyectos al objeto de poder obtener la adjudicación, advirtiéndole que Magtel "tenía la llave del concurso" y que para demostrárselo les anunció que cinco minutos después de que él se fuera recibirían una llamada de la Consejería de Innovación, y que efectivamente transcurrido dicho tiempo recibieron la llamada del Secretario de la Consejería D. Vicente Fernández, llamada telefónica que éste último reconoció haber efectuado".

Igualmente, dice el auto, "podría constituir indicio de un posible delito de cohecho y mayor índicio de la ideación por quienes haya correspondido del delito de prevaricación investigado, los ascensos de las personas relacionadas con el concurso que se mencionan en el recurso de apelación, pues dichas ascensos podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados".

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